La salida del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a pocas semanas del cambio de gobierno, volvió a poner sobre la mesa un debate que ha sido uno de los tantos lunares de la paz total, que hoy por hoy enfrenta balances críticos por sus resultados. La carta de renuncia llegó al despacho del presidente Gustavo Petro, luego de que él mismo la solicitara, y apenas unas horas después de que Cuervo señalara en una rueda de prensa los desaciertos de esa política. Pero, sobre todo, el ministro saliente se desmarcó de una de las decisiones más polémicas de Petro: darle estatus político a las disidencias de las Farc. Una resolución que incluso el Consejo de Estado tuvo que suspender en la mesa con la Segunda Marquetalia.
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“Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política”, afirmó el ministro. En su concepto, esa determinación “generó muchísimos problemas” y, además, desconoció el Acuerdo de Paz de 2016. En efecto, según la Corte Constitucional, quienes hayan firmado acuerdos de paz con el Gobierno en el pasado no podrán acceder a la justicia transicional y tampoco adelantar diálogos políticos con el Ejecutivo. Precisamente, la decisión del Consejo de Estado se centró en un asunto puntual: al tratarse de una estructura reincidente, entonces debió adoptar la figura de Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto (Eaocai), y no la de un Grupo Armado Organizado (GAO), que le entregó estatus político.
Jorge Mantilla, investigador del conflicto armado y profesor de la Universidad del Rosario, señaló el impacto de haber dado estatus político a las disidencias: “El reconocimiento político a la Segunda Marquetalia afectó no solo a ese grupo, sino al Acuerdo de 2016 y su implementación. Fue un error en términos de deslegitimar la construcción de paz, más allá de que un grupo se fortaleciera o tuviera un estatus. Aunque para el país era evidente que Iván Márquez y la Segunda Marquetalia carecían de legitimidad, esto fue un golpe muy duro para los excombatientes, para el partido Comunes y para los procesos de reintegración, desmovilización y transformación territorial”. Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), también existen repercusiones para las comunidades.
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“Estas personas se habían comprometido previamente con las víctimas y el país a desarmarse y reincorporarse a cambio de beneficios jurídicos y económicos. Otorgarles un nuevo estatus genera un incentivo perverso: permitir a los grupos negociar, recibir beneficios y luego rearmarse para buscar una nueva negociación”, señaló. Y agregó un asunto clave que hoy es una de las críticas más fuertes a la paz total: “Dar estatus a estos grupos significó otorgarles una gran concesión a cambio de nada. Se dieron ceses al fuego prematuros sin exigirles que dejaran de expandirse, de reclutar o de afectar a la población civil”.
Según datos de la FIP, los grupos armados ilegales cerraron el 2025 con más de 27.000 integrantes. A eso se le suma el panorama relacionado con las otras dos disidencias con mayor presencia en el país: el Estado Mayor Central, de alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, de alias “Calarcá”. En total, ambas facciones crecieron un 23 %, para un total de 4.019 integrantes y, en los últimos dos años, crecieron en un 50 % las agresiones contra la Fuerza Pública. Para quienes estudian este crecimiento, aunque las cifras de homicidios se redujeron, la gobernanza criminal creció exponencialmente.
En efecto, un reciente estudio del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes detalló cómo los ceses al fuego en periodos determinados se tradujeron en control territorial. El informe resaltó un hallazgo fundamental: las formas de violencia más visibles, como los homicidios y las masacres, ni disminuyeron ni aumentaron. Sin embargo, las formas de violencia menos visibles se dispararon: la extorsión aumentó un 337 %; las amenazas a las comunidades crecieron un 70 % y el reclutamiento forzado de menores de edad aumentó un 168 %. Asimismo, la gobernanza criminal creció un 32 %.
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Andrés Macías, doctor en Estudios de Paz y Conflicto de Tokyo University of Foreign Studies en Japón y actual Coordinador del Grupo de Investigación OPERA de la Universidad Externado, señala que para las comunidades lo importante es que los procesos de paz se traduzcan en mejoras en su seguridad. “Pero, si por el contrario, permite que el grupo armado mantenga el control territorial y las economías ilegales mientras negocia, el impacto puede ser contraproducente para la población civil”, explicó. Sin embargo, el investigador agregó que existen diferencias importantes entre el estatus político y el sometimiento.
Por un lado, cuando una mesa tiene estatus político, significa que el gobierno puede negociar transformaciones relacionadas con el conflicto con un grupo armado que tiene motivaciones políticas. Pero, según Macías, si en ese escenario el grupo armado mantiene actividades como la extorsión, el narcotráfico o el control territorial mientras negocia, puede fortalecer su capacidad de coerción sobre la población y consolidar formas de gobernanza criminal. “En esos casos, las comunidades pueden percibir que el proceso termina otorgando legitimidad a un actor que continúa vulnerando sus derechos, especialmente si no existen mecanismos eficaces de verificación y sanción frente a los incumplimientos”, dijo.
Para el investigador Macías, se puede hablar de un grupo insurgente con estatus político señalando a las Farc o al Eln, pero las disidencias no deberían tener ese trato. Aquí entra el otro escenario, el del sometimiento. Este proceso parte del objetivo principal de desmantelar la organización mediante beneficios jurídicos condicionados al abandono de las armas y al sometimiento a la justicia. “Aunque este modelo puede ofrecer mayor claridad en materia de responsabilidad penal, normalmente tiene menos margen para negociar asuntos políticos o territoriales y suele ofrecer menos instrumentos para construir acuerdos humanitarios durante el proceso”, añadió.
A estos escenarios se le suman polémicas que han puesto en crisis las mesas de paz total. Recientes investigaciones periodísticas han dejado ver la expansión de las disidencias en medio de las negociaciones. Por ejemplo, un informe de Noticias Caracol reveló como por medio de chats, cartas, fotos, correos, documentos internos y confidenciales de la Fuerza Pública, la disidencia de “Calarcá” habría podido esquivar controles y emboscadas del Ejército.
Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado lo que hizo fue distinguir claramente entre ambos escenarios: el del estatus político y el del sometimiento. Para Mantilla, esa resolución del alto tribunal marca un precedente clave. “Una decisión de este tipo permite que las acciones del Ejecutivo —como la asignación de recursos o el diseño de programas— sean demandadas, lo que podría convertir el pacto en un acuerdo de papel. Finalmente, esto llevaría a que estas personas aleguen un incumplimiento del Estado sobre compromisos irrealizables y terminen volviendo a las armas”, dijo. En realidad, el asunto jurídico y de estatus político fue una de los principales debates cuando se instaló la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia en junio de 2024, pues “Iván Márquez” y “Walter Mendoza”, ambos jefes disidentes, abandonaron el Acuerdo de 2016.
Sin embargo, el gobierno Petro la ausencia de una política acorde con la Constitución hoy podría pintar un panorama incierto al único proceso que ha tenido avances: el de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En el mismo gobierno saliente reconocen que de las siete mesas de negociación que hay activas con grupos criminales rurales y urbanos, ninguna tiene realmente movimientos. En el papel, lo cual es parte de los informes de gestión que se le quieren entregar a la administración entrante, hay funcionarios designados para mantener los canales de conversación. No obstante, cuando falta menos de un mes para el relevo presidencial, todo quedó congelado.
Lo anterior ya pasó con las dos disidencias que incluso tenían zonas de ubicación para mover a sus hombres. Con la de Comuneros del Sur, que surgió del Eln, quedaron varios puntos escritos sobre los cuales trabajar un posible tránsito a la legalidad, y hasta se buscó un punto geográfico en Nariño para llevarlos. Sin embargo, ese último tramo de los acercamientos nunca se concretó. En este departamento también había canales concretos para dar un paso igual con la Coordinadora Bolivariana, disidencia de la Segunda Marquetalia. Eso no se concretó por la falta de un marco jurídico aceptado por ambas partes, aunque con esta misma estructura sí se logró la movilización de un centenar de sus miembros que actúan en Putumayo a una zona de ubicación.
El lío con ellos, admitido por las oficinas que tocan temas de paz en la Casa de Nariño, es que solo podrían acudir a un sometimiento para su dejación de armas, lo cual implica que paguen algo de cárcel. Según varias fuentes de este sector adscrito a la Presidencia, había voluntad de dar el paso, pero todo se frenó para saber qué condiciones impondrá la entrante administración de Abelardo de la Espriella. Más allá de la discusión jurídica, está el debate político que ya se libra entre los equipos de empalme. El saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro pidió espacios para hablar exclusivamente de su política de paz total. Pero el Ejecutivo que asumirá desde el 7 de agosto ya dejó claro que esos temas solo se abordarán desde los comités de seguridad. Además, que solo habrá sometimiento.
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