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Desde ayer martes 4 de mayo, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) anunció que participaría de la nueva jornada de protestas y movilizaciones de este 5 de mayo, convocadas por el Comité Nacional de Paro y las Centrales Obreras. Por ello, este miércoles, la agremiación de sindicatos judiciales realizó una rueda de prensa en la que invitó a sus miembros a parar la actividad laboral, para apoyar la protesta social.
“la movilización organizada y pacífica de los trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas, pequeños y medianos empresarios, sectores populares y jóvenes desesperanzados causó finalmente el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de hacienda. No obstante, el anuncio del presidente Iván Duque de consensuar otra reforma tributaria con los partidos políticos y económicos, excluyendo al Comité Nacional de Paro causa desconfianza y desazón porque descarta la opción de acudir a otros mecanismos institucionales que permitan la consecución de los recursos fiscales que se requieren para atender”, manifestaron los voceros de la Asociación.
Los voceros de Asonal fueron enfáticos en rechazar los actos vandálicos que se han presentado en el marco de las jornadas de protesta, pero también llamaron al respeto por la movilización social y pacífica e invitaron “a los judiciales de todo el país a participar del Paro Nacional el día de hoy”. “Vamos a exigirle al Gobierno que se abstenga de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria, que desmilitarice las ciudades y garantice la vida e integridad de los manifestantes”, refirieron los representantes de la agremiación.
En ese sentido, Asonal informó que este miércoles 5 de mayo se suspenderá el servicio de administración de justicia tanto presencial, como virtual, no se realizarán audiencias públicas, no correrán los términos judiciales, no se efectuará reparto de procesos y no se harán notificaciones. “Los invitamos a que se unan a esta jornada de paro nacional, nada distinto podemos hacer los servidores judiciales que somos quienes garantizamos los derechos fundamentales y las libertades de todos los ciudadanos colombianos (...) no podemos permitir que nos identifiquen con este Gobierno que pretende pasarse el Estado de derecho por la faja”, afirmaron.
Una de las peticiones en las que más énfasis hizo la Asociación es que el presidente Iván Duque se siente a negociar con el Comité del Paro y los representantes de organizaciones sociales, no solo con los partidos políticos. Otro de los puntos de inconformidad por parte de Asonal tiene que ver con el proyecto de ley sobre la reforma de la administración de justicia propuesta por el Ministerio de Justicia. Los sindicatos manifestaron su preocupación por que, a su juicio, el proyecto insiste en una política de privatización de la justicia, lo que según ellos es una política fracasada pues “hoy hay más de 40 entidades de la rama ejecutiva administrando justicia y no hemos visto que la respuesta sea oportuna”.
“Ha sido una preocupación histórica de la rama judicial abogar por garantizarle al ciudadano de a pie el acceso a la justicia. Por eso se ha demandado durante los últimos lustros que el Estado se duela de la rama, asigne recursos suficientes y amplíe su planta de personal, porque la oferta de justicia está en desproporción con la demanda de justicia. Mientras la demanda en los últimos 20 años se ha incrementado en un 315%, la planta de personal solo lo ha hecho en un 25%. Las cargas excesivas que tienen los jueces fiscales y empleados no permiten dar una respuesta oportuna a las demandas de los ciudadanos, de manera que el Estado tiene que fortalecer la rama judicial y no montar justicias alternas como las que está haciendo el Ejecutivo”, señalaron.
Por otro lado, manifestaron su inquietud por una ley estatutaria que busca que la administración de justicia se convierta en servicio esencial, lo que no resulta conveniente para ellos toda vez que, aseguran, esto podría afectar sus derechos a la huelga y a la movilización. Pero estos no son los únicos aspectos del proyecto de reforma a la justicia que no comparten los miembros del sindicato. Para ellos, el proyecto no fortalece la carrera judicial, pues todavía existen en el país más de 5.000 empleos de libre nombramiento y remoción que, según alegan, deberían ser de carrera judicial. Además, dicen que no se propone ninguna medida para que esa carrera judicial se extienda hasta las altas cortes.
“Estos magistrados de altas cortes van a seguir siendo elegidos por el sistema de cooptación y no por méritos como debe ser (...) La reforma a la justicia debe tener en cuenta a quienes están inmersos en ella, son los que saben cuáles son los problemas y a quien aqueja y su finalidad ante el ciudadano debe ser accesibilidad (...) A veces, en la vida pública hay que parar para avanzar, no hay otra forma de hacerlo, este movimiento que se generó del 28A es una prueba fehaciente de esto. Entonces, entendemos que un día de suspensión afecta, pero nunca afectará como el silencio del poder judicial porque no estaríamos defendiendo los derechos de los ciudadanos”, agregaron.
Los sindicatos, además, manifestaron preocupación porque consideran que no se está ejerciendo un control adecuado al Ejecutivo. “Vemos con preocupación que el Congreso con su ejercicio virtual no ejerce el control político adecuado y el Gobierno está expidiendo decretos legislativos que afectan los derechos básicos de los ciudadanos. Vemos con preocupación que las altas cortes tampoco están ejerciendo un control judicial adecuado, ni los órganos de control como Procuraduría, Defensoría y Contraloría, la forma como son puestos por el Ejecutivo. Hoy los controles institucionales no están funcionando de manera que nos preocupa que se esté consolidando una especie de dictadura Ejecutiva y por eso tenemos que acudir a estas vías de la movilización pacífica, para hacer respetar no solo la Constitución, sino los derechos ciudadanos”, concluyeron.