El reciente escándalo revelado por Noticias Caracol de una presunta red de corrupción que vincula a un general del Ejército y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con supuestos nexos con la disidencia de alias “Calarcá” dejó entrever la fragilidad de la paz total y las dudas que deja la credibilidad de una mesa de negociación que habría sido utilizada por ese grupo armado para expandirse y fortalecerse.
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Más allá de las posibles fallas que quedaron al descubierto en términos de seguridad e inteligencia, el entramado destapó un asunto más profundo: mientras, al parecer, se les facilitaba información estratégica, esa disidencia habría aprovechado ese pacto de no agresión para obtener ventajas militares.
Las pruebas que conoció el país en el informe periodístico datan hechos entre 2023 hasta junio de 2024, cuando las fuerzas militares incautaron computadores portátiles, celulares y memorias USB incautados en un retén en Antioquia. En esa línea de tiempo, según datos de la fuerza pública, la disidencia de “Calarcá” habría aumentado sus integrantes en un 16 % en los últimos meses.
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Solo hasta junio de 2025, se estimaban 2.802 combatientes. Esto teniendo incluso un proceso de diálogo activo con el gobierno, pues también se mantuvieron activos en la violencia. Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo señalan desplazamientos, amenazas, homicidios, extorsiones, narcotráfico, tráfico de oro y armas.
Para entender ese fenómeno, analistas señalaron por lo menos dos estrategias: la utilización de la mesa y el aprovechamiento de los acuerdos bajo cuerda con funcionarios del gobierno.
“Este escándalo confirma o fortalece el argumento de que el incentivo para los grupos hoy en día dentro de la paz total es estar en la mesa, pero no necesariamente llegar a acuerdos finales o acuerdos grandes. Una cosa es tener voluntad de tener una mesa, pero tener voluntad de paz es otra”, señaló Kyle Johnson, director de Investigaciones en la Fundación Conflict Responses (CORE). y uno de los investigadores que le han puesto la lupa al surgimiento y fortalecimiento de las disidencias de las Farc.
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El informe periodístico reveló que, al parecer, el general Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Huertas, habrían filtrado información a la disidencia para esquivar controles y emboscadas del Ejército.
“Trajeron los números de celulares, los correos, frecuencias de radio. En el momento no tuvimos bajas, por así decirlo, de parte del Ejército nunca tuvimos bajas, que hayamos tenido capturas sí las tuvimos, pero ya por negligencia de los mismos guerrilleros, no fue porque no nos avisaron, fue por negligencia de los mismos guerrilleros”, añadió un disidente entrevistado por el medio.
Los pactos bajo cuerda que habrían favorecido a la disidencia
Uno de los disidentes entrevistados por Noticias Caracol dijo que habían tenido información clasificada sobre operaciones militares en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar y que esos datos les habrían dado ventajas. A eso se le suma uno de los elementos que más llamó la atención del reportaje: la propuesta de crear una empresa de seguridad fachada.
“Eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen y quedamos con hombres legales”, dijo uno de los disidentes entrevistados por el noticiero. Además, para Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a esos acuerdos bajo cuerda con funcionarios del gobierno se le suma la estrategia a doble bando de la disidencia.
“Esos acuerdos sí tuvieron impacto en la expansión de la disidencia, pero no es la explicación completa. El grupo armado también fue cuidadoso en expandirse sin ser atacados, pero todo eso ocurre en medio del cese al fuego”, explicó.
En efecto, la estructura armada ilegal al mando de alias “Calarcá” tuvo el cese al fuego más extenso del gobierno Petro: duró 19 meses, desde septiembre de 2023 hasta abril de 2025. Durante ese tiempo, al parecer, se dieron los presuntos movimientos de la disidencia con la fuerza pública para evadir los operativos militares.
En esa línea, Arias agregó: “‘Calarcá’ entiende que la expansión tiene que ser mucho más orgánica y controlada. Uno puede decir con tranquilidad que utiliza el proceso para ello”.
La mesa de paz como una excusa para consolidar la disidencia
Cuando el presidente Petro lanzó su estrategia de paz total, uno de sus principales tableros de negociación fue con las disidencias de las antiguas Farc, para ese momento agrupadas bajo el Estado Mayor Central, al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”.
Sin embargo, cuando se fracturó la disidencia a mediados de 2024, “Mordisco” se apartó de la mesa de diálogo y el gobierno advirtió una ofensiva total contra su estructura armada. Mientras tanto, “Calarcá” continuó en la mesa bajo la disidencia que hoy se conoce como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). En realidad, ninguno de los dos detuvo su expansión territorial. Ambos aplicaron estrategias diferentes, pero igual de efectivas.
Cifras recopiladas por la FIP dan cuenta que la disidencia de “Mordisco” pasó de tener 3.279 combatientes a 3.919 entre el periodo diciembre de 2024 y julio de 2025, un incremento del 20%. Mientras tanto, la disidencia de “Calarcá”, para el mismo periodo, pasó de tener 2.415 combatientes a 2.802, un aumento del 16%.
Mientras alias “Mordisco” implementó una estrategia mucho más militar, incluso con puntual experticia en el manejo de drones, “Calarcá” puso en marcha una estrategia sutil para moverse por todo el territorio nacional. “Él entendió muy bien que la expansión no era solo militar, sino también político y social en muchas de las zonas”, explicó Arias, analista de la FIP.
Y agregó que “Calarcá” se valió de un liderazgo para interactuar con la mayoría de estructuras y expandirse a costa de las zonas grises del proceso de paz y a la falta de verificación del cese al fuego.
“Implementó una estrategia muy inteligente, pero muy dañina en términos de la legitimidad y credibilidad del proceso de paz. ‘Calarcá’ utilizó cada parte que se le dio para expandir su acción y su presencia en muchos territorios. Además, utilizó la narrativa de transformaciones territoriales para mostrar que gracias a ellos se hacían obras y llegaban cosas a las comunidades”, como una especie de fachada.
En eso coincide Jhonson, analista de Conflict Responses, quien señaló que la expansión bajo el cese al fuego tiene muchas ganancias. “‘Calarcá’ sí pudo usar la mesa para fortalecerse. En este caso la mesa juega un papel de facilitar y proteger sus ganancias en el territorio”, dijo.
Para Germán Valencia, coordinador del grupo de investigación de Conflicto armado, paz negociada y posconflicto de la Universidad de Antioquia, “todos los grupos van a tratar de aprovechar para fortalecerse para la guerra en medio de la paz”, pero agregó otro elemento que entraría en el tablero: las gestorías de paz.
“En este gobierno los gestores de paz han aprovechado el paz y salvo que les entregan para poder movilizarse en el país y poder hacer las gestiones que se requieren. Una gestión de paz que aprovecharon para movilizarse, eso les dio una ventaja”, dijo.
Esto no solo se traduce en términos militares o en términos de guerra, sino también en afectaciones directas a las comunidades que al final terminan siendo las más golpeadas por este tipo de entramados.
Para Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos, esto también se traduce en desplazamientos, confinamientos, en el reposicionamiento de los grupos armados, incluso la posibilidad de confrontaciones con otros grupos armados. También está el escenario de retenciones ilegales, homicidios selectivos. Todo un panorama que al final representa vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
“Si estamos hablando de una suerte de posible connivencia entre la fuerza pública y un grupo armado, esto por supuesto viola todos los cánones del Derechos Internacional Humanitario que es la protección de la población civil que no hace parte de las actividades. Ahí tendríamos un escenario en donde por omisión tenemos una serie de responsabilidades ante estas afectaciones que son múltiples”, explicó Mejía.
Uno de los principales puntos en los que concuerdan los analistas es que este tipo de situaciones se van a seguir replicando, por lo menos en esa mesa de diálogo, siempre y cuando no exista un marco de verificación que permita hacerle seguimiento a lo que sucede allí.
“Más allá de exigir una voluntad de paz, es una respuesta a ¿Cuáles son los controles para evitar que estas disidencias sigan aprovechando la mesa para expandirse? Hay que evitar que las licencias en la mesa se sigan utilizando para la expansión”, concluyó Arias.
Con todo esto sobre la mesa, y mientras la Fiscalía tiene la información desde hace más de un año en su despacho, pero no ha avanzado con las investigaciones de una posible red de corrupción, la disidencia de “Calarcá” sigue avanzando en sus estrategias de manera sigilosa y a costa de un proceso de paz del que las comunidades siguen esperando que la paz llegue a sus territorios.
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Por Paulina Mesa Loaiza
