Nueva detención preventiva para el general (r) Mauricio Santoyo, ahora por lavado de activos
Testimonios de paramilitares lo vinculan con un entramado de negocios ilícitos por el que, dice la Fiscalía, su patrimonio habría superado los $6.000 millones. Sus bienes y los de su núcleo familiar ya fueron incautados y pasarían a procesos de extinción de dominio.
Redacción Judicial
El general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo, tiene a cuestas una segunda restricción de su libertad mientras avanza una investigación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo dictaminó un fiscal delegado ante la Corte Suprema que lo investiga por aparentes negocios ilícitos que, dice, sostuvo Santoyo con altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia en los 30 años que estuvo en la Fuerza Pública.
El alto oficial está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras es investigado por su posible rol en la desaparición de defensores de derechos humanos cuando estuvo al frente del Gaula de la Policía en Medellín. Y, además, está siendo investigado por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio del periodista Jaime Garzón.
(Lea también: Los pendientes del general (r) Santoyo con la justicia en Colombia)
Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos y tras cumplir casi ocho años de pena en ese país, fue deportado a Colombia en abril de 2019. Sus líos comenzaron entre 1997 y 1999, cuando fungió como jefe del Gaula de la Policía de Medellín. Durante esos años, según lo documentó la Fiscalía, falsificó varias órdenes de fiscales para interceptar comunicaciones a distintas organizaciones sociales.
Según informó la Fiscalía, varios testimonios de exparamilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz lo vinculan en negocios ilícitos con la estructura criminal de La Oficina (otrora llamada La Oficina de Envigado). Los testigos aseguran que "cabecillas de las entonces Auc, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública".
(Lea también: Por caso Jaime Garzón, Mauricio Santoyo rindió indagatoria)
Por estos favores, al parecer, Santoyo recibió una suma superior a los $1.700 millones. Ahora, la Fiscalía busca dictaminar qué tanto de su patrimonio, que por estos días asciende a más de $6.000 millones, proviene de negocios ilícitos. Es por eso que la dirección especializada de extinción de dominio impuso medidas cautelares sobre sus bienes y los de su familia mientras es investigado por estos delitos.
Además de estos posibles negocios con paramilitares, Santoyo ya rindió indagatoria por su rol en la posible desaparición de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Desde el 6 de octubre de 2000 no se tiene noticia de ellos. Se conoce que ese día, Ángel José Quintero declaró en la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de miembros de su familia y, horas después, hacia las diez de la noche, fue retenido junto a Monsalve por hombres armados en el centro de la capital antioqueña.
(Lea: General Santoyo debe responder por desaparición de miembros de Asfaddes ante la JEP)
Otro caso por el que ya rindió indagatoria el alto oficial es la presunta desviación de las pesquisas por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. En 2016, la Fiscalía aseguró que Santoyo promovió el secuestro de dos sicarios del caso Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y así evitar que hablaran. Es decir, ayudó a la desaparición de dos fichas claves en el entramado, pues en su momento el DAS concertó capturas de personas que nada tuvieron que ver.
El general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo, tiene a cuestas una segunda restricción de su libertad mientras avanza una investigación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo dictaminó un fiscal delegado ante la Corte Suprema que lo investiga por aparentes negocios ilícitos que, dice, sostuvo Santoyo con altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia en los 30 años que estuvo en la Fuerza Pública.
El alto oficial está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras es investigado por su posible rol en la desaparición de defensores de derechos humanos cuando estuvo al frente del Gaula de la Policía en Medellín. Y, además, está siendo investigado por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio del periodista Jaime Garzón.
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Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos y tras cumplir casi ocho años de pena en ese país, fue deportado a Colombia en abril de 2019. Sus líos comenzaron entre 1997 y 1999, cuando fungió como jefe del Gaula de la Policía de Medellín. Durante esos años, según lo documentó la Fiscalía, falsificó varias órdenes de fiscales para interceptar comunicaciones a distintas organizaciones sociales.
Según informó la Fiscalía, varios testimonios de exparamilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz lo vinculan en negocios ilícitos con la estructura criminal de La Oficina (otrora llamada La Oficina de Envigado). Los testigos aseguran que "cabecillas de las entonces Auc, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública".
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Por estos favores, al parecer, Santoyo recibió una suma superior a los $1.700 millones. Ahora, la Fiscalía busca dictaminar qué tanto de su patrimonio, que por estos días asciende a más de $6.000 millones, proviene de negocios ilícitos. Es por eso que la dirección especializada de extinción de dominio impuso medidas cautelares sobre sus bienes y los de su familia mientras es investigado por estos delitos.
Además de estos posibles negocios con paramilitares, Santoyo ya rindió indagatoria por su rol en la posible desaparición de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Desde el 6 de octubre de 2000 no se tiene noticia de ellos. Se conoce que ese día, Ángel José Quintero declaró en la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de miembros de su familia y, horas después, hacia las diez de la noche, fue retenido junto a Monsalve por hombres armados en el centro de la capital antioqueña.
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Otro caso por el que ya rindió indagatoria el alto oficial es la presunta desviación de las pesquisas por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. En 2016, la Fiscalía aseguró que Santoyo promovió el secuestro de dos sicarios del caso Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y así evitar que hablaran. Es decir, ayudó a la desaparición de dos fichas claves en el entramado, pues en su momento el DAS concertó capturas de personas que nada tuvieron que ver.