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6 Nov 2021 - 2:01 p. m.

Palacio de Justicia: este es el presente judicial de un holocausto sin olvido

Hoy hace 36 años el M-19 se tomó el Palacio de Justicia para hacer un juicio popular al entonces presidente Belisario Betancur. Lo que pretendía ser un acto simbólico terminó en una barbarie tras el fuego cruzado entre la guerrilla y las autoridades, capítulo de la guerra que aún tiene sus venas abiertas en la justicia. Conozca el presente judicial del holocausto.
En llamas terminó el Palacio de Justicia la noche del 6 de noviembre de 1985 por los enfrentamientos entre el ejército y el M-19.
En llamas terminó el Palacio de Justicia la noche del 6 de noviembre de 1985 por los enfrentamientos entre el ejército y el M-19.
Foto: Archivo El Espectador

A las 11:00 a.m. del 6 de noviembre de 1985, los exguerrilleros del M-19 Alfonso Jacquin e Irma Franco abrieron las puertas de una barbarie sin precedentes en la historia de Colombia. Vestidos de civiles y en compañía de un puñado de rebeldes, entraron al Palacio de Justicia y, desde entonces, tras la respuesta de las autoridades, los colombianos recordamos un holocausto cuyas víctimas fueron más de 100 magistrados, escoltas, militares, abogados, visitantes, subversivos, conductores y hasta empleados de cafetería.

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Alrededor de 30 guerrilleros se tomaron el edifico público de la justicia, buscando de manera simbólica hacer un juicio popular al entones presidente Belisario Betancur. La retoma de las autoridades, la cual operó hasta el mediodía del 7 de noviembre de 1985, quedó en la memoria por la irrupción de tanques de guerra y la fuerza desproporcionada, por la cual Colombia está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dejó decenas de muertos y casi una decena de desaparecidos, cuyos familiares siguen reclamando. ¿Cómo va el caso? Aquí le contamos.

Lo más reciente: Tribunal confirma condena de Sánchez Rubiano

El pasado 19 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la sentencia a 40 años de prisión contra el excomandante de inteligencia del Ejército, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, por su responsabilidad en la desaparición forzada de Irma Franco, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández. Franco, entonces estudiante de derecho, fue una de las guerrilleras que despejó el camino para la entrada del grueso de los rebeldes. Luego fue sorprendida en la Casa del Florero, donde llegaron quienes lograron salir de la toma, tras lo cual fue torturada y desaparecida.

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Además, en esa reciente sentencia fueron condenados los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá, a quienes también se les acusó por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán, trabajadores de la cafetería del Palacio. Diferentes expedientes dan cuenta de que la Fuerza Pública tuvo como único objetivo acabar con “el enemigo” sin mediar palabra y con una desprolijidad aberrante. Tal es el caso de Luz Mary Portela, quien el día de la toma reemplazaba a su madre en labores de cocina. Sus restos fueron hallados en octubre de 2015 en una fosa común.

¿Y la responsabilidad del M-19?

Los primeros muertos en la espalda del M-19 fueron los vigilantes del sótano Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, durante la mañana de aquel 6 de noviembre. Para el mediodía, más de 350 personas estaban bajo el poder de los rebeldes, a través de la denominada operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, ordenada por el fundador del grupo Álvaro Fayad. La incursión guerrillera, sumada a la retoma por parte de las autoridades, dejó como resultado la muerte de 11 magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes -al parecer asesinado por el Ejército-, Carlos Medellín Forero y la primera mujer magistrada de esa alta corte, Fanny Gonzáles Franco.

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En 1990, el Tribunal Superior de Bogotá archivó los procesos que avanzaban en contra de varios integrantes del M-19, a raíz de la firma de la Ley 77 de 1989, la cual permitió a la presidencia otorgar indultos y amnistías ¿La razón? La guerrilla se sometió a un proceso de paz, tras el que dejó las armas y obtuvo participación en política. En 2017, Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán de la Policía asesinado Héctor Talero, quiso tumbar ese indulto a través de una acción ante la Corte Suprema. La alta corte negó el requerimiento, el cual iba dirigido contra exmiembros de la cúpula del M-19 como Antonio Navarro Wolf, Éverth Bustamante, Gustavo Petro y Vera Grabe, entre otros.

El reversazo de la Justicia en el caso Plazas Vega

“Mantener la democracia, maestro”. Así respondió el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vegas, entonces comandante de Caballería, cuando los periodistas le preguntaron por la retoma de la Fuerza Pública al Palacio de Justicia, el cual ardía en llamas durante las transmisiones. El expediente penal en su contra se fue desmoronando con el tiempo. En principio, fue condenado por el Juzgado Tercero de Bogotá a 30 años de prisión por la desaparición forzada de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes e Irma Franco. Luego, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente el fallo, condenándolo solo por la desaparición de la guerrillera y el administrador de la cafetería.

En contexto: Corte Suprema absolvió al coronel (r) Plazas Vega

Sin embargo, el 16 de diciembre de 2015, lo que significó todo un malestar para los familiares de víctimas del holocausto, la Corte Suprema absolvió de toda responsabilidad a Plazas Vega. La alta corte encontró que no había pruebas para vincular al procesado con la desaparición de ambas víctimas. Al parecer, Plazas Vegas no adelantó tareas de inteligencia en la Casa del Florero. En su caso particular, la alta corte estableció que los testimonios en su contra eran incongruentes. También es recordado por negarse a las peticiones del magistrado Reyes Echandía, quien pidió el cese al fuego en medio del caos. “Si a mí me disparan yo respondo al fuego”, respondió.

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JEP, un camino

El 15 de mayo de 2020, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien estuvo por más de una década en prisión, tras ser condenado a 35 años de cárcel por desaparición forzada, quedó en libertad tras ser aceptado su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Bajo el mando de Arias Cabrales, quien era comandante de la Brigada XIII del Ejército, se desarrolló la operación militar que buscó retomar el control del Palacio de Justicia.

Su sometimiento fue aceptado y está obligado a “presentar un compromiso claro, concreto y programado de contribuciones para satisfacer los derechos a la verdad, reparación inmaterial y no repetición que desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Otro general (r) vinculado es Iván Ramírez Quintero, quien se sometió a la JEP en 2019, aunque fue absuelto en primera instancia por la retoma al Palacio.

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Las víctimas permanecen inconformes con ambos sometimientos. “Hubo unos pocos avances en materia de justicia ordinaria que en la JEP se tiran al traste y hay una idea de que se mantiene un pacto de silencio entre los responsables”, le dijo en 2020 el abogado Germán Romero a El Espectador, representante de la familia de Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio. Sobre Arias Cabrales reseñó: “La JEP no puede ser un tribunal a la carta, no es cuando él quiera. Además, se esperaría que entre diciendo la verdad, pero lo que ha dicho es que se presenta para probar su inocencia”.

El Estado Colombiano le falló a sus ciudadanos

En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por su responsabilidad en la recuperación del Palacio de Justicia. Los nombres de 11 nacionales quedaron en la historia, pues Colombia permitió que resultaran desaparecidos en medio de un operativo a todas luces excesivo. Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao, son las víctimas de ese delito.

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Igualmente se estableció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, víctima de la Fuerza Pública. El holocausto del Palacio de Justicia dejó casos tan surreales como el de la señora Fabiola Hernández, quien por más de 30 años rezó los restos de dos guerrilleros del M-19, creyendo que se trataba de su esposo Libardo Durán, escolta del magistrado Alfonso Reyes. Restos de desaparecidos, además, han sido encontrados en fosas comunes y algunas familias aún esperan encontrar los suyos.

Una empresa de aseo, tras la noche de la barbarie, recogió los cuerpos calcinados, los cuales fueron mezclados tras chorros y chorros de agua con los que los bomberos intentaron apagar las llamas. El Gobierno Nacional, en una decisión más que curiosa, emitió por televisión y radio pública el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, correspondiente a la segunda fecha del octagonal final. Todo mientras el fuego cruzado daba con los cuerpos de inocentes y beligerantes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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