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Fuentes de la Policía española y el Director General de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas Valencia, confirmaron la captura en España del ex gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila. La Policía colombiana informó que “Se trata de un proceso adelantado por las autoridades de ese país por varios delitos con base en testimonios que comprometen al ex mandatario con presuntas actividades de trata y explotación de personas, entre otras conductas. A través de Interpol, las agencias policiales del país ibérico están solicitando información útil para el proceso”.
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El director de la Policía aseguró que el pasado 5 de mayo de 2021 fue capturado en Barcelona, quien estuvo a la cabeza del departamento entre 2004 y 2007, por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delito contra hacienda pública, delito contra medio ambiente y delito contra la seguridad vial. Vargas aseguró que las autoridades colombianas, en específico la Dijín de la Policía, y españolas trabajan en el intercambio de información.
La Policía colombiana señaló que la investigación inició en 2019 con la denuncia por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral instaurada por una empleada doméstica, que habría trabajado en Colombia para ‘Pablo Ardila’, y que habría sido su víctima, permitió que los investigadores recopilaran suficientes elementos materiales de prueba que comprometían al exgobernador con otros delitos.
“Dentro de las diligencias que evidenciaban su actuar criminal fue necesario analizar sus movimientos bancarios, los cuales no eran congruentes con la labor que realizaba en Barcelona, teniendo en cuenta que el capturado poseía varios autos de alta gama y una vivienda ostentosa, lo que llamó particularmente la atención de las autoridades judiciales”, informó la Policía colombiana a través de un comunicado de prensa.
Pablo Ardila Sierra, gobernador de Cundinamarca entre 2004 y 2007, amante de la caza, cuya familia fue propietaria del tabloide popular El Espacio hasta 2013, quería que el Estado le reconociera una indemnización de $3.961 millones por haber estado privado de la libertad desde el 27 de diciembre de 2007 hasta el 10 de septiembre de 2010. Y aunque no recibirá la cantidad de dinero que demandó para él, su padre y su esposa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí le dio la razón.
Ardila fue capturado en 2007 por orden de la Fiscalía y estuvo detenido hasta 2010 en medio de investigaciones por corrupción mientras fue gobernador del departamento. Sin embargo, en 2016, ese tribunal ordenó que lo indemnizaran por haber estado privado de la libertad. La indemnización reconocida fue de $43 millones por “perjuicios materiales” para resarcir los cuatro días en que no alcanzó a ejercer como gobernador por su arresto. Y, además, cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (poco más de $68 millones) para él por perjuicios morales.
De igual manera su esposa, la cirujana plástica Luisa Plata –con quien se fue a vivir a Barcelona al recuperar su libertad y donde ahora la vuelve a perder– y su padre, Jaime Ardila Casamitjana, recibieron una indemnización de cien salarios mínimos mensuales vigentes cada uno. Según el Tribunal de Cundinamarca, tanto Jaime Ardila como Luisa Plata “resultaron afectiva y emocionalmente ligados con el hecho de su detención”. Pablo Ardila pidió también una indemnización por el impacto del arresto sobre su relación en pareja, pero el Tribunal le respondió que no había probado el daño.
El fallo del magistrado Carlos Vargas Bautista -quien es enjuiciado por hechos de corrupción en la Rama Judicial-, respaldada por sus colegas Henry Barreto Mogollón y Leonardo Torres Calderón, se elaboró con base en el hecho de que a Pablo Ardila lo empezó a investigar la Fiscalía formalmente en diciembre de 2007 por presunto enriquecimiento ilícito; que el 27 de diciembre de ese año pidió su detención; que en agosto de 2008 lo llamó a juicio por extorsión, y que en 2012 fue absuelto en segunda instancia. La Fiscalía sostenía que el negocio de Pablo Ardila por la explotación de unas minas en Ricaurte (Cundinamarca) había sido turbio; Ardila insistió en que era legal y ganó la disputa.
Otros expediente en su contra tiene que ver con un convenio que pactó durante su mandato con la Universidad de Cartagena para diseñar y construir unos distritos de riego en Ubaque, Fómeque y Beltrán. El segundo, la Fiscalía indagaba por unas licitaciones que abrió para sistematizar colegios de varios municipios y para prestar el servicio de seguridad dentro de los mismos. En el tercero, se indaga si Pablo Ardila tuvo o no nexos con grupos paramilitares de Cundinamarca y de Bogotá. El cuarto expediente, igual de delicado, tiene que ver con su patrimonio: la Fiscalía revisa si se incrementó de forma injustificada mientras ocupaba la Gobernación.