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El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, está de cara a enfrentar una nueva imputación de la Fiscalía. Además, la Procuraduría acaba de llamarlo a juicio disciplinario por el presunto incremento irregular de su patrimonio durante el tiempo que fue diputado de la Asamblea del Atlántico. En medio de toda esta tormenta de investigaciones, su abogado, Alejandro Carranza, envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidiendo que se reconsidere la permanencia de Lucy Laborde como fiscal encargada de los casos contra su prohijado.
El pasado 22 de septiembre, la fiscal Laborde denunció presuntas presiones indebidas en la investigación que, según ella, pudieron afectar la independencia y autonomía del ente investigador en medio de las pesquisas contra Petro Burgos. Sin embargo, a los ojos de la defensa de Nicolás Petro, “aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”.
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Para su defensa, esa supuesta “cortina” pretende “sofocar a las autoridades encargadas de escrutar sus actuaciones, para que no puedan ver lo que realmente se cocina en despachos que, en vez de estar consagrados a la persecución del delito y a la protección de las víctimas, parecen orientados a salvaguardar intereses particulares y a preservar testigos a cualquier precio”.
Según lo manifestado por el abogado Carranza, “si lo que ella invoca es la protección de su independencia, esa independencia debe asegurarse de manera coherente: que continúe únicamente en el caso de enriquecimiento y lavado, pero que cualquier otra investigación sea asumida por otros fiscales”.
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Para la defensa del hijo del presidente Petro, “de nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura (Ojeda) para asegurar impunidad a Dayssuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes”. Señala el abogado Carranza que “esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.
Asimismo, el abogado del exdiputado de la Asamblea del Atlántico expresó que habría un sesgo en la priorización de procesos. “Mientras las imputaciones contra Nicolás (Petro) se aceleran, las denuncias que comprometen a Dayssuris Vásquez, a Victoria Eugenia Dávila y a la propia fiscal Laborde permanecen estancadas”, aseguró.
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