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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó oficialmente su renuncia al cargo luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara abandonar la cartera. La salida de Bonilla ocurre en medio del escándalo relacionado con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que es acusado por su exasesora de dirigir contratos a congresistas a cambio de votos.
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Bonilla asumió como ministro de Hacienda en mayo de 2023, tras haber ocupado anteriormente el cargo de secretario de Hacienda en Bogotá durante la administración de Gustavo Petro como alcalde. Su renuncia fue anunciada a través de una carta enviada al mandatario, en la que el ahora exministro aseguró que considera necesario apartarse del cargo para asumir su defensa jurídica como ciudadano y evitar que la investigación en su contra afecte la agenda del Gobierno.
En un mensaje publicado horas después de su renuncia, Bonilla manifestó: “Desde que me posicione como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé el cargo y no lo usaré para defenderme de este confuso episodio. (...) Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en el alto, confiado de convencer a mis investigadores que no compre silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos”.
Bonilla aseguró en su declaración que “el presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada”. Asimismo, asegura que su defensa está basada en la verdad y en la transparencia, “como lo han sido todos los actos de mi vida pública y académica”, finalizó.
Las acusaciones contra Bonilla
El caso que llevó a la renuncia del ministro está relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a través de la Ungrd. Según declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, el entonces ministro estaba al tanto de un esquema de corrupción que involucraba la entrega de contratos a congresistas a cambio de votos para aprobar créditos de alto valor.
La declaración de Benavides, filtrada a medios de comunicación, señala que Bonilla habría tenido conocimiento de los contactos entre contratistas y políticos que buscaban favorecerse con los llamados “cupos indicativos”. Sin embargo, el exministro ha negado categóricamente estas acusaciones y asegura que los contratos en cuestión no se materializaron, y tampoco se desembolsaron los $92.000 millones mencionados en el caso.
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Mauricio Pava, abogado de Bonilla, aseguró que la defensa ha recopilado pruebas suficientes para demostrar que su cliente no estuvo involucrado en la red de corrupción. “Desde hace tres meses, con el aval del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, hemos reunido material probatorio que demuestra que las funciones legales del ministro no estuvieron relacionadas con este esquema delictivo. Es importante que el país conozca cuánto se robaron, cuánto falsificaron y quiénes mintieron para confundir a la opinión pública”, señaló Pava.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente a Bonilla, asegurando que su renuncia no implica culpabilidad. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Petro afirmó que la solicitud de renuncia fue un acto para proteger al Gobierno de los ataques que buscan, según él, desestabilizar su administración.
Petro también enfatizó que en su Gobierno no se entregaron cupos indicativos a parlamentarios, una práctica cuestionada que supuestamente involucraría los recursos de la Ungrd. “El ministro no entregó cupos indicativos a parlamentario alguno, porque yo los denuncié, antes que nadie, y por centenares, y porque había ordenado que no se entregaran desde el primer día de mi gobierno”, afirmó.
El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, incluye a varios congresistas que supuestamente se habrían beneficiado de los contratos adjudicados por la Ungrd. Entre ellos se encuentran Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique, quienes ya han sido citados por la Sala de Instrucción de la Corte para rendir indagatoria, aunque algunos se han abstenido de dar declaraciones.
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El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, señalaron que Bonilla habría dado instrucciones para favorecer a ciertos legisladores mediante contratos en municipios como Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Bonilla, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y aseguró que los proyectos mencionados se encontraban en etapas preliminares y que no se desembolsaron recursos.
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