El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que se desmonten las placas que fueron puestas en las instalaciones de la Fiscalía en honor a Francisco Barbosa y, además, ordenadas por él mismo. Estas tenían como objetivo “recordar la gestión” del exfiscal general, sin embargo, el Tribunal falló a favor de Felipe Cardona Mayo, José Miguel Aristizábal y Tatiana Pineda Ospina, por lo que el ente investigador tendrá un plazo máximo de diez días para desmontarlas tanto del búnker de la entidad como del resto de sedes.
Pineda Ospina expuso que, por medio de una investigación que realizó la Silla Vacía, se enteró de la instalación de placas conmemorativas en Tunja, Guaviare, Neiva, Pitalito y La Plata, en reconocimiento a la gestión y mejoras en la infraestructura que habría realizado el exfiscal general Barbosa.
Por este motivo, el pasado 9 de febrero le solicitó a la Fiscalía que estas fueran retiradas en cumplimiento del Decreto 2759 de 1997, la cual prohíbe que se instalen placas o leyendas enfocadas en recordar el trabajo de los funcionarios en ejercicio, además solicitó información sobre si había existido un acto administrativo que autorizara esta instalación. Así mismo, Cardona Mayo y Aristizábal Zuluaga, también le solicitaron a la entidad que retirara estas placas, alegando el cumplimiento del mismo decreto.
Durante el proceso, la Fiscalía respondió que “la información contenida en los elementos solicitados a retirar no constituye un homenaje o exaltación a personas, sino que brinda una información útil sobre la gestión realizada por la Fiscalía General”. El ente investigador argumentó que estas placas contribuían al principio de transparencia y memoria histórica de la entidad.
Sin embargo, sobre este punto el Tribunal afirmó que “de acuerdo con las imágenes aportadas en el expediente, se considera que la instalación de estas sí configura un desacato de la norma, dado que en ellas se evidencia con absoluta claridad, la exaltación de las labores del entonces Fiscal General de la Nación Dr. Francisco Barbosa”. Esto debido a que en cada una de ella se resalta el nombre del funcionario y que las obras se realizaron durante su gestión, lo que llevó al Tribunal a fallar en favor de los tres ciudadanos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.