Varias de las labores de defensores de derechos humanos durante las movilizaciones sociales de 2021, el cual rechazaba las reformas del Gobierno de Iván Duque, dicen que se vieron en amenaza tras una serie de supuestos montajes judiciales que llevaron a decenas de jóvenes a ser capturados y encarcelados. Por ello, este viernes 30 de junio desde las 8:00 de la mañana, ocho integrantes del proceso colectivo “Jhonatan Sabogal”, que agrupa a presos políticos de ese paro nacional, reanudan por una huelga hambre con la que buscan presionar al Gobierno para acceder a la justicia, al bienestar carcelario y a su excarcelación.
Tanto aquellos que están en la cárcel, los que llegaron al exilio y los que ya pudieron enfrentar sus procesos judiciales en libertad, han manifestado que existe una estrategia de acecho colectivo para mantenerlos victimizados. De esta manera, el próximo lunes 3 de julio se unirán más personas a la protesta y, según como avance el mecanismo de presión, se unirán otros de sus compañeros el décimo día de huelga. Mientras, los jóvenes que inician este mecanismo de presión pertenecen a los siguientes puntos de concentraciones en el paro nacional en Cali: Puerto resistencia, la “Y” Palmira y Juanchito. Asimismo, tienen el apoyo de Albeiro Jacamenojoy, un firmante del acuerdo de paz acreditado que lleva 13 años de prisión.
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Juliana Higuera es una de las defensoras de derechos humanos que, junto con seis jóvenes más en Boyacá, enfrenta un proceso por concierto para delinquir tras seis años de liderazgo social en la región. Alrededor de 300 personas, según el conteo del colectivo, fueron criminalizadas entre 2019 y 2022 en contextos de protesta. La mujer cuenta que, aunque no está siendo judicializada, al igual que muchos de sus compañeros por delitos políticos, “desde la Fiscalía existe una estrategia que busca despojarnos de nuestro accionar político y de reconocer que las acciones que supuestamente cometimos o no estaban enmarcadas en el marco de la protesta social”.
Desde agosto de 2022, los judicializados del paro han insistido en una mesa de negociación. Por ejemplo, hubo una huelga anterior que fue levantada parcialmente a los 10 días, esta inició el 20 de febrero y contó con la participación de ocho jóvenes, quienes se encuentran privados de su libertad en las cárceles de Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) y uno en Cómbita (Boyacá). A medida que pasaron los días, se fueron sumando más personas, otra mujer en Jamundí y tres recluidos en Acacías (Meta). Incluso, siendo el octavo día de su medida de exigencia, dos reclusos cosieron sus bocas. Esta huelga se levantó parcialmente el 1 de marzo de 2023 a la espera de que se diera un diálogo con el Gobierno acorde a sus exigencias.
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Sin embargo, los jóvenes alegan que no ha sido instalada tal mesa de diálogo. Aunque hubo reuniones posteriores a la protesta pasada, que contaron con la presencia del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, congresistas y la compañía de la organización de derechos humanos como la Campaña Objetivo Libertad; no ha sido generado el espacio ni una ruta para que así se ejecute. Por ello, este 30 de junio se reanuda la protesta. Su objetivo es que el espacio para hablar con las instituciones del Estado permitan generar un tratamiento de la protesta social donde se garantice el esclarecimiento, judicializaciones y lucha contra la impunidad en este tipo de entornos.
La huelga de hambre incluye entonces cinco reclamos, además de la mencionada, entre ellas, que se garantice el derecho a la vida y paz de los prisioneros y sus familias a través de un protocolo de protección; que se les reconozca, especialmente, que su encarcelamiento fue en razón de la lucha social y participación de la protesta social como actores políticos no armados y, junto con ello, su liberación. De la misma manera, buscan que se otorguen condiciones de bienestar y salubridad con las demás personas encarceladas del país que habitan en condiciones de vulnerabilidad ante el hacinamiento.
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Ante este panorama, “esta huelga de hambre no va a cesar hasta que no existan respuestas reales por parte del Gobierno y planea durar los días que tenga que durar”, dice la defensora Higuera e insiste: “Hasta que haya una instalación de la mesa, hasta que reconozcan que somos actores políticos, que somos presos y presas políticas, que estos procesos responden a un escenario político y a que se generen todas las garantías y las condiciones para la atención a la salud física, emocional, psicológica”.
A marzo de este año, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 51 personas han sido imputadas, acusadas y/o condenadas en el marco de los hechos ocurridos durante las protestas de 2021. De este total de personas, 17 que se encuentran con medida de aseguramiento fueron nombradas como voceras de paz por orden del presidente Gustavo Petro, tres de ellas fueron excarceladas mediante esta figura y una quedó en libertad por vencimiento de términos. Es decir, las otras 12 personas continúan detenidas.
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