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El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá impuso al primer mandatario, Gustavo Petro, el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de COP 8 millones. La sanción se debe al incumplimiento o desacato de un fallo de tutela relacionado con comentarios realizados por el presidente en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
La discusión comenzó en 2023, cuando la lupa de la Fiscalía y de la Procuraduría ya estaba puesta sobre Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, por presuntamente haber recibido dineros que irían a la campaña presidencial de su padre en 2022, pero que habrían sido desviados a sus bolsillos. Mario Burgos fue el primer fiscal que tuvo el expediente en sus manos y adelantó la investigación hasta que fue apartado del caso, que pasó a la fiscal Lucy Laborde.
Contexto: Tras orden judicial, presidente Petro se retracta de llamar “narcofiscal” a Mario Burgos
En ese contexto, el presidente Petro se refirió públicamente a Burgos con el término de “narcofiscal”. Lo señaló, sin tener prueba alguna, de presuntos nexos con el narcotráfico y de haber protegido a personas implicadas en la muerte de Marcelo Pecci, el fiscal anticorrupción paraguayo asesinado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena. Todo esto, como luego lo determinó la justicia, sin tener en cuenta la presunción de inocencia.
Las declaraciones del presidente llevaron a que se interpusiera una tutela en la que se alegaba la vulneración de los derechos fundamentales del fiscal Burgos. El recurso, resuelto por un juez de primera instancia y confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinó que, en efecto, con su declaración el presidente afectó el buen nombre, la honra, la dignidad y la integridad personal del funcionario que llevaba el expediente judicial contra Nicolás Petro.
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La retractación de Petro
En cumplimiento de esa determinación judicial, el presidente publicó un comunicado en su cuenta de X en el que no solo se retractó de los señalamientos contra el fiscal Burgos, sino que también señaló que existe una “tensión institucional” generada por distintas órdenes de la justicia.
“Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, escribió el mandatario.
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Asimismo, señaló: “Las manifestaciones que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político propio de mi investidura y en el marco del debate democrático”.
¿Qué dijo el juzgado?
En el documento, el juzgado indicó: “Tras analizar las órdenes de rectificación emitidas, se determinó que las aclaraciones realizadas por el señor Presidente de la República distorsionan el propósito de la sentencia original del 28 de agosto de 2025 y lo ordenado el 6 de octubre de 2025”.
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Esto, al señalar que el núcleo del conflicto radica en la afectación al buen nombre y la honra del fiscal, debido a las declaraciones presidenciales que sugerían que el funcionario había eliminado o desaparecido a Sebastián Marset del expediente de investigación.
En el fallo de este 27 de febrero se señala que el fiscal Burgos manifestó que, a pesar de la orden de cumplimiento impartida al primer mandatario en un auto entregado el 16 de diciembre de 2025, y de que el presidente realizó alocuciones el 29 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, así como un Consejo de Ministros el 19 de enero de 2026, no ha cumplido lo ordenado.
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Asimismo, se indica: “Aunado a ello, tampoco se ha realizado la rectificación conforme a lo ordenado en la red social ‘X’”. Por ello, el presidente Gustavo Petro deberá realizar el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de COP 8 millones.
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