La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura (Valle del Cauca), donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 homicidios, en su mayoría de jóvenes entre 17 y 30 años. La entidad advirtió que estos hechos responden a disputas entre grupos armados por el control territorial, lo que evidencia el incumplimiento de compromisos y una respuesta estatal insuficiente.
De acuerdo con el informe, la violencia se ha intensificado en comunas como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y sectores de la comuna 12, donde se han expandido las confrontaciones armadas. Estas dinámicas estarían relacionadas con procesos de reconfiguración interna de los grupos ilegales, tras la captura de algunos de sus integrantes, lo que ha desatado disputas por el control de economías ilícitas y ajustes internos.
Una de las causas de está reorganización es la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada, que delinque en el departamento del Valle del Cauca. El hombre es requerido por la justicia norteamericana para que responda por cargos relacionados con narcotráfico.
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Como consecuencia, la Defensoría señaló que se han consolidado las llamadas “fronteras invisibles”, con restricciones a la movilidad y confinamientos de facto que afectan a la población civil. Asimismo, alertó por el impacto desproporcionado sobre jóvenes, especialmente hombres, quienes enfrentan riesgos de reclutamiento, instrumentalización o señalamientos en medio de estas disputas.
El organismo documentó al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otro menor presuntamente vinculado a estructuras armadas y tres casos de desaparición forzada, fenómeno que, advirtió, avanza de forma paralela a los homicidios.
A este contexto delicado de orden público se suman extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados que han afectado viviendas, entornos escolares y la movilidad en distintos sectores del distrito.
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La Defensoría del Pueblo concluyó que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a las dinámicas de control territorial de los grupos armados. Por ello, instó al Gobierno nacional, regional y local a implementar una intervención integral enfocada en las zonas más afectadas y en poblaciones vulnerables como jóvenes y comunidades educativas. Asimismo, la entidad exigió a los grupos armados en diálogos de paz cumplir los compromisos adquiridos, que no se reflejan en la realidad del conflicto.
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