OCAD Paz: Corte Suprema abre investigación a tres congresistas conservadores

Wadith Manzur (izquierda), Alfredo Ape Cuello (centro) y Yamil Arana (derecha), congresistas en el periodo 2018-2022.

Foto: Congreso Visible – Universidad de Los Andes

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa a tres congresistas conservadores, quienes estarían involucrados en un complot de corrupción para desviar millones destinados específicamente a los municipios más pobres y golpeados por la guerra. Se trata de Wadith Manzur, Yamil Aran y Alfredo Ape Cuello, señalados como intermediarios para dar luz verde a proyectos financiados con la plata del OCAD Paz.

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Según indicó la alta corte, la investigación tiene su origen en el correo enviado por un ciudadano, quien señaló “que los mencionados habría recibido ‘coimas’ que oscilaban entre el 2% y el 12%, por su intervención en la contratación para la ejecución de proyectos – financiada con recursos de las regalías, concertados en el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, a cargo de la OCAD Paz, para lo cual presuntamente, se conformó una empresa criminal”.

Entre las pruebas ordenadas por la Corte Suprema está la declaración del Alto Consejero para el Posconflicto Emilio José Archila, quien el próximo 1 de agosto será escuchado ante la magistratura. El pasado 5 de julio, la Fiscalía también solicitó su versión, luego de que el mismo Archila mencionara que meses antes había denunciado irregularidades en el trámite de los dineros del OCAD Paz, del cual fue miembro en los últimos años.

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El OCAD Paz es un órgano colegiado que desde 2018 y hasta 2022 aprueba millonarios proyectos para los 170 municipios PDET, los cuales históricamente han sido golpeados por la pobreza, la violencia y las dinámicas de cultivos ilícitos. Se trata de un escándalo de proporciones mayúsculas, pues alcaldes de esos municipios han denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría que se necesitaba de un “padrino” o un congresista para que el OCAD Paz aprobara proyectos para sus regiones.

Los municipios que materializaron acuerdos con ese dinero, que viene de las regalías, también debían contar con el visto bueno de instituciones como la Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio correspondiente y la Agencia de Renovación del Territorio. Una investigación de Blu Radio establece que entre los involucrados estaría Luis Alberto Rodríguez, quien dirigió la DNP y en cuya administración se realizaba la secretaría técnica a los proyectos propuestos por los alcaldes.

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“Si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo de alto gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dádivas o algún recurso, porcentaje de un 10% o 15% para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado (por el OCAD Paz). Y luego, ahí llevarlo eso al municipio y para que el municipio haga gestión del mismo”, señaló al medio radial una fuente anónima, cuyo nombre fue protegido para resguardar su identidad.

Incluso, el mismo Emilio Archila aseguró, de acuerdo a las denuncias que conoció, que los proyectos presentados al DNP debían tener la bendición de un tercero. “Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, explicó. El consejero agregó que toda corrupción, ese “peaje”, se habría presentado antes de que lo pudiera notar y en etapas anteriores a la intervención de la Consejería para el Posconflicto.

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La nueva directora del DNP, Alejandra Botero, señaló a principio de mes que el Departamento archivó dos denuncias relacionadas con el escándalo. “No hay ninguna prueba y hacemos la invitación: por favor, denuncien, porque somos los primeros interesados en que, si hay alguna irregularidad, se pruebe y podamos tomar los correctivos”, aseguró. No obstante, la Procuraduría adelanta 24 indagaciones e investigaciones por presuntas irregularidades que salen a la luz a través de la información de prensa. Ahora, la Corte Suprema determina posibles responsabilidades penales.