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Este 26 de mayo, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó y socializó en la Jurisdicción Especia para la Paz (JEP) el informe: “‘El enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos”. En el texto, que es de carácter privado, la organización asegura documentar la participación de agentes estatales en homicidios como el de Jaime Garzón, Mario Calderón, Elsa Alvarado o Jesús María Valle.
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Según la CCJ, a través de su informe, la JEP podrá constatar la presunta existencia de una estructura criminal conformada por organismos de inteligencia del Estado y estructuras paramilitares. ¿El objetivo de esa alianza? Planear, ejecutar y encubrir asesinados y desapariciones de líderes y lideresas defensores de derechos humanos en Colombia.
“Estos defensores y defensoras eran estigmatizados calificándolos como insurgentes y fueron sometidos a persecución y hostigamiento por parte de organismos de inteligencia, quienes terminaron siendo los determinadores de los crímenes ejecutados por los paramilitares. Todo esto, en un contexto de fortalecimiento del proyecto paramilitar en el país”, explicó la CCJ.
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La Comisión espera que el informe sea tenido en cuenta en el nuevo macrocaso de la JEP, relacionado con la concentración de crímenes de la Fuerza Pública. La novedosa rama investigativa fue comunicada a principio de este año y perseguirá la verdad de hechos individuales o en vínculo con terceros y paramilitares. Los lugares en los que se identificó una mayor concentración de crímenes son Antioquia, Magdalena medio, Cesar, Montes de María y Guaviare.
“Esto no es ninguna imputación, son datos que se extraen y que serán objeto de contrastación. Hablamos de más de 43.000 hechos victimizantes de la fuerza pública entre 1985 y 2010, de estos 10.368 con paramilitares. Entre 1994 y 2006, se reporta el registro más alto de hechos victimizantes. El desplazamiento forzado es el hecho delictivo que tiene mayor volumen en esta materia. Le sigue homicidios, desaparición forzada y los llamados falsos positivos”, agregó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP en febrero de este año.
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El informe se socializa justo dos semanas después de que iniciaran las audiencias contra Colombia, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la persecución al Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo (Cajar). La corporación del sistema interamericano estudia 100 hechos victimizantes contra ese grupo de defensores, quienes señalan haber sido estigmatizados y acribillados por y con complicidad de miembros de seguridad e inteligencia del Estado.
Entre los que relataron su testimonio estuvo el curtido abogado Alirio Uribe Muñoz, quien también fue defensor del humorista Jaime Garzón. Explicó que el Cajar fue creado en los ochenta y desde entonces ha sido blanco de ataques por cada uno de los gobiernos en turno. Tal era la persecución que tuvo que enseñarles a sus hijos a escapar de la casa, por si criminales irrumpían en el hogar. En los momentos más graves su familia dormía con la cama tendida e, incluso, dijo, frente a su casa fue instalado un puesto de inteligencia que lo monitoreaba día y noche.
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La abogada Soraya Gutierrez, expuso ante la Corte IDH que el Cajar era señalado por miembros del Estado como voceros de guerrillas. En una ocasión, a su casa llegó una caja sin remitente. Así lo contó ante los jueces: “Había una muñeca descuartizada, quemada con cigarrillo y pintada de sangre. Con un mensaje que decía: ‘usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique’. Ahí dije: ‘se terminó mi vida’. Sentir esa amenaza contra mi hija que tenía apenas seis años. Eso me obligó a desplazarme por segunda vez de mi casa”.
Uno de los crímenes que reporta la CCJ en su informe es el asesinato de la pareja de defensores ambientales y de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón. Este 19 de mayo se cumplieron 25 años desde que hombres con ropas del CTI irrumpieran en su casa, en Bogotá, y los balearan. Eran protectores del Páramo de Sumapaz y de las fuentes hídricas que permiten la vida en Colombia. Alias Don Berna, en declaraciones pasadas, señaló a miembros de seguridad del Estado.
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Asimismo, El Espectador conoció el testimonio de Slavatore Mancuso, del 4 de junio de 2021, en el marco de un proceso de Justicia y Paz de alias Don Berna. Cuando le preguntaron por magnicidios como el de Jaime Garzón o la pareja Alvarado-Calderón, mencionó: “Eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.
Y no solo eso. También denunció que altos mandos tendrían aversión a colectivos de abogados y defensores de DD. HH. “A nosotros Narváez (José Miguel Narváez, exdirector del DAS condenado) nos llegaba con información muy clara y muy precisa del Cajar y de varios colectivos de abogados, señalándolos de que eran el brazo jurídico de la guerrilla (…) El comandante Castaño empezó a tener prevenciones con todos estos hechos, sobre todo por Jaime Garzón y Kimy Pernía Domicó”, mencionó.
Las víctimas relacionadas en el informde la CCJ son: Julio César Peñaloza, Luis Felipe Vélez, Mario Calderón, Elsa Alvarado, Carlos Alvarado, Jesús María Valle, Jaime Garzón, Alirio de Jesús Pedraza, Ángel Quintero y Claudia Monsalve.
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