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El ministro de Defensa Diego Molano señaló, ante la opinión pública, a los posibles responsables por los actos vandálicos durante las manifestaciones contra la reforma tributaria del Gobierno Duque, la cual se cayó sin siquiera ser estudiada por el Congreso, ayer domingo 2 de mayo. La guerrilla del Eln y la disidencia de las extintas Farc son las principales organizaciones señaladas por Molano, quien reconoció a los manifestantes que han protestado de manera pacífica.
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“Colombia enfrenta una amenaza particular por unas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos. No son los marchantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y están en sus casas. Son esos vándalos, que se mimetizan y han desarrollado actos premeditas, organizados y financiados por grupos de disidencias de las Farc y del Eln, los que buscan desestabilizar algunas regiones, con propósitos particulares”, agregó Diego Molano.
De acuerdo con el jefe de cartera, serían seis las subestructuras que estarían tras los desmanes de las principales ciudades del país, durante los últimos cinco días: JM-19; Escudos Azules; Escudos Negros; las Células Urbanas del Eln 8 y 9 de Julio; y el Movimiento Bolivariano Disidencias de las Farc. Según Molano, esos grupos organizarían eventos vía WhatsApp y Telegram, invitando a la población a atacar bienes públicos y privados.
Diego Molano, además, se refirió a los presuntos líderes de esas subestructuras como “terroristas de baja intensidad”. Aseguró que se trata de alias Ñoño, alias Poker, alias Careloco, alias Bravo, alias Valkiria, quienes estaban “en procesos de investigación previa por vandalismo y delitos conexos y desafortunadamente un juez los dejó en libertad por errores en la expedición de orden de captura. Y están otra vez hoy, en estos días, vinculados en esas actividades”.
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El ministro de Defensa se refiere al episodio de la madrugada del pasado 30 de abril, cuando la jueza 33 con función de Garantías de Bogotá dejó en libertad a 14 personas que habían sido capturadas durante la jornada del pasado 28 de abril. De acuerdo con la funcionaria judicial, no había suficientes elementos probatorios que soportaran los allanamientos contra los investigados. Además, argumento que las ordenes de captura estaban mal diligenciadas por los funcionarios públicos.
“Si es un delito de concierto para delinquir, lo mínimo sería delimitar ese delito que se tiene establecido dentro de la investigación; si es un acto de terrorismo, (delimitar) los días y hacer una concreción para que la persona pueda entender y le quede claro, como derecho que tiene, a que se le indique cuál es el hecho que se le atribuye (…), lo cual no puede advertirlo esta funcionaria en las órdenes de captura emitidas por el juez homólogo el pasado 27 de abril”, expresó la Juez durante la audiencia.
Luego de vincular a ambos grupos armados organizados a las protestas, el ministro Diego Molano entregó las cifras que durante la tarde público la Dirección General de la Policía. De acuerdo con la institución, en total han resultado lesionados 504 uniformados; “vándalos” dejaron a 464 policías con contusiones; hubo un total de 60 ataques con armas cortopunzantes; han asistido a siete personas con fracturas; y hay registro de un herido con arma de fuego. Hay, además, 21 uniformados hospitalizados.
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El hecho más grave, como lo ha denunciado el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, lo protagonizó el capitán Jesús Alberto Solano, comandante de la Sijín de Soacha (Cundinamarca). El uniformado fue apuñaleado por la espalda, el pasado 28 de abril, cuando intentaba frustrar un atraco en un local comercial de San Mateo. Solano fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha, desde donde se confirmó la noticia por su fallecimiento el pasado 30 de abril.
“Han sido vandalizados 94 bancos, 254 comercios, 14 peajes, 4 estatuas, 23 vehículos institucionales, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros, 2 gobernaciones y 29 cámaras de foto-multas. Se brindará asistencia militar a la Policía Nacional, de manera inicial, en el sur occidente del país con la Tercera División Fuerza Naval del Pacífico, en el centro del país Eje Cafetero Quinta División, y en el departamento de Antioquia con la Séptima División, de forma temporal y excepcional”, agregó el ministro de Defensa.
Finalmente, Molano aseguró que todas las actuaciones de las Fuerzas Militares están enmarcadas en los derechos humanos, aplicando las disposiciones legales vigentes para el uso de la fuerza. “No les tengan miedo a los militares, teman de los vándalos”, concluyó. En contraste, la ONG Temblores ha registrado durante los últimos días un total de 1.181 denuncias por presunto abuso policial e, incluso, ha invitado a la ciudadanía resguardarse en casa ante “la falta de garantías para la vida”.
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En la plataforma Grita, Temblores ONG ha contabilizado desde el pasado 28 de abril 142 víctimas de violencia física; 26 posibles víctimas de “violencia homicida”; 761 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes; 216 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública a manifestaciones pacíficas; 17 víctimas de agresiones oculares; 56 casos de disparos de arma de fuego; 56 denuncias de desapariciones en el contexto de las manifestaciones; y nueve posibles víctimas de violencia sexual.