Operación contra el contrabando en Nariño terminó en intento de asonada

La operación fue desarrollada por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 3 Cabal, en inmediaciones del corregimiento de Yaramal, municipio de Ipiales (Nariño).

Foto: Archivo Particular

Lo que empezó como una operación de control al contrabando en el sur del país derivó en un nuevo intento de asonada contra las autoridades. El pasado 10 de septiembre, en inmediaciones del corregimiento de Yaramal, municipio de Ipiales (Nariño), tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 3 Cabal, en coordinación con la Policía, la Fiscalía y la DIAN, ejecutaban órdenes judiciales de allanamiento cuando un grupo de personas intentó agredirlos para evitar la incautación de la mercancía ilegal.

En el procedimiento fueron halladas 411 cajas de bebidas alcohólicas de contrabando, cuyo valor comercial fue estimado en cerca de $1.000 millones. La mercancía se encontraba escondida en varias viviendas de la zona y, de acuerdo con las autoridades, hacía parte de una red que abastece mercados ilegales a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana.

Mientras las autoridades adelantaban la incautación, en videos se observa como varias personas llegaron al lugar con la intención de frenar la diligencia. De acuerdo con los reportes del Ejército, algunos de los presuntos dueños de la mercancía habrían rodeado y hostigado a la tropa, lo que obligó a los uniformados a replegarse, después de asegurar el material incautado.

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El Ejército confirmó que no se registraron soldados heridos ni lesionados de la comunidad. Sin embargo, advirtió que quienes participaron en la agresión habrían incurrido en los delitos de ataque a servidor público y concierto para delinquir, hechos que ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

El departamento de Nariño ha sido identificado como uno de los corredores principales para el tráfico de mercancías de contrabando que ingresan desde Ecuador. El comercio ilegal de productos —particularmente textiles, calzado, licor y cigarrillos— no solo genera millonarias pérdidas fiscales, sino que, según informes de inteligencia, también sirve como fuente de financiación para economías criminales en la región.

“El Ejército rechaza categóricamente este tipo de acciones que buscan obstaculizar el cumplimiento de la ley y reitera su compromiso con la protección de la población civil, la defensa de la legalidad y la lucha contra los fenómenos de inestabilidad que afectan al suroccidente del país”, señaló la institución a través de un comunicado.

Otros intentos de asonadas en el sur del país

El mismo pasado 10 de septiembre, una operación militar contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Guzmán (Putumayo) terminó en disturbios que pusieron en riesgo la vida de civiles y uniformados. Los hechos ocurrieron en la vereda Mandur, donde tropas del Ejército destruían maquinaria amarilla empleada en la explotación de oro a cielo abierto.

De acuerdo con registros audiovisuales difundidos por medios locales, cerca de 80 personas rodearon a los soldados, lanzándoles piedras e insultos. Algunos de los manifestantes incluso intentaron despojar de sus armas a los militares con el fin de detener el procedimiento.

Ante la situación, los uniformados realizaron disparos al suelo para dispersar a la multitud y evitar una posible retención. En medio de esa acción, un proyectil impactó en el pie de un civil, cuyo estado de salud, según el Ejército, es estable. Tras el incidente, las tropas se replegaron y abandonaron el área.

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Una semana antes, el 3 de septiembre, se presentó un episodio de violencia aún más grave en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón. En esa ocasión, soldados de la Brigada 27 del Ejército adelantaban una operación para destruir un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca, considerado fuente clave de financiamiento de los grupos armados que operan en el departamento.

Durante el procedimiento, un grupo de civiles atacó a la tropa con piedras y objetos contundentes. El reporte oficial indica que dos de los agresores rociaron a los uniformados con gasolina y les prendieron fuego.

Las víctimas de este ataque fueron identificadas como el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien sufrió quemaduras de tercer grado en el 75 % de su cuerpo, y un soldado profesional con lesiones en el 30 % de su superficie corporal. Ambos fueron trasladados inicialmente a centros asistenciales de la región y luego remitidos a hospitales de mayor complejidad para recibir atención especializada.

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