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No hay un tema de la coyuntura nacional de los últimos meses que se escape del resorte de la procuradora Margarita Cabello. El escándalo de corrupción del Ministerio de las Telecomunicaciones (Mintic), la discusión sobre el aborto y la eutanasia, las investigaciones por excesos de la Fuerza Pública en el paro nacional o la polémica que han generado los bombardeos del Ejército a campamentos en donde han muerto menores de edad. Sobre todo esto y más habló la jefa del Ministerio Público en entrevista con este diario.
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¿Cómo va la investigación del caso Mintic?
Vamos bastante avanzados. Ya se abrió la indagación frente a funcionarios del Mintic y, como hicimos toda la parte probatoria, vamos a fijar fecha para juicio. Notificamos a las partes para que hagan los descargos. Nosotros llamamos a la secretaria general del Ministerio, Adriana Meza; al director técnico de infraestructura, Camilo Jiménez; a la subdirectora de gestión contractual, Sandra Orjuela, y al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque. Cuatro personas hasta ahora. Veremos qué sale del debate probatorio.
La Fiscalía tiene la hipótesis de que Centros Poblados y sus contratistas indujeron al error al Ministerio, mientras la Procuraduría reprocha las omisiones de los funcionarios de la cartera, ¿será que esas omisiones no fueron delito?
Las investigaciones son distintas. Desde luego, algunos hechos que originen la comisión de un delito también se catalogan como faltas disciplinarias. En este evento, como Fiscalía y Contraloría abrieron sus pesquisas y nosotros abrimos las nuestras, estamos centrados en ver las omisiones a los deberes funcionales de los trabajadores del Ministerio.
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¿Cómo va la investigación a la exministra Karen Abudinen?
Después de que la ministra denunció por su cuenta el incumplimiento de Centros Poblados, nos presentaron, mucho más tarde, una denuncia contra ella. Estamos recaudando todas las pruebas para hacer el análisis de las delegaciones y cómo fueron las autorizaciones, para saber hasta qué punto hay infracción disciplinaria por parte de la ministra. ¿Cómo manejó la delegación? ¿Cuál era su participación dentro del proceso licitatorio? Así se podrá determinar alguna omisión de sus deberes.
¿Qué responde a los sectores que hablan de su supuesta cercanía con Abudinen?
¿Cuál es la crítica? Que Karen Abudinen es de Barranquilla y que fue ministra cuando yo era ministra. Una amistad que ¿quién la dijo? Karen Abudinen es una joven, creo que no llega a cuarenta años, y es de épocas distintas a las mías. No coincidimos ni en colegio ni en relaciones, porque somos distintas. Fuimos compañeras de gabinete. Pero la ley es clara: las relaciones de impedimento son unas que implican afectación en el interés y en la toma de decisiones en un momento determinado. Si tuviera que declararme impedida porque soy de Barranquilla, los 30 años que ejercí como jueza y magistrada allá no hubiera podido trabajar.
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Y los $70.000 millones del anticipo entregado a Centros Poblados, ¿qué se sabe de ese dinero?
Presentamos una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ya fue admitida y se declaró el embargo de todas las cuentas, así como algo que era muy importante para nosotros: el levantamiento del velo corporativo. Ya estamos con nuestro procurador delegado haciendo el estudio de todas las sociedades que tienen registradas los socios de Centros Poblados, gracias a esto.
Esas decisiones pueden terminar en que el Estado pague las deudas de Centros Poblados, ¿cuál es su posición?
Tendría que demostrar Centros Poblados que la caducidad no era procedente, que todo lo que se está viendo cada día no era real, para que entre el Estado a responder por los perjuicios ocasionados. Las posibilidades son mínimas. Hemos visto, en presunciones todavía, que hubo errores en la consecución de la póliza, en la entidad contratada para verificar la validez de las garantías. Hubo estudios anteriores, como lo dice nuestro pliego de cargos, que determinaron cómo debía hacerse la licitación y, al parecer, hubo adecuaciones que permitieron que Centros Poblados participara. Ahora bien, yo sigo pensando que hay muchas posibilidades de recuperar esos $70.000 millones.
Hablemos del paro nacional: ¿en qué van las investigaciones a miembros de la Fuerza Pública por presuntos homicidios o extralimitaciones en sus funciones?
Nosotros hemos abierto pliegos de cargos a varias investigaciones. Por ejemplo, la de Popayán con la niña que se suicidó. No por el suicidio, sino por la forma como fue retenida. La gran preocupación que teníamos era la identidad de los funcionarios policiales, porque no se les veía claro el número de identificación, que era fundamental, y eso nos ha traído dolores de cabeza. Logramos con la Policía claridad en las identificaciones. Eso nos ayudó.
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Abrimos alrededor de 200 investigaciones. Le quitamos a la Policía algunas por poder preferente, como la del CAI en Soacha que terminó incinerado con personas adentro. Ahora, a veces no es tan rápido porque no tenemos la identidad de los agentes. Pero tenemos 86 indagaciones, en pliegos de cargo ya están otras tres, 94 procesos disciplinarios activos en este momento. Por ejemplo, solo en Cali tenemos 25 casos, porque allí fue mucho más fuerte el paro.
¿Sobre Cali se están investigando policías que omitieron sus funciones cuando civiles armados dispararon a su lado?
Estamos investigando eso. Están en período probatorio, pero mostraremos resultados. Mi visión es que se hicieron reclamaciones de carácter justo, de una cantidad de derechos válidos. Sí, en el paro hubo excesos de la Fuerza Pública en muchos momentos. Pero paralelamente hubo también un problema distinto: ilegalidad y vandalismo que originó un desajuste institucional en algunas regiones. También había que actuar automáticamente, pero cumpliendo los protocolos, porque aun en los momentos más difíciles, las Fuerzas Militares y la Policía tienen que cumplir protocolos, porque los derechos humanos están por encima de todo.
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Solo en este gobierno ha habido tres bombardeos en los que han muerto menores de edad. ¿Ha iniciado acciones?
Es un tema complejo. Los grupos ilegales reclutan menores de edad y algunos dicen que los colocan de escudos cuando vienen las Fuerzas Militares. Sin embargo, para la Procuraduría, todo menor de 18 años debe ser protegido por la Constitución y por nosotros. Les pedimos información a las Fuerzas Militares sobre esos bombardeos en donde hay reportes de menores fallecidos. Tenemos tres indagaciones y pedimos a las Fuerzas Militares detalles del protocolo cumplido antes de la iniciación del bombardeo.
¿A la Procuraduría le preocupa que haya una sistematicidad en la violación de derechos humanos, no solo a través de bombardeos sino, en general, de la Fuerza Pública, como vimos en el paro nacional?
Ojo con la palabra sistematicidad. Implica una intención por parte de cualquier grupo de ejercer permanentemente ese tipo de omisión. Me preocupa el análisis del cumplimiento de los protocolos. Nadie puede garantizar 100 % que en un bombardeo no existan menores. Pero las Fuerzas Militares sí deben garantizar el cumplimiento máximo de los protocolos para evitar ese riesgo. Siempre hay unas actas y un proceso de preparación para los bombardeos y esa documentación la necesitamos para ver que sí hubo el rigor necesario.
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En el último mes se ha hablado mucho sobre el derecho a morir dignamente por el caso de Martha Sepúlveda, ¿la Procuraduría ha intervenido de alguna manera en ese caso puntual o piensa hacerlo?
Lo primero es que las decisiones de la Corte Constitucional, aunque no se conozca el contenido completo, producen eficacia desde el momento en que fueron tomadas y notificadas. Eso yo quisiera aclararlo, porque había dudas y algunas entidades dijeron que no era así. Como Procuraduría tengo que hacer que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional, que determinó que ya no era suficiente que existiera una enfermedad terminal, sino que se podría permitir la posibilidad de aplicar la eutanasia con la voluntad consciente de la persona afectada cuando le generara un sufrimiento intenso, ya sea físico, psíquico o de otra naturaleza.
Pero en estos temas hay algo más profundo: el modelo judicial de nuestro país. Tenemos un modelo judicial en donde la Corte Constitucional debe tomar las grandes decisiones, mirando su paralelo o su coordinación con nuestra normatividad. Mi concepto fue: dejemos que el legislador resuelva democráticamente, que la ciudadanía resuelva. La eutanasia y el aborto son controversia entre valores sociales y morales de un país. ¿Hasta qué punto puede la Corte Constitucional, nueve magistrados tomar una decisión que es más política que jurídica?
En el caso de Martha Sepúlveda, ella tenía todos los documentos en regla y luego el Comité de Ética, que primero había dicho que sí, la vio en televisión y se echó para atrás, desautorizando el procedimiento...
¿Qué está diciendo la Corte Constitucional? Debe haber esa voluntad libre y autónoma, una certificación médica de la enfermedad y, lo más importante, el concepto del Comité Ético. Aquí la regla falló: el presupuesto de la certificación del Comité falló porque tenía que ser completo y se echaron para atrás. Ahora, ¿qué hacer cuando la decisión científica se dio y después se echaron para atrás?
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Por eso rebota la pregunta a la Procuraduría, porque usted nos dijo que su labor es hacer cumplir las sentencias de la Corte....
Claro. Pero el presupuesto de certeza científica que exige la Corte no estaba dado. Cuando estén los tres presupuestos, nosotros como Procuraduría tenemos que decir: cúmplanlo. Pero aquí el presupuesto fue del propio Comité Científico, no sabemos la razón y eso sería objeto de debate. ¿Puedo yo, como procuradora, entrar a regañar al Comité porque no lo dio?
En el mismo sentido fue el concepto que envió a la Corte Constitucional sobre el aborto, ¿por qué insistir en que el Congreso legisle, si llevan 46 años sin hacerlo?
Voy a responder con otra pregunta: ¿por qué el Congreso no lo ha hecho? Respondo atrevidamente: porque los congresistas saben que, si llevan eso al Congreso, no es lo que quieren sus votantes y no quieren perder el apoyo. Es lo que he oído decir. Escucho a quienes están a favor del aborto decir que no lo presentan porque no tienen las mayorías. Entonces: ¿qué es lo que quiere el país?, ¿por qué se archivan todos los proyectos de ley sobre aborto? Nosotros escogimos un Estado Social de Derecho en donde las decisiones políticas trascendentales las debe tomar el Congreso y la Corte Constitucional determinó en su momento que debía ser el legislativo y no ellos.
El Espectador publicó hace unas semanas una de las ponencias de la Corte Constitucional. Uno de los argumentos centrales es que el delito de aborto sólo afecta a las mujeres, pues fue redactado por una sociedad patriarcal, pensada por y para hombres. ¿Se siente representada en ese argumento?
No hay que ocultar que las leyes en su momento las hicieron hombres y es un régimen patriarcal en el que nos toca ir rompiendo barreras. Por eso las acciones positivas sirven para ayudar a las mujeres, grupos LGBT, minorías étnicas. Pero aquí el tema no es si la norma la hicieron los hombres. Aquí el tema es de valores sociales y morales, de construcción de sociedad. ¿Cómo poner en una balanza dos seres, si pensamos que el óvulo, cuando se hace célula, es ser humano o no? Son temas políticos, de concepciones de sociedad. Cómo vamos a mirar el aborto desde una visión judicial solamente y no desde una visión política. Por eso el llamado en muchos casos de la Corte Constitucional ha sido a que lo defina el Congreso. No lo ha hecho. Ese es un tema más difícil todavía: entre más haya desconfianza y depresión por la institucionalidad de un país, menos democracia va a haber y más cercanos al caos vamos a estar. Por eso la Corte va con mucho cuidado. Un país como el nuestro, que viene de una sociedad educada católicamente y que ha venido haciendo transformaciones hacia un país laico, tiene que hacer cambios poco a poco.
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¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Procuraduría frente a las elecciones de 2022?
Muchas, muchas. El proceso electoral comenzó en marzo de este año con la contratación y los procesos de la Registraduría. Nosotros creamos una Comisión Nacional Electoral donde estamos muy pendientes haciendo seguimiento y replicamos esa estructura en las regiones.
¿Y dónde hay mayores preocupaciones?
El proceso va a ser largo y cada etapa va a tener sus afanes. Arrancamos con el Consejo Nacional de Juventudes. Nuestros jóvenes de la Procuraduría están liderando el proceso. Ya abrimos convocatoria y tenemos bastantes judicantes que nos van a acompañar. Debemos estar muy atentos para que las elecciones sean transparentes y estos consejos cumplan la razón por la cual fueron creados y que los jóvenes sean escuchados de verdad, porque ellos no son el futuro, son el presente. Son casi nueve millones de jóvenes en Colombia que tienen que ayudarnos a pensar el país y la juventud de ahora está muy seria en ese sentido. La segunda preocupación es el tema de la Ley de Garantías. Aquí dejo claro que no me voy a meter a pelear en el Congreso para que la quiten o la dejen. Esté o no esté, voy a vigilar los dineros públicos, que es lo que más me preocupa. Pero antes de que empiece la Ley de Garantías empiezan los pactos: “apóyame, dame dinero y cuando me elijan yo arreglo contigo”. La falta de transparencia existe con o sin ley.
Y sobre las elecciones de congresistas, ¿qué le preocupa?
Todo lo que es participación en política y manejo de las campañas económicamente y la recolección de votos. También me preocupan las 16 curules para víctimas. Estamos encima. También el manejo de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Por último, me preocupan estas campañas “preelectorales”. Todos estos movimientos que están comenzando a hacer candidatos. Nosotros exigimos y revisamos libros a partir de la campaña electoral, pero hay un fenómeno de un tiempo para acá y es que están haciendo campañas de recolecciones de firmas, que nos dicen que no son campañas, pero que en realidad sí lo son. Y tenemos alertas electorales. Ya abrimos una página para que todo el mundo denuncie. Mi llamado es a que los ciudadanos se quejen. Es un proceso electoral de la mayor trascendencia para nuestro país en virtud de la polarización. Esta campaña es muy delicada.
Hace varios meses le pidieron a la JEP que abriera cuatro macrocasos y el presidente de esa corporación anunció que abrirían dos, ¿qué sabe de ese trámite?
Estamos trabajando muy de la mano con la JEP. Hay unas relaciones muy afables porque la intención es garantizar la finalidad de la justicia transicional: los derechos de las víctimas. Nuestros coordinadores de área están en campo todos los días ayudando a que los grupos de víctimas redacten los informes, y en general brindando apoyo jurídico. Eso nos dio a conocer las problemáticas que hay en otros temas y de ahí sacamos la conclusión de que unos temas ameritaban ser macrocasos, no transversales en los otros siete que ya existen, sino específicamente macrocasos: desaparición forzada, violencias basadas en género, desplazamiento forzado y métodos de guerra ilícitos. La JEP está estudiando la viabilidad y va por buen camino el análisis de abrir esos cuatro macrocasos.
Además, le pedimos a la JEP que mire bien en los otros casos que ya tienen cómo están rindiendo cuentas los máximos dirigentes de estos grupos ilegales que dejaron las armas. Es decir, que indague más sobre algunos temas que no se tocan: las violaciones, asesinatos de menores, abortos, órdenes de matar a los secuestrados. Esos son temas de derechos humanos, de sensibilidad para las víctimas, que deben trascender.