“No hay ninguna prueba y hacemos la invitación: por favor, denuncien, porque somos los primeros interesados en que, si hay alguna irregularidad, se pruebe y podamos tomar los correctivos”, dijo la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero. Luego de que salieran a la luz denuncias de hechos de corrupción en el manejo que le ha dado la entidad a las regalías destinadas a financiar proyectos en los municipios más pobres y afectados por la violencia, Botero dijo que el propio DNP ya ha archivado dos investigaciones por falta de pruebas.
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Las denuncias se pusieron en la agenda nacional por una investigación periodística de Blu Radio, en la que se asegura que, al parecer, en la administración del exdirector del DNP Luis Alberto Rodríguez, y en connivencia con la Contraloría, se les exigían coimas a alcaldes y gobernadores para aprobar proyectos. La Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones, sin embargo, este 7 de julio Botero aseguró que ella tenía conocimiento de estas denuncias desde agosto de 2021, cuando llegó al cargo, y que, desde entonces, nada se ha probado.
En concreto, las denuncias se concentran en una instancia llamada OCAD-Paz. Allí llegan los proyectos de los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son los que más han sufrido la guerra y que, en muchos casos, no tienen vías, escuelas, servicios públicos. Los alcaldes de estos lugares presentan proyectos al OCAD-Paz, donde hay un representante del Gobierno —el secretario para la Estabilización—, un alcalde y un gobernador de municipios o departamentos priorizados en los PDET.
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“Si el alcalde quiere desarrollar una vía terciaria, tiene que ir al Ministerio de Transporte, que tiene que definir si la vía se necesita, es importante para el municipio y qué requisitos técnicos tiene. En segundo lugar, tiene que ir a la Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de las obras en los 170 municipios PDET. Y, finalmente, el DNP hace una verificación de requisitos para que el proyecto sea aprobado”, explicó la directora Botero. Sin embargo, denuncias aseguran que para obtener los vistos buenos era necesario contar con un “padrino” congresista o pagar una millonaria coima.
La investigación periodística incluso asegura que se habrían pagado hasta $500.000 millones en coimas. La directora del DNP negó la veracidad de esa cifra. “Esos $250.000 o $500.000 que van anunciando, no sabemos de dónde viene esa cifra. Y si no tenemos ninguna irregularidad o ninguna prueba no podemos saber en dónde están en este momento”, dijo Alejandra Botero. Y fue tajante con su postura: “El DNP no aprueba proyectos, lo que hace es ejercer la secretaría técnica”. Es decir, solo verifican que la propuesta del alcalde cumpla con los requisitos.
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Botero sí reconoció, sin embargo, que las denuncias son de vieja data y aseguró que, por eso, inició un proceso de “optimización” de esa labor técnica del DNP en el OCAD-Paz. “Renovamos el proceso que surte ese proceso de verificación y, finalmente, le dimos transparencia y trazabilidad a esos recursos. Todos los sistemas que tienen que ver con regalías en este momento están interoperando, tienen la información subida en la página web de regalías: dónde está, en qué fase está, quién es el contratista”, aseguró la alta funcionaria en una rueda de prensa en Casa de Nariño.
Ahora bien, tras la llegada de Botero al DNP salió de la entidad una de las personas que ha sido señalada de irregularidades: Álvaro Ávila, director de regalías y quien ejercía más directamente la labor de secretario técnico del OCAD-Paz. “Cuando llegué a regalías, entre agosto y septiembre, ya había denuncias de posibles irregularidades. El cargo que ejercía Álvaro Ávila es de libre nombramiento y remoción, que requiere una persona de confianza. Así, a partir de octubre, por las irregularidades que había y por mi necesidad de tener ahí una persona de confianza, hablé con Ávila, acordamos una salida y él renunció en noviembre”, dijo Botero.
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Aunque en su tiempo en la dirección del DNP Alejandra Botero ha recibido cinco denuncias sobre este supuesto entramado, dijo que provienen de anónimos o nombres ficticios. Así, además de haber enviado copia de los correos que han recibido a la Fiscalía y la Procuraduría, el DNP abrió investigaciones internas. Pero dos de ellas ya fueron archivadas. “Los correos de los cuales vinieron no presentaron pruebas adicionales y cuando investigamos no encontramos ninguna rama de dónde buscar más información”, aseguró Botero.
La directora del DNP también dio un parte de lo que ha sido la gestión del gobierno Duque con estos recursos. En cuatro años, dijo, se han aprobado $6,7 billones en 681 proyectos por este mecanismo. Por esa vía del OCAD-Paz, el 96% de los municipios (163) PDET recibieron recursos por parte de la asignación paz. “Los 7 municipios que no recibieron recursos se les prestó asistencia técnica para que financiaran los proyectos con otras fuentes, como pueden ser regalías”, añadió Botero.
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