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La estrategia del Gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, suspendida por orden de la Corte Constitucional, podría ser denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un total de 22 organizaciones sociales, indígenas y campesinas solicitaron una audiencia temática, para que el órgano del sistema de justicia interamericano conozca las presuntas falencias del Estado, respecto de la estrategia antidrogas que no se ha materializado gracias a tutelas decididas a favor de las comunidades afectadas.
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Las organizaciones, entre ellas Dejusticia y la Consultoría en Derechos Elementa, solicitan a la CIDH que preste atención a presuntas vulneraciones de derechos por parte del Estado, en su carrera por el retorno del glifosato. Esperan que en el próximo periodo ordinario de sesiones, entre el 13 y 24 de junio, sus argumentos puedan ser escuchados en una audiencia temática. Se trata de un espacio otorgado a la ciudadanía, para que explique cada uno de sus malestares respecto de una problemática de orden nacional.
“Las audiencias temáticas son espacios que se conceden a la sociedad civil para tratar asuntos de interés respecto a problemáticas de derechos humanos en un Estado, un conjunto de Estados o una región específica. Los peticionarios pueden formular recomendaciones a la CIDH para que esta luego las desarrolle”, explica el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). De ser autorizada, participarán testigos, peritos, las organizaciones y, además, el Estado deberá tener representación.
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Según las organizaciones, desde 2019, el Estado ha insistido en priorizar la reactivación de la aspersión aérea con glifosato, a pesar de la evidencia científica sobre efectos en la salud de la población. Asimismo, daños al medio ambiente, “fragmentación social” en las zonas rurales e “inefectividad medida para contrarrestar las actividades de los eslabones más fuertes de la cadena de narcotráfico en el país”. Incluso, argumentan que la medida desconoce los Acuerdos de Paz, en el cual se planteó como última opción esa estrategia, por debajo de la sustitución voluntaria de cultivos.
La pelea jurídica más fuerte que se ha librado para el eventual retorno del glifosato ha sido el conocimiento integral de la estrategia, por parte de las comunidades afectadas. El Gobierno ha ubicado seis núcleos, que abarcan 14 departamentos y 104 municipios. Según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Colombia permanecen 143.000 hectáreas sembradas con coca. No obstante, las comunidades donde se pretende rociar accionaron con tutela a la Nación, alegando que no se les ha explicado de qué se trata en Plan de Manejo Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Mucho menos en temporada COVID.
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Tal ha sido el desencuentro entre las comunidades y el Gobierno, que el pasado 19 de enero la Corte Constitucional tumbó el Plan de Manejo Ambiental para revivir la estrategia. “Afirmaron (las comunidades) que en los municipios donde residen no tienen una buena conexión a internet que les facilite la participación adecuada a través de los canales virtuales dispuestos por la ANLA. Para ello trajeron a colación información del DANE, según la cual, en el país solo el 52.7% de los colombianos tiene conexión a internet, y de esa cifra, únicamente el 16,2% tiene conexión en centros poblados y rural disperso”, se lee en la sentencia.
Aparte de ello, las organizaciones sociales en la petición hablaron de los efectos adversos del herbicida. Citaron un informe de la Universidad del Valle, sobre salud sexual y reproductiva, en el que se lo relaciona al glifosato con abortos, problemas de fertilidad y efectos nocivos de rendimiento reproductivo que se reflejarían de manera transgeneracional. Asimismo, citaron el caso “Yaneth Valderrama y Familia vs Colombia”, admitido por la CIDH en junio de 2018. Se trata de una colombiana quien, embarazada, murió tras ser rociada con el herbicida.
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En 1998, en el municipio de Solitá (Caquetá), Yaneth Valderrama fue rociada por un helicóptero de la Policía Nacional, cuando lavaba ropa en un riachuelo cerca a su casa. “El 30 de septiembre de ese año, Yaneth Valderrama ingresó al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, presentando manchas en la piel, dificultad para respirar y caminar, y un intenso dolor de huesos y músculos, entre otros síntomas”, se lee en el informe de admisibilidad. Murió el 23 de marzo de 1999, tras una neumonía severa. El Estado podría responder por esa muerte.
“Un estudio realizado por la Corporación Geoambiental Terrae, señala que el glifosato después de la aspersión puede seguir varias rutas, entre estas destaca la llegada al suelo donde puede transformarse y formar un compuesto similar denominado AMPA, más tóxico que el propio glifosato, o seguir siendo glifosato y quedarse dentro del suelo. La llegada de dicho tóxico al agua pone en riesgo la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la salud tanto de los seres humanos como de la fauna”, agregan las organizaciones en su solicitud de audiencia.
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Además, citaron una sentencia de unificación de la Corte Constitucional de 2003, en la cual se amparó el derecho a la integridad étnica de los públicos indígenas de la Amazonía. Señalaron que el glifosato estaba afectando las plantaciones de coca, la cual es considerada una planta sagrada bajo sus estándares sociales y que deberá ser protegida siempre y cuando sea usada con fines culturales. Así las cosas, las organizaciones sociales esperan respuesta por parte de la CIDH, ante la cual podrían exponer de manera detallada sus “peros” al Gobierno, en su plan por erradicar los cultivos de uso ilícito.
A continuación, las organizaciones firmantes:
Elementa, Consultoría en Derechos; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia; Centro de Derechos Reproductivos; Comisión Nacional de Territorios Indígenas; Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaría; Consejo Regional Indígena del Cauca; Cooridnadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana; Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle; Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes; Corporación Geoambiental Terrae; Colectivo Morro de Agua; Cantoalagua; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR; Corporación Humanas Colombia; Viso Mutop; Forest Peoples Programme; Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA-; Circuito Económico Solidario de Támesis; Campesinos de Palocabildo; Parametría – Ecuador; Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas de Ecuador -GIIDE-.
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