Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Hace un par de días la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico sobre uno de los temas más sensibles para la Rama Judicial colombiana: el holocausto del Palacio de Justicia. La Corte confirmó la sentencia de 35 años de prisión para el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, a quien, en 2014, el Tribunal Superior de Bogotá halló responsable de la desaparición forzada de cinco personas que estaban dentro del Palacio cuando el M-19 asaltó el edificio, el 6 de noviembre de 1985. Las víctimas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco Pineda (integrante del M-19).
De esta forma, Arias Cabrales se convierte en el oficial retirado del Ejército de más alto rango condenado por las desapariciones que se cometieron tras la toma y retoma de la máxima sede de la justicia colombiana, hace 34 años. Y no solo eso: es, probablemente, la decisión más dura proferida contra un militar en el marco del conflicto armado colombiano. Decisión a la que no fue nada fácil llegar. Al alto tribunal le tomó casi cuatro años de análisis y requirió, además, la presencia de cinco conjueces, pues algunos magistrados habían participado en la discusión del caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte en 2015.
¿Cómo pudieron darse dos fallos sobre los mismos hechos en direcciones distintas? La respuesta a ese interrogante empieza a vislumbrarse desde la sentencia que, en diciembre de 2015, profirió la Corte sobre el caso Plazas Vega. “Correspondió a la Brigada XIII, en cabeza de su comandante general Jesús Armando Arias Cabrales, asumir el mando operacional de la acción de recuperación de la edificación, el rescate de las personas que se encontraban dentro de ella y la neutralización del grupo subversivo que la llevó a cabo, con el propósito de mantener el orden interno y preservar las instituciones patrias”, observó hace cuatro años la Corte.
En este último fallo, la Corte lo reiteró: en el Palacio de Justicia no se movió una hoja ni se disparó un fusil sin el conocimiento previo y el visto bueno del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien para la época dirigía la brigada del Ejército cuya jurisdicción es Bogotá. “El general Jesús Armando Arias Cabrales fue entonces, sin ninguna duda, el jefe supremo de la operación contra el grupo insurgente y quien, por lo tanto, dominó de principio a fin la acción marcial”, resaltó el alto tribunal. Pero lo que estaba bajo cuestionamiento no era la operación militar, sino las desapariciones forzadas, y así lo recordó la Corte Suprema.
Se enfocó por eso en un hecho clave para esta investigación: que el general (r) Arias Cabrales coordinó no solo la retoma, sino también la suerte de los sobrevivientes que quedaban a cargo de unidades militares una vez salían del Palacio de Justicia. “Sería necio, o al menos contrario a la evidencia, aceptar que el general ignoraba cuál era el procedimiento a seguir en el caso de los capturados (…) dispuso que las personas que salieran del Palacio de Justicia debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas (…) sino para identificarlas, interrogarlas y establecer a los posibles integrantes del grupo enemigo”, se lee en el fallo más reciente de la Corte.
Según el alto tribunal, Arias Cabrales ejecutó así “a la perfección” las palabras del general Rafael Samudio Molina, entonces comandante del Ejército: “El individuo capturado dentro del mismo campo de combate debería ser interrogado rápidamente y evacuado a los organismos superiores”. Una instrucción que la Corte Suprema no pasó por alto: “No a la justicia, sino a los organismos superiores, que es distinto. Una clara manifestación de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregados al contingente militar, un elemento sustancial del delito de desaparición forzada”.
La respuesta del Ejército a la toma del M-19 fue desproporcionada, reiteró la Corte. Y el general (r) Arias Cabrales, se lee en la sentencia, tuvo todo que ver en esa desproporción, pues, concluye la corporación, salvar a los rehenes nunca fue el objetivo real. “Arias Cabrales tuvo el control total sobre las tropas y fue, por lo tanto, el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, como se verá, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”.
Esta última sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre uno de los casos más emblemáticos del conflicto colombiano deja en claro que, tras la retoma del Palacio por parte de las Fuerzas Militares, algunas personas sí fueron desaparecidas. “Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan sido desaparecidos”, advirtió la corporación, en una frase que casa con la coyuntura de este caso: apenas hace una semana se supo que la Fiscalía halló los restos de Gloria Anzola, una de las 11 personas que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría haber sido víctima de desaparición forzada.
El de Anzola fue el sexto hallazgo de la Fiscalía en el caso de los desaparecidos del Palacio, pero, a la fecha, el ente investigativo no ha resuelto la principal pregunta que atañe a este histórico proceso: ¿fueron ellos desaparecidos o no? La respuesta es: no se sabe. O, mejor: la justicia aún no da razón. La Fiscalía, en los últimos cinco años —tras la condena de la Corte Interamericana al Estado—, ha cumplido a rajatabla la instrucción de hallar a los desaparecidos. Pero de las circunstancias de su muerte se sabe poco o nada. Arias Cabrales está condenado ya en todas las instancias, pero Plazas Vega, así como el general (r) Iván Ramírez, están absueltos.
En el proceso de Plazas Vega la Corte lo absolvió por un precepto legal que, se supone, debe imperar siempre: in dubio pro reo. La duda favorece al procesado. “No existe la prueba que permita arribar a la certeza acerca de la responsabilidad penal del acusado (…) de modo que mientras no se alcance tal grado de convicción, tendrá que absolverse”, dijo hace cuatro años el alto tribunal. “Lo anterior no significa de modo alguno la impunidad de la desaparición forzada de las dos personas reconocidas en el fallo atacado”, agregó el tribunal, señalando que por esos crímenes debían responder los agentes estatales “a cuyo cargo quedaron los desaparecidos”.
La Corte Suprema llegó a la conclusión de que Plazas Vega estuvo en lo que los militares llaman el teatro de operaciones (es decir, el Palacio de Justicia) a cargo de la retoma, bajo el mando —como él mismo lo declaró bajo juramento— del general (r) Arias Cabrales. Que allí se encargó de “asegurar el ingreso al Palacio de Justicia de las fuerzas de a pie que participaban en su recuperación”, pero que fue Arias Cabrales quien dispuso que la Casa del Florero fuera “un puesto de verificación para identificar a las personas rescatadas del Palacio” y que fue él quien asignó para esa tarea al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano.
“Se afirma que el traslado de rehenes durante los dos días se hizo por orden del coronel (r) Plazas Vega, sin tenerse en cuenta según lo dicho que al haber recaído en su unidad táctica el esfuerzo principal, estuvo dirigiendo la operación hasta las horas de la noche dentro del Palacio, razón por la cual ninguna participación tuvo en la calificación de ‘especiales’ dada a algunos de los rehenes”. De acuerdo con el fallo de la Corte, “Plazas Vega, la tarde del miércoles, no estuvo en la Casa del Florero”, por lo que no pudo haber intervenido en el traslado de los rehenes rescatados ni tener la iniciativa de clasificarlos como ‘especiales’ y ‘sospechosos’”.
En ambos casos, eso sí, la Corte concluye que la operación militar con que se recuperó el Palacio de Justicia fue desmedida. Aunque, quizá con más fuerza aún, lo reitera en el fallo del general (r) Arias Cabrales: “Los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, han insistido a lo largo de todas las actuaciones judiciales que se trató de una operación de rescate de rehenes (…) contra quienes, al igual que contra los asaltantes, se orientaron las armas del Estado con el desabrido pretexto de ‘defender la democracia’, sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes”.
Conoce más