Un comunicado del llamado "Espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos" de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio, precisa que las amenazas provienen de grupos conocidos como 'Las Águilas Negras'. Las ONG precisan que las advertencias han sido lanzadas a cinco de las organizaciones así como a directivos y trabajadores de (Adeco), de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), cuya principal refinería tiene sede en ese puerto sobre el río Magdalena.
Los denunciantes recuerdan, entre los últimos hechos, cómo el pasado jueves llegó a una de las organizaciones amenazadas, el anuncio escrito donde se declara "objetivo militar", entre otros, a los integrantes de Adeco, de la Unión Sindical Obrera (Uso, sindicato petrolero) y a la Organización Femenina Popular (OFP).
El anuncio o amenaza está firmado por el llamado "comandante de zona Águilas Negras de Colombia", señala el comunicado. Esta "acción intimidatoria se suma a la larga lista de amenazas recibidas por estas y otras organizaciones en lo transcurrido del año", recuerda también la denuncia.
Esas advertencias, dicen también los denunciantes, se relacionan "con patrullajes nocturnos realizados por hombres armados y encapuchados" en algunos sectores de Barrancabermeja. Añaden que les "preocupa la actitud de las autoridades civiles y militares de querer desvirtuar esta realidad, negando la presencia de estas estructuras al servicio del crimen".
Para los denunciantes, esas amenazas "tienen el propósito de intimidar, deslegitimar y romper el tejido social que se construye con el sano ejercicio de la defensa de los derechos humanos integrales". También señalan que "el Estado colombiano propicia la impunidad de crímenes contra defensores de derechos humanos y a la vez actúa con suma diligencia cuando se trata de judicializarlos".
Ante ello, los denunciantes exigen a las autoridades locales y nacionales "investigar la procedencia de estas acciones violatorias de los derechos humanos y desarticular estas estructuras armadas". Asimismo, piden "al Estado colombiano proteger la vida y la integridad de las organizaciones objeto de la amenaza, así como las garantías materiales y políticas para que continúen en su ejercicio por la defensa de los derechos humanos".
Instan, igualmente, "a la comunidad internacional que interpele al Gobierno colombiano en relación con su compromiso de dar cumplimiento a la Constitución Política y a los Tratados Internacionales, ya que no se garantiza la vida ni la aplicación de los Tratados Internacionales de obligatorio cumplimiento".