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El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, fue uno de los protagonistas de la semana por una expresión que lanzó al justificar la muerte de una joven de 16 años en un bombardeo contra Gentil Duarte (líder de disidencias de las Farc), que se realizó el pasado 2 de marzo en zona rural de Calamar (Guaviare) y que dejó diez muertos en total: “Son máquinas de guerra”, dijo Molano sobre los menores de edad reclutados por grupos ilegales. ¿Se arrepiente el ministro de lo dicho? Así le respondió a El Espectador.
Ministro, usted señaló que el bombardeo era una acción militar legítima contra un grupo disidente. ¿Qué es lo que la hace legítima?
Primero, porque de acuerdo con la ley de orden público, en Colombia se clasificaron los Grupos Armados Organizados (GAO), y con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) se establece que, cuando hay un campamento terrorista de estas características, en cabeza del cabecilla Gentil Duarte, se permite el bombardeo de estar organizaciones. Esta clasificación también la tienen el Clan del Golfo y los Caparros, entonces las Fuerzas Militares y la Policía pueden intervenir en el desarrollo de estas operaciones.
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¿Y por qué ven legítimo bombardear un sitio donde se supone que está “Gentil Duarte”?
Porque es un narcoterrorista que lleva más de treinta años haciendo parte de estas organizaciones al margen de la ley. Por ende, él y su estructura (disidente) se convirtieron en objetivo militar con el fin de poder desmantelarlas.
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Ministro, ayúdenos a entender algo sobre lo que el Gobierno ha enviado mensajes contradictorios: ¿hay o no en Colombia conflicto armado?
Lo que tenemos claro es que el Gobierno se acoge a la Convención de Ginebra y aplica los protocolos que permiten el desarrollo de estas operaciones.
Reiteramos la pregunta: ¿ustedes, como Gobierno, reconocen la existencia de un conflicto armado?
En Colombia se ha reconocido el conflicto armado cuando se acogió la Convención de Ginebra e incluso después del Acuerdo de Paz. Se ha determinado ese ejercicio de reconocimiento y la aplicación de esos principios.
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¿Entonces, los grupos armados organizados son vistos como actores del conflicto?
Claro. Eso fue lo que estipuló la ley de orden público y las modificaciones que se le han hecho posteriormente.
¿Con qué certezas llegaron las Fuerzas Militares a hacer el bombardeo de Guaviare?
Las Fuerzas Militares y de Policía planean las operaciones en contra de esas estructuras criminales basadas en información de inteligencia que se hace a través del tiempo, con base en información de los planes operacionales que se vienen desarrollando y de las amenazas que se han planteado. Esa información llega a determinar en qué zona están ubicados o los movimientos que luego determinan una acción operativa, y en este caso derivó en una acción de bombardeo para destruir un campamento que albergaba a ese terrorista (Gentil Duarte) y a su estructura, en donde se estaban desarrollando y diseñando actividades terroristas.
Pero, sobre este bombardeo en específico, ¿qué información tenían en concreto?
La información de inteligencia que teníamos apuntaba a que Gentil Duarte estaba ahí. Del bombardeo quedaron diez muertos y cinco capturados, entre ellos dos menores de edad. Los operativos continúan porque sabemos que hay otros miembros de este grupo criminal que quedaron en la zona.
¿Hay indicio de que “Gentil Duarte” murió en ese bombardeo?
Las identificaciones de las entidades se hacen a partir de las acciones urgentes desplegadas por Medicina Legal y la Fiscalía General y ellas hasta ahora no han emitido el informe respectivo.
De los capturados, alguno les confirmó que “Gentil Duarte” estaba en ese campamento?
La información es que estaba allí.
¿Por qué el día que se reportó el bombardeo se habló de doce muertos y Medicina Legal dijo que recibió diez cuerpos?
Desde el principio se reportaron diez muertos, los otros dos murieron durante operativos militares posteriores.
El DIH ha dejado claro que un requisito para hablar de conflicto armado interno es que los combatientes controlen una parte del territorio. ¿Son los bombardeos una admisión de que las disidencias tienen control absoluto de ciertas regiones?
Lo que está claro es que es un Grupo Armado Organizado que constituye una amenaza, tiene línea de mando, y bajo estas características claro que representan una amenaza para el Estado. Estos hechos son analizados por el Consejo de Seguridad, en donde se estipula si cumplen con esas características y con base a esto se definen los operativos de las Fuerzas Militares. En este caso, las disidencias de las Farc están catalogadas así (como Grupo Armado Organizado) y por eso se actúa así en el desarrollo de estos operativos.
Entonces, cuando se clasifica a alguna estructura como Grupo Armado Organizado, ¿se admite que opera en un terreno que el Estado colombiano no controla?
Ellos buscan ejercer un control territorial y desarrollan sus actividades en un espacio territorial, por eso se requiere combatirlos.
Pero el DIH no habla de buscar control, sino de ejercerlo.
Bueno, se puede denominar así también, es uno de los criterios que se evalúa.
El DIH, además de reconocer el uso de fuerza letal en ciertos escenarios, exige que se cumplan dos principios: necesidad y proporcionalidad. ¿Cómo se evaluaron y aplicaron para este bombardeo?
En las directrices operativas se aplica lo de la necesidad y, sobre todo, el principio de la precaución. También se tiene en cuenta una definición importante: la ventaja militar. ¿Por qué era necesario actuar de esta manera tan contundente contra Gentil Duarte? Por los planes que él tiene y las afectaciones que puede generar en la sociedad colombiana. Pretende conformar un Grupo Armado Organizado con 8.000 hombres y extender sus operaciones por todo el sur del país.
Teniendo en cuenta la poca transparencia frente al bombardeo de agosto de 2019, que terminó costándole el puesto al ministro Guillermo Botero, ¿no cree que esa falta de claridad hace que ahora se pongan en duda los bombardeos?
Los operativos se realizan con todo rigor. Se evalúan todas las opciones y los criterios que contempla el DIH, tiene un acompañamiento operativo judicial y se valoran las informaciones de inteligencia en un procedimiento muy estrictos para luego determinar qué hacer, cada caso es diferente. Cuando llegó información de que alias Uriel (líder del frente occidental del Eln que murió en un operativo militar en octubre de 2020) estaba en un centro poblado, el mecanismo utilizado para neutralizarlo fue muy diferente a la de este caso particular, cuando fue valorada otra situación, cuando él (Gentil Duarte) estaba en la mitad de la selva en un campo terrorista. En cada acción se busca aplicar los principios y valorar el tipo de acción operativa que se puede desarrollar. En este caso, precisamente, por la amenaza que existe, por el tipo de acción terrorista que podía cometer y por el principio de la ventaja militar se tomaron estas decisiones.
¿Cuál es el prontuario de este exguerrillero que motivó el cuestionado bombardeo?
Lo primero que hay que considerar son los antecedentes de “Gentil Duarte” dentro de las Farc, que lo convierten en un objetivo muy importante para lograr desmantelar su organización como disidente. Por él se ofrecen hasta $2.000 millones, tiene 19 órdenes de captura, tiene una orden de captura de Interpol. Sus delitos incluyen terrorismo, secuestro, tráfico de estupefacientes, rebelión, enriquecimiento ilícito, tentativa de homicidio, destrucción del medio ambiente, lesiones personales y ataques a la población civil. Ha delinquido en Meta, Guaviare, Caquetá y la zona fronteriza. Entre 1981 y 2020, es que él no es un recién aparecido, participó en el asalto a (la base antinarcóticos en) Miraflores, Guaviare, donde causaron la muerte a treinta miembros de la fuerza pública, tres habitantes de la población y el secuestro de cien miembros de la Policía y el Ejército en 1998; ha sido el determinador del asesinato de siete campesinos en Concordia, Meta, y del asesinato de 16 campesinos más. Ha sido el responsable del secuestro de la registradora municipal de Puerto Concordia, Meta, en el año 2002; del secuestro del presidente del Concejo Municipal de San José del Guaviare en junio de 2009. Ha participado en 45 acciones terroristas contra la población civil, 105 acciones contra la fuerza pública, veinte acciones contra infraestructura. Es un terrorista que tiene amenazas y planes ya identificados por inteligencia de continuar con el crecimiento de las disidencias hasta llevarlas a 8.000 hombres en armas y seguir expandiendo su dominio hacia Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Hay mucha especulación sobre la relación de “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco”...
Información de inteligencia señala el interés de la (Segunda) Marquetalia en establecer relaciones con las disidencias de las Farc para ampliar su poder y continuar desarrollando sus acciones terroristas en Colombia.
¿Han pensado en crear algún protocolo, si es que no existe ya, para ejecutar bombardeos?
El protocolo es absolutamente exigente y es el del Derecho Internacional Humanitario, es el que aplican nuestras Fuerzas Militares en el desarrollo de estas operaciones. En el caso de menores combatientes, lo que establece el protocolo es que cuando menores de edad o población civil están en un campo terrorista, tienen nexos con la organización y están en un proceso continuo de combate, pierden los niveles de protección que otorga el DIH y por eso se pueden desarrollar estas operaciones. Se hacen con el propósito de tener una ventaja militar y así evitar que esa amenaza siga creciendo y tenga un impacto contra otros sectores de la población o contra la misma seguridad nacional.
Colombia firmó en 2003 el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para mantener a los menores de edad alejados del conflicto hasta los 18 años. ¿No es incongruente que el Estado adhiera esos tratados, pero luego vea a los niños como un combatiente más?
Lo que se tiene que tener en cuenta aquí es que los que infringen el DIH son los grupos que los reclutan y los convierten en jóvenes combatientes. Lo que tiene que lograr el Estado colombiano es que no continúe el reclutamiento por parte de estos Grupos Armados Organizados y por eso hay que combatirlos. Aquí el mensaje principal tiene que ser para que estos Grupos Armados Organizados, en primer lugar, los liberen, porque los están poniendo en riesgo. En segundo lugar, aquellos jóvenes que estando allí se convirtieron en adultos tienen que tener la posibilidad de desmovilizarse o someterse a la justicia, porque se están poniendo en riesgo. La responsabilidad para que no continúen estos reclutamientos forzados está en establecer mecanismos de prevención y protección, como los ha tenido el Gobierno, pero también en desmantelar las organizaciones que tienen estas prácticas malévolas de reclutar a los jóvenes. Conozco muy bien el caso, porque fui director del ICBF. Se hacen todos los esfuerzos por parte de nuestra fuerza pública por rescatarlos. En los últimos años hemos tenido más de 400 jóvenes rescatados. Aquí hay una política del Gobierno en este sentido. Pero cuando hay una amenaza de un grupo terrorista como las disidencias de las Farc, pues es necesario desarrollar operaciones con el fin de desmantelar estas organizaciones que constituyen una amenaza para Colombia.
Cuando usted dirigió el ICBF fue muy activo en campañas contra el reclutamiento forzado. ¿Por qué cambió el discurso para que hoy se refiera a los niños como “máquinas de guerra”?
Mis expresiones se deben a la realidad de la guerra. Entiendo claramente que cuando hay reclutamiento forzado los menores de edad son víctimas. El tema es que, después de ser víctimas, ellos (las organizaciones ilegales) buscan convertirlos en menores combatientes para limitar a la fuerza pública y se convierten también en un riesgo para la sociedad cuando se vuelven adultos. El “Mono Jojoy” entró a las Farc a los trece años y a lo largo de su vida cometió los peores atentados terroristas en Colombia. Lo mismo “Gentil Duarte”, que entró a la guerrilla a los 17 años y ha cometido todos estos delitos que les contaba. Lo que tiene que considerar la sociedad colombiana es que, desafortunadamente, los enemigos de los jóvenes son estos Grupos Armados Organizados, no las Fuerzas Armadas. Porque conocí los horrores que los obligan a cometer es que tengo la decisión indeclinable de desmantelar estas organizaciones, que cometen las peores atrocidades con estos jóvenes que reclutan. En Colombia la justicia no ha permitido que se tomen las decisiones adecuadas y hasta ahora, después del Acuerdo de Paz, aún se mantiene impunidad frente al delito de reclutamiento forzado. Por eso la decisión convencida es combatir a los que reclutan.
Ministro, pero, ¿no cree también que cada niño o joven que aparezca muerto en una operación militar es la evidencia del fracaso del Estado colombiano, que no hizo lo suficiente para evitar su reclutamiento forzado?
Aquí hay una historia injusta, pero más injusto sería no hacer nada para evitar que siga pasando. ¿Cuántos niños más pueden ser reclutados si no se desmantelan estas organizaciones? ¿Cuántas madres más pueden sufrir cuando se les llevan a estos jóvenes y los convierten en combatientes? Hay un compromiso histórico para que esto no siga pasando. Lo que tienen que tener en cuenta bandidos como Gentil Duarte es que no pueden seguir vinculando a jóvenes y esperar que así se limite el uso de la fuerza legítima del Estado. Hay que dar la protección a los niños cuando corresponde, pero también hay que hacer uso de la fuerza.
¿Se arrepiente de haberlos llamado “máquinas de guerra”?
Mi expresión obedece a una realidad de la guerra. Lo que yo vi en el ICBF es que toman a jóvenes, los entrenan. Es una expresión fuerte, lo sé, pero la sociedad colombiana tiene que entender que han venido preparando a unos individuos que pueden generar serios daños a la sociedad.