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Una fiscal de la Seccional Caldas imputó a ocho personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial conocido como “Venus”, que, supuestamente, extorsionaba a ciudadanos contactados a través de plataformas digitales y cuentas en redes sociales en las que se ofrecían servicios sexuales. Según la Fiscalía General de la Nación, la estructura habría obtenido más de COP 280 millones con esta actividad ilícita.
Las evidencias recolectadas por el ente investigador señalan que los integrantes de esta organización se comunicaban con las víctimas, ganaban su confianza y les solicitaban información personal y fotografías íntimas. Posteriormente, les exigían sumas superiores a los dos millones de pesos a cambio de no divulgar ese material.
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En otros casos, la red presuntamente obtenía imágenes publicadas por hombres y mujeres en redes sociales y les agregaba mensajes con acusaciones falsas, como su supuesta participación en actos de pedofilia y otras conductas criminales. Luego, los amenazaban con difundir ese contenido si no entregaban el dinero.
En total, seis personas que harían parte de la estructura fueron capturadas en Bogotá, Ubaté, San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), y Chaparral (Tolima). Otros dos presuntos integrantes de este grupo ya estaba en prisión por otros delitos y fueron notificados de la nueva imputación en su contra. De acuerdo con las autoridades, quienes ya estaban privados de la libertad tienen otras cuatro denuncias activas en Caldas.
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La Fiscalía detalló que entre los procesados están Karol Dayanne Caviedes Guzmán y Daniel Andrés Rodríguez Cuevas, quienes serían los encargados de captar, administrar y distribuir las fotos íntimas de las vícimas. Al parecer, para recibir el dinero utilizaban productos financieros creados a nombre de terceros y de ciudadanos fallecidos, para lo cual empleaban sus huellas dactilares y registros fotográficos con el fin de ocultar sus identidades.
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Caldas le imputó a cada uno los delitos de concierto para delinquir, extorsión y enriquecimiento ilícito. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento: cinco deberán permanecer en un establecimiento carcelario y los otros tres cumplirán la medida en sus lugares de residencia.
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