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Ocho funcionarios del Inpec y El Buen Pastor, suspendidos tras fuga de Aida Merlano

La Procuraduría abrió una investigación formal para esclarecer lo ocurrido y las posibles responsabilidades de los funcionarios.

Redacción Judicial

02 de octubre de 2019 - 08:44 a. m.
La senadora Aida Merlano fue condenada a 15 años de prisión hace dos semanas por un complejo esquema de compra de votos. / Archivo particular
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La indignación que ha causado la peliculesca fuga de la excongresista Aida Merlano, condenada por compra de votos, ya tuvo sus primeros efectos: la Procuraduría abrió una investigación formal para determinar la posible responsabilidad, por acción u omisión, de los funcionarios del Inpec y de la cárcel El Buen Pastor que estaban a cargo de custodiar a la exsenadora. Los funcionarios, además, fueron suspendidos de sus cargos por tres meses, mientras avanzan las pesquisas.

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Diana Cecilia Muñoz Miguez, hasta hoy directora del centro de reclusión El Buen Pastor; así como la subdirectora, Katherine Lozano Forero; el capitán de prisiones, David Alexander Álvarez Cárdenas; el inspector jefe, Julián Segundo Pérez, y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón, serán formalmente investigados por el Ministerio Público. Los funcionarios fueron apartados de su cargo de manera provisional mientras son investigados, a excepción de Muñoz, a quien la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ya le pidió la renuncia a raíz de lo ocurrido. 

Según informó la Procuraduría, se "busca establecer las razones que habrían llevado a cambiar el nivel de seguridad de Merlano de 1 a 2, lo que implicó que su desplazamiento al Centro Médico de la Sabana, donde estaba previsto que cumpliera la tercera cita de un proceso de rehabilitación oral, no estuviera acompañado de fuerza pública y un grupo operativo, como venía ocurriendo hasta el mes de mayo". Asimismo, el Ministerio Público alertó que la dragoneante y el conductor que custodiaban a Merlano habrían sido cambiados a último momento, al parecer, por orden de Julián Segundo Pérez. 

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Una vez concluida la investigación, la Procuraduría entrará a determinar si hubo o no faltas disciplinarias por parte de los funcionarios que tenían a su cargo la custodia de Merlano. De encontrarse mérito, llamarían a juicio disciplinario a los supuestos involucrados, lo que podría acarrear que los separen del cargo e, incluso, inhabilidades para volver a trabajar con el Estado.

Merlano renunció a los servicios de salud que se prestan en la cárcel y eligió, como es el derecho de cualquier persona privada de la libertad, pagar su propio sistema de salud. Así fue como terminó Merlano, quien hasta ayer estaba recluida en El Buen Pastor, en el Centro Médico La Sabana, edificio ubicado en el costado nororiental de la carrera séptima con calle 119, en el norte de Bogotá. 

Al parecer, mientras Merlano era custodiada por dragoneantes a su cita odontológica, otro de los funcionarios del Inpec custodiaba la puerta del centro médico. Sin embargo, la congresista escapó por una ventana del costado del edificio y, sobre la calle 119, la esperaba una moto que, tras su caída, le pasó un casco y la alejó con rapidez del lugar. 

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Asimismo, el hasta hoy director de la Inpec, general William Ernesto Ruiz, señaló, horas antes de que la Ministra de Justicia le solicitara la renuncia, que ordenó una investigación interna para determinar si existió colaboración o complicidad de los dragoneantes que estaban a cargo de la custodia de Merlano. "Los elementos materiales de prueba dan a entender que hubo una participación de terceros y no se descarta que los guardias que estaban con Merlano sean incluidos en la investigación", le dijo a Blu Radio. Añadió que la recompensa por información sobre el paradero de la excongresista condenada asciende a $50 millones.

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Para la Unión de Trabajadores Penitenciarios, la fuga de Merlano habría sido premeditada y con complicidad "de la persona que la recogió para transportarla en motocicleta" y, al parecer, de personal del centro médico. Por esa razón, solicitaron una investigación que defina si en este caso hubo "responsabilidad por parte de la administración, que es quien autoriza y da la orden de remisión médica".

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El Inpec, por su parte, confirmó que el odontólogo que atendió a Merlano es considerado "presunto cómplice de fuga" y está a disposición de la Sijín de la Policía. La Procuraduría también llamará a declarar al doctor, junto a las otras personas que habrían asistido al consultorio. 

*Nota de la editora: La información aquí publicada se actualizó, luego de que se conocieran los resultados de la indagación preliminar que adelantó la Procuraduría este miércoles 2 de octubre. 

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Por Redacción Judicial

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