Ordenan proteger a comunidad del Bajo Cauca por erosión provocada por el río Cauca

Mediante un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 31 de julio, la Alcaldía de Buenaventura debía llevar al menos 50 litros de agua potable por cada habitante. Debido al incumplimiento del fallo, la comunidad continúa cruzando el río para conseguir este recurso.

Foto: Archivo Particular

La administración municipal de Caucasia (Antioquia), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) deberán trabajar para impedir que el río Cauca, el segundo más grande del país, llegue a la zona habitada en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

Cerca de 3000 pobladores de la vereda La Uribe y sus inmediaciones, se verán beneficiados con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, como respuesta a una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo y que acaba de fallar a su favor el Tribunal Superior de Antioquia.

“Durante dos meses, la administración municipal de Caucasia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia deberán estructurar un plan de contingencia y un cronograma de actividades para conjurar una eventual inundación de grandes proporciones y poner en marcha obras preventivas, cuyo fin es impedir que el río Cauca llegue a la zona habitada”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El defensor del Pueblo, acompañado de una comitiva de la institución nacional de derechos humanos, les dio a conocer la decisión a los moradores, en una visita a La Uribe, donde verificó las condiciones en las que habitan las personas afectadas por la erosión e inundaciones ocasionadas por el segundo río más grande de Colombia.

La entidad, a través de su Regional Bajo Cauca y su Delegada para la Prevención de Desastres, busca que los derechos fundamentales y colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, así como la seguridad y salubridad públicas de los habitantes residentes en la zona, sean salvaguardados.

“En los últimos dos años hemos acompañado a la población a través de nuestro equipo en terreno, que ha sido testigo de la gravedad de la erosión, la cual no solo borró del mapa la vía que conduce a la vereda Puerto España, sino que avanza progresivamente hacia la llanura aluvial, donde reside un número importante de familias”, agregó el Defensor del Pueblo.

Finalmente, Carlos Camargo Assis hizo un llamado al nuevo alcalde: “Es oportuno que priorice lo ordenado por las autoridades judiciales. Necesitamos que haya avances significativos. El bienestar de la comunidad y la garantía de sus derechos fundamentales deben prevalecer”.

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