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La Juez Primera de Ejecución de Penas de Bogotá negó la petición de libertad condicional solicitada por la defensa de la ex congresista Yidis Medina, condenada por el delito de cohecho.
La operadora jurídica consideró que el requerimiento no llenaba todos los requisitos exigidos por la Ley para acceder a lo exigido, y de ahí que la ex parlamentaria deba continuar detenida en la cárcel de El Buen Pastor de Bogotá.
Su abogado, Ramón Ballesteros, había solicitado que se le concediera la libertad a su cliente, tras el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena tasada por la Corte Suprema de Justicia contra Medina, por haber aceptado el ofrecimiento de dádivas, a cambio de favorecer, con su voto parlamentario, la reelección presidencial.
La ex representante a la Cámara, quien se había opuesto a apoyar la iniciativa legislativa, terminó votando a favor de ella, respaldo que resultó definitivo para que el Congreso aprobara la posibilidad de que el entonces presidente Álvaro Uribe, pudiera presentar su candidatura a las elecciones a Jefe de Estado que se celebraran en 2006.
Yidis Medina había sido sentenciada a tres años y 11 meses por estos hechos; se le había concedido la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia, pero el beneficio le fue revocado por la misma Corte Suprema de Justicia, que concluyó que la ex congresista había salido de su lugar de retención sin autorización alguna, violando las condiciones de su detención.
La ex legisladora no tuvo cómo sustentar el hecho de no haber atendido una visita funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que estaban comisionados para verificar que estuviera cumpliendo su pena de detención en el lugar de residencia.
La Corte otorgó credibilidad a los patrulleros que vigilaban el edificio donde está ubicado su apartamento, que aseguraron haberla visto retornar a su vivienda en horas de la madrugada, una vez se enteró de la visita de los funcionarios del Inpec.
Medina también fue condenada por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá a cuatro años y dos meses de cárcel, al ser hallada culpable del delito de enriquecimiento ilícito, que se derivó del manejo de una Notaría que le fue otorgada a cambio de dar su voto favorable a la reelección presidencial.
Por El Espectador
