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7 Jul 2022 - 11:25 p. m.

Monómeros no financió la campaña Petro y otras conclusiones de la Corte Suprema

Una denuncia infundada resultó en una indagación a las finanzas de la campaña presidencial de 2018 de Gustavo Petro. La Corte se inhibió de investigar formalmente al presidente electo porque los supuestos aportes irregulares que se denunciaban no existieron.
La Corte Suprema se inhibió de investigar al senador y presidente electo, Gustavo Petro.
La Corte Suprema se inhibió de investigar al senador y presidente electo, Gustavo Petro.
Foto: Unidad de Video

La empresa colombo-venezolana Monómeros no financió “de manera directa o indirecta a la campaña de Gustavo Petro Urrego”. Así concluyó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en una decisión en la que se abstuvo de investigar al presidente electo por una denuncia de supuestas irregularidades en su campaña presidencial de 2018. El alto tribunal declaró que la denuncia era infundada, pues no se aportó una sola prueba y el denunciante, en una declaración bajo juramento, se echó para atrás en los señalamientos que había hecho.

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Monómeros, una empresa de fertilizantes controlada principalmente por la petrolera estatal venezolana PDVSA, ha vuelto a los titulares en los últimos días porque el equipo de empalme de Gustavo Petro ha despotricado de la administración que tuvo la compañía en los últimos tres años. Resulta que, en 2019, el gobierno de Iván Duque intervino la compañía y se la entregó al autoproclamado gobierno interino de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó. Pero mientras se debatía el futuro de Monómeros, las autoridades miraban sus transacciones.

Luego de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Petro sacó votaciones altísimas, el abogado barranquillero Eduardo Rincón denunció en el Consejo Nacional Electoral que levantaba dudas la alta votación del candidato en Atlántico “porque nunca, ni el Partido Comunista, ni el Polo Democrático, ni la Alianza Verde, ni la Unión patriótica y menos el partido Farc, u otros partidos y movimientos afines a la izquierda, han sacado semejante caudal en la historia del país, en ese departamento”, según su denuncia. Así, sin pruebas.

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En la denuncia, además, pedía una inspección a las cuentas de Monómeros porque, supuestamente, la empresa “se presta para mover” dineros a campañas políticas, al antojo del régimen de Nicolás Maduro. El CNE inició la investigación y, en junio de 2019, ordenó revisar los libros de la compañía. Para entonces, Colombia ya no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela y la empresa había pasado al control de la Superintendencia de Sociedades. Hasta allá fueron a dar los investigadores del órgano electoral.

“Se concluyó que no se evidencia que Monómeros haya realizado aportes de manera directa o indirecta a la campaña presidencial —primera vuelta— de Gustavo Petro Urrego”, reseña la Corte sobre los hallazgos del CNE. Y añade: “Así las cosas, concluye esta instancia en acuerdo con el Consejo Nacional Electoral que el hecho referido en el escrito de denuncia de Rincón Herrera, en torno a la anunciada supuesta financiación a la campaña de Petro Urrego por parte de una persona jurídica extranjera, no existió, por lo tanto, aparece jurídicamente procedente emitir auto inhibitorio”.

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En cualquier caso, en el proceso también declaró el denunciante, quien terminó negando lo que afirmaba en su denuncia. Cuando la Corte Suprema lo citó, el abogado Herrera dijo: “Sobre un conocimiento directo, especifico de que a la campana de Colombia Humana de Gustavo Petro hayan llegado dineros de Monómeros rotundamente le digo que no, no tengo ese convencimiento, ni tengo ese conocimiento tampoco”.

En el curso de la investigación, el CNE encontró que sí hubo aportes que podrían considerarse prohibidos a la campaña Petro: tres funcionarios públicos hicieron aportes por $95.000, $120.000 y $150.000. Sin embargo, la Corte citó a declaración a la gerente de la campaña de Petro, Blanca Durán, quien explicó que estos dineros llegaron por una plataforma virtual que crearon, que apenas había significado el 0,8% de recursos de la campaña —el 96% fueron créditos bancarios— y que las personas habían firmado declaraciones juradas de que no estaban inhabilitados para donar.

“Puestas así las cosas, con acierto puede afirmarse que no era previsible que los aportes que figuran a nombre de los funcionarios públicos detectados por el CNE, fueran a presentarse, comoquiera que se implementaron todos los mecanismos para evitarlo”, concluyó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema con ponencia del magistrado César Reyes. Los magistrados Héctor Javier Alarcón y Francisco Farfán se apartaron de la decisión porque consideraban que, con la elección de Petro como presidente en junio de este año, la competencia para investigarlo recaía en la Comisión de Acusación del Congreso. La magistrada Cristina Lombana también salvó el voto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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