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28 May 2020 - 1:21 a. m.

“No hemos escatimado esfuerzos para atender a los presos”: Fiduprevisora

Al contestar un cuestionario de El Espectador, Fiduprevisora explicó lo que ha hecho y sigue haciendo para atender la emergencia por el COVID-19 en las cárceles. Reconoce fallas.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
AME6951. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/03/2020.- Reclusos se asoman en ventanas este domingo luego de un motín, en la cárcel Modelo de Bogotá (Colombia). Al menos 23 presos murieron y 83 resultaron heridos en la cárcel Modelo de Bogotá durante los motines de anoche en varias prisiones colombianas en protesta por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, informó este domingo la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
AME6951. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/03/2020.- Reclusos se asoman en ventanas este domingo luego de un motín, en la cárcel Modelo de Bogotá (Colombia). Al menos 23 presos murieron y 83 resultaron heridos en la cárcel Modelo de Bogotá durante los motines de anoche en varias prisiones colombianas en protesta por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, informó este domingo la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En las cárceles del país ya van más de 1.000 casos de COVID-19. Mientras las miradas se han posado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encargado de la custodia de las prisiones, en esta misma entidad han señalado que las falencias vienen de otros dos actores: la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Fondo de Atención en Salud de los Privados de la Libertad. La primera, que contrata todo lo que requiera el Inpec, anualmente le gira más de $18.000 millones a la segunda, controlada por Fiduprevisora, para garantizar que todos los reclusos tengan acceso a servicios de salud.

Fiduprevisora contestó un cuestionario enviado por El Espectador. Admite que ha habido “dificultades” para garantizar un servicio adecuado en las 132 cárceles que administra el Inpec. Sin embargo, señala que “esta emergencia es algo para lo cual nadie en Colombia ni en el mundo estaba preparado” y sostiene que, sobre la marcha, han mejorado sus procesos. Estima que a finales de este mes habrán invertido $4.600 millones en la atención de la pandemia en centros de reclusión.

¿A cuántos internos les han hecho las pruebas de COVID-19?

A la fecha del 24 mayo de 2020, con recursos del Fondo de la Población Privada de la Libertad, hemos realizado 3.367 pruebas de COVID-19 para esta población (cifra que representa el 3 % de la población carcelaria). Es importante aclarar que las secretarías de Salud de cada ente territorial también han contribuido a hacer pruebas iniciales, cuando establecen el cerco epidemiológico dentro de los establecimientos carcelarios, como lo establece el protocolo del Ministerio de Salud.

¿Por qué en las cárceles donde ya hay contagios del nuevo coronavirus no les han practicado las pruebas de COVID-19 al 100 % de los internos?

Los protocolos de salud establecen que las tomas de muestras se hacen de acuerdo con el cerco epidemiológico que realiza la Secretaría de Salud del ente territorial en el cual se detecta el caso y en el interior de los centros carcelarios de esa jurisdicción. Con el Inpec y la Uspec se determina el número de personas a quienes se les debe tomar dicha prueba y no necesariamente cobija al 100 % de esa población.

¿Cómo ha cambiado el trabajo en el Fondo desde que comenzó la emergencia?

Esta emergencia es algo para lo cual nadie en Colombia ni en el mundo estaba preparado. Desde que inició la emergencia, hemos trabajado con compromiso y preocupación para atender las necesidades de la población privada de la libertad, garantizando la atención en salud de esta población.

La mayoría del sector de salud ha contratado a cientos de profesionales para engrosar su personal en la pandemia. ¿El Fondo ha hecho lo mismo?

El Fondo no ha escatimado esfuerzos para contratar los insumos y el personal médico necesarios para atender a la población privada de la libertad. Hemos reforzado el personal médico en los centros carcelarios en donde se han presentado casos de COVID-19. Se ha creado un grupo de emergencia para atender los centros carcelarios en donde se registren casos. Hemos reforzado la atención con los hospitales públicos y con la red extramural, para que en caso de que se deba ofrecer atención extramuros, tengamos toda la red necesaria contratada para atender una emergencia. En el interior de los centros carcelarios estamos garantizando la atención a los pacientes COVID-19 las 24 horas del día, como lo exige el protocolo de salud. Al finalizar mayo, acorde con nuestras proyecciones, tendríamos una inversión de recursos de aproximadamente COP $4.600 millones entre insumos, personal médico, medicamentos y pruebas COVID-19, destinados a la población privada de la libertad en todos los centros carcelarios, con especial énfasis en aquellos en donde se han presentado contagios.

Fiduprevisora tiene casi un monopolio, ¿cree que al no tener una presión por garantizar un buen servicio han descuidado la atención de los internos?

Fiduprevisora y Fiduagraria son los administradores del Fondo de Salud de la Población Privada de la Libertad. Fiduprevisora S. A. es el vocero del Fondo. Este contrato es asignado acorde a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, que definió el modelo de salud para las Personas Privadas de la Libertad, haciendo precisión en que la función de las Fiduciarias consiste en administrar los recursos del Fondo y contratar los servicios de salud que requiere la Uspec, para brindar atención en salud a las personas privadas de la libertad, a través de las diferentes EPS, IPS o Cajas de Compensación que existen en el país.

¿Qué estrategia han pensado implementar en la cárcel de Leticia, que ya es un “clúster” de contagios, según el propio presidente Duque?

Entendemos la preocupación existente en Leticia dada su ubicación geográfica, al estar distante de otras ciudades principales, y entendemos la problemática de salud que hoy ocurre en esta importante región del país. Es importante mencionar que el Fondo, la Uspec y el Inpec hemos venido trabajado conjuntamente, destinando todos nuestros esfuerzos, para que hoy ese establecimiento cuente con los médicos y las enfermeras necesarios para la atención de las 180 personas privadas de la libertad que allí se encuentran. Se le han enviado insumos al personal médico, al igual que medicamentos, tapabocas, gel antibacterial y jabón para que puedan atender las necesidades del establecimiento en materia de COVID-19. Al tiempo, hemos dispuesto todos los mecanismos necesarios de traslado de los pacientes que puedan tener alguna emergencia por efecto del COVID-19.

Ustedes generalmente contratan con los hospitales municipales, pero el de Leticia está en una profunda crisis. ¿Qué alternativas están buscando para los internos de esa cárcel?

Tenemos un contrato con la ESE de Leticia para atención extramural de la población privada de la libertad. Conocemos sus limitaciones actuales. Al tiempo, contamos con un acuerdo de servicio con la IPS Preventiva de Leticia, que nos apoya con personal de salud en el caso de requerirse en el centro carcelario y tenemos previsto el traslado de pacientes por avión ambulancia a la red de salud más cercana, como son las ciudades de Villavicencio y Bogotá.

Los laboratorios que procesan las pruebas de COVID-19 a los internos han reportado problemas, por ejemplo, para el transporte de las muestras. ¿Cómo va la solución de estos inconvenientes?

Cuando se presentó el primer caso de COVID-19 en Villavicencio, dado que teníamos nuestro primer acercamiento con estos protocolos, tuvimos inconvenientes logísticos. En muy poco tiempo pudimos mejorar, planificando los procesos de la mejor manera. A la fecha hemos venido cumpliendo con la instrucción en la toma de pruebas y sus resultados se entregan a las 48 horas siguientes, es decir, dentro de los plazos establecidos para toda la población colombiana. Igualmente, hemos reforzado el grupo de enfermeras auxiliares en el interior de los centros carcelarios para realizar la toma de estas muestras en menor tiempo.

¿Cómo están trabajando para que la salud de los internos no se vea comprometida por las precarias condiciones de higiene de las cárceles?

Nosotros como Fondo no tenemos como función dotar de este tipo de infraestructura a las cárceles. Sin embargo, tenemos conocimiento que la Uspec está dotando a los establecimientos de lo necesario para que la población privada de la libertad pueda cumplir con el protocolo de higiene y lavado de manos que requiere el plan de mitigación de COVID-19.

El director del Inpec, general Norberto Mujica, le dijo al Congreso que hay “falencias” en la atención que presta el Fondo. ¿A qué se debe?

Hace referencia al 14 de marzo, cuando surgió la emergencia del COVID-19 y como es de conocimiento público, en ese momento la oferta y la consecución de insumos como jabón, gel antibacterial y algunos elementos de protección de personal era muy limitada. Estos elementos escaseaban. Al principio del proceso nos encontramos con muchas dificultades para que el mercado nos supliera oportunamente de todos los productos que se requerían en ese mismo instante, para la atención de la población privada de la libertad.

A hoy, la situación ha venido mejorando, estamos dotando mensualmente a los 132 centros carcelarios que atendemos en el país, con insumos como gel antibacterial, jabón, medicamentos y elementos de protección para los médicos y demás personal de salud, así como los tapabocas que requiere la población privada de la libertad en los establecimientos del país, con especial énfasis en los centros donde se registran casos de COVID-19, acorde con lo establecido por el Ministerio de Salud.

Como administradores del Fondo hemos puesto todo nuestro conocimiento, empeño y capacidad para atender los retos que nos impone la emergencia generada por el COVID-19. Al principio no teníamos la experiencia en este tipo de situación, que no es normal ni habitual en las actividades que nosotros desarrollamos, pero con base en los retos que día a día afrontamos hemos mejorado nuestros procesos al interior de nuestro Fondo y en la misma coordinación con el Inpec y Uspec, siempre teniendo presente la mejor administración de los recursos públicos, y estableciendo como prioridad y meta que la población privada de la libertad, tenga los insumos y atención médica en todo momento y con especial énfasis en las condiciones actuales.

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