Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Como se había mencionado desde el pasado 9 de abril, la Fiscalía confirmó que Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, no será beneficiaria de un principio de oportunidad que le otorgue inmunidad total. Así lo dio a conocer la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien habló con la prensa este martes sobre el caso de la exfuncionaria, imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el ente acusador, el único camino viable que le queda a la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro es la suscripción de un preacuerdo, toda vez aporte información relevante a la investigación y sea de ayuda para los investigadores en su tarea de desmantelar la empresa criminal que desangró a la Unidad de Gestión del Riesgo. Aun así, aseguró la fiscal Patiño, Ortiz Nova no se salvaría de ir a prisión, pero podría obtener beneficios, como una rebaja de penas, todo dependiendo de sus aportes a la justicia. Por el momento, la exfuncionaria espera la audiencia de acusación en su contra, fechada para el próximo 12 de junio.
La Fiscalía de Luz Adriana Camargo ya le había cerrado las puertas a la exfuncionaria a su petición de inmunidad a través de un principio de oportunidad, pues consideró que la información que ella entregó a los investigadores del caso era “confusa y contradictoria”, y no soportó sus afirmaciones con evidencias objetivas concretas. “Cuando le dijimos a la señora Ortiz que no íbamos a ofrecerle la inmunidad total, ella nos amenazó diciendo que, entonces, iba a salir a los medios de comunicación a entregar la información”, dijo este martes la fiscal Patiño.
Y agregó: “La Fiscalía tiene un impedimento legal y reglamentario para utilizar la información que los procesados, indiciados, imputados entreguen en desarrollo de los acercamientos y las conversaciones que se suscitan en medio de las negociaciones de un principio de oportunidad. Pero ella, como ciudadana, sí es libre de hacerlo. Ella hace una entonación en ‘do mayor’, pretendiendo constreñir a la Fiscalía para que le dé inmunidad total y utiliza esa información a manera de chantaje y presión (...) No vamos a ceder a ningún chantaje, tenemos los medios para investigar y nuestro macrocaso sigue adelante”.
Esa información que dijo Ortiz que entregaría a medios de comunicación se pudo evidenciar tras los chats de la exfuncionaria revelados por la revista Semana. En esas conversaciones aparece un nuevo nombre en todo el entramado, cuyo nombre ha retumbado en los últimos días: el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, también exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Los chats datan de octubre de 2023, cuando el actual togado seguía trabajando para la Casa de Nariño y ya había sido ternado por el presidente Gustavo Petro para ocupar un asiento en el alto tribunal.
En las imágenes se ven los mensajes que intercambiaron los entonces funcionarios del gobierno Petro para la época en la que el Congreso debía elegir a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional de una terna presentada por la Presidencia. Dentro de esos tres candidatos estaba el entonces secretario jurídico de la Casa de Nariño y posterior ganador, Vladimir Fernández. Lo que se lee, aparentemente, es que Sandra Ortiz estuvo presente y ayudó al hoy magistrado a reunirse con algunos congresistas antes de la votación.
Dichos chats, según el medio de comunicación, fueron entregados por Ortiz a la Fiscalía en medio de la investigación que se adelanta contra ella por el desangro a las arcas de la Ungrd. Según ha dicho, a Iván Name, entonces presidente del Senado, se le entregaron $3.000 millones en efectivo para que ayudara a aceitar la elección de Fernández como togado en reemplazo del magistrado Alejandro Linares, y ese dinero habría salido, justamente, de la contratación irregular de la Unidad.
Ante los micrófonos de la prensa también habló sobre este tema el fiscal delegado ante la Corte Suprema Gabriel Sandoval, quien indicó que la Fiscalía no es la entidad responsable de investigar al magistrado Fernández. Esa tarea le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Así también lo explicó la misma alta corte a través de un comunicado, en el que precisó que el alto tribunal “no es la autoridad competente para surtir actuaciones de investigación o intervención en relación con los hechos a que se han referido recientemente algunos medios de comunicación”.
Asimismo, el alto tribunal dijo que se mantendrá atento “a la actuación de las autoridades competentes que correspondan y respetará en su integridad las decisiones que conforme a su autonomía adopten, con el respeto del debido proceso y de los fueros de investigación y juzgamiento que el orden jurídico contempla”. También, agregaron que los magistrados y magistradas de la Corte “están amparados por la presunción de inocencia y siempre estarán prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley”.
No obstante, organizaciones como la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, allegó una denuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, solicitando investigar al togado por presuntas irregularidades en su elección. La misma red pidió que se indagara si la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ocultó información relevante entregada por Ortiz en el caso del togado, con el fin de favorecerlo en su elección.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
