Después de 19 años de que un carro bomba estallara en el parqueadero del club El Nogal, en el norte de Bogotá, la pelea por quién debe reparar a las víctimas sigue viva. En esta oportunidad el escenario es la Corte Constitucional, en donde una de las salas de revisión de tutelas está analizando un recurso del selecto club que busca dejar sin piso la orden de reparar a una familia víctima del atentado, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. La discusión jurídica ha tenido varios capítulos, uno de ellos ocurrió también en este alto tribunal que tumbó una decisión del Consejo de Estado, que le ordenaba a la nación reparar a otra familia. Y a hoy no es claro quién debe responder por los daños, morales o civiles.
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El caso con el que la Corte vuelve a estudiar el caso de El Nogal tiene que ver con una vieja disputa de la familia de Gustavo Adolfo Forero, quien murió el 7 de febrero como consecuencia del carro bomba. Su esposa y sus dos hijos demandaron al club por no haber prestado un servicio de seguridad para prevenir el atentado. En primera instancia, no les dieron la razón, pero ellos apelaron. El recurso pasó al Tribunal Superior de Bogotá, y allí la familia ganó. Los magistrados que estudiaron la demanda le ordenaron a El Nogal a pagarle un poco más de $700 millones (por daños morales). La pelea siguió y el club, en noviembre de 2020, presentó un recurso más como última instancia ante la Corte Suprema de Justicia.
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El alto tribunal dejó en firme la decisión del Tribunal, es decir, el pago del club a la familia. Aunque esa decisión se conoció hace dos años, el tema no paró allí. El Nogal presentó una tutela buscando, de nuevo, tumbar la orden de reparar a la familia de Gustavo Adolfo Forero. En ese recurso, el club insistió en un argumento que ya había expuesto en el proceso: que no podían prevenir el atentado y que tenían las medidas seguridad adecuadas para el contexto de violencia que vivía el país (como un perro antiexplosivos). La Corte Suprema de nuevo revisó el recurso y en junio de 2021 El Nogal volvió a perder. Así, la tutela pasó a manos de la Corte Constitucional.
Una Sala de Selección de Tutelas del 28 de febrero pasado priorizó el expediente. La decisión de seleccionarlo estuvo en manos de los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares, y por reparto el magistrado Jorge Enrique Ibáñez será el encargado de estudiar el caso y presentar una ponencia para resolver la puja entre la familia Forero Hernández y el club. No la tiene fácil. Hace dos años la misma Corte Constitucional tumbó una decisión crucial en el proceso de El Nogal y dejó sin piso la reparación a las víctimas que había ordenado el Consejo de Estado en 2018. En ese entonces, la discusión giró en torno a cuál había sido la responsabilidad del Estado en el atentado de 2003.
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Sobre las 8 de la noche del 7 de febrero de ese año, un carro bomba estalló en el parqueadero del club, dejando 36 muertos y más de 200 heridos. Momentos después del atentado, la responsabilidad cayó sobre las Farc, aunque solo hasta después de 2016, luego de haber firmado el Acuerdo de Paz de La Habana, la guerrilla confirmó su autoría. Le atribuyó la planeación a Hernán Darío Velásquez, conocido como el Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. Hoy el caso de El Nogal está dentro de la lista de casos que podrían ser analizados por la JEP y que se espera se prioricen durante el primer semestre de 2022.
Para el Consejo de Estado fue claro: la nación no cumplió con su deber de proteger a la población civil, aun conociendo el contexto de violencia del país y que El Nogal era un blanco fijo para atentar en contra de políticos que frecuentaban el lugar. Esa decisión causó polémica, principalmente porque se trataba de una orden al Estado de reparar a tres familias con el erario, mientras que los principales responsables del atentado, las Farc, están en el Congreso y a la espera de decisión puntual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la Corte Constitucional no estuvo de acuerdo con la evaluación del Consejo de Estado y tumbó la orden de reparar a las víctimas.
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Según el alto tribunal, el Consejo no tuvo en cuenta sus propios precedentes judiciales en los que había dejado claro en qué circunstancias el Estado es responsable indirectamente por actos violentos de terceros, como una guerrilla. Para la Corte Constitucional, el alto tribunal no logró probar la falla en el servicio y el daño causado por la nación y, por eso, le ordenó al Consejo de Estado rehacer la sentencia. Ese choque de trenes no se ha resuelto. Al sol de hoy no se conoce el nuevo fallo y, en consecuencia, la reparación de las tres familias sigue sin concretarse. Ahora la Corte Constitucional tiene otra vez la oportunidad de decantar el papel que cumplió El Nogal en el atentado y sobre la reparación a las víctimas.
