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El presidente Gustavo Petro radicó una carta ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que formalizó una querella penal contra Carlos Alonso Lucio López, gerente programático de Abelardo de la Espriella, por los delitos de calumnia e injuria.
En el documento, el mandatario precisó que su denuncia se dirige contra afirmaciones que considera falsas. Según explicó, Lucio llegó a sostener que Petro había incurrido en conductas delictivas, entre ellas la manipulación de la justicia, una supuesta orden a la tropa de no proteger a policías secuestrados, y presuntos vínculos con grupos paramilitares, a quienes, según las acusaciones de Lucio, Petro habría instigado a atentar contra su vida.
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El origen de la controversia se dio el pasado 5 de julio, cuando Lucio dio una entrevista a la Revista Cambio en la que insistió en una supuesta corrupción generalizada dentro del Gobierno Petro. En esa misma conversación, sostuvo que, bajo la administración de De la Espriella, existiría la posibilidad de que el mandatario fuera extraditado.
Un día después, habría reiterado y ampliado sus señalamientos en su cuenta personal de la red social X, en la que afirmó que el presidente mantiene una relación cercana con estructuras paramilitares bajo el amparo de la política de paz total, y vinculó al jefe de Estado con los hechos de su propio secuestro y tortura, atribuido en el pasado al fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño.
De acuerdo con la querella, Lucio también aseguró que la votación que respaldó al Pacto Histórico tuvo origen en presiones de grupos armados y que el Gobierno actual protege la impunidad de esas estructuras. Pese a la contundencia de sus señalamientos, el gerente programático de Abelardo de la Espriella habría reconocido en la entrevista que desconocía el estado real de los procesos judiciales a los que hacía referencia.
Para el mandatario, este último punto resulta central en su querella, pues evidenciaría una distancia entre lo que Lucio afirmó como hechos y lo que él mismo admitió no conocer con certeza. En la misma comunicación, el presidente Petro manifestó su disposición para asistir a una audiencia de conciliación.
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“Por tratarse de conductas querellables, manifiesto la voluntad de concurrir a la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, sin que ello implique renuncia a la acción, y dejo constancia de que la querella se presenta dentro del término de caducidad de seis meses”, señaló el jefe de Estado. Agregó que, en caso de que no prospere la conciliación, pidió a la Fiscalía adelantar la investigación contra Lucio para determinar su eventual responsabilidad penal.
Adicionalmente, solicitó al ente investigador adoptar medidas urgentes para asegurar la evidencia digital, entre ellas la preservación, bajo cadena de custodia, de las publicaciones hechas por Lucio en su cuenta de X y del video de la entrevista concedida a la Revista Cambio, al señalar el posible riesgo de que ese material pueda ser modificado o eliminado.
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