Paro: Palacio de Justicia de Facatativá y otras sedes judiciales incendiadas

Palacio de Justicia de Facatativá (izquierda), Palacio de Justicia de Tuluá (centro) y URI de la Fiscalía de Popayán, todas en llamas por ataques en medio del Paro Nacional.

Foto: Archivo El Espectador y Archivo Particular

El Consejo Superior de La Judicatura está calculando la cifra que deberá desembolsar para restaurar el Palacio de Justicia de Facatativá (Cundinamarca), el cual fue vandalizado e incendiado el pasado 29 de mayo, en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional. En un reciente comunicado, el organismo encargado de administrar los recursos de la Rama Judicial rechazó el ataque a la sede y, además, aseguró que los daños a nivel nacional ascienden a $1.800 millones, sin establecer la cifra que costará rehabilitar el Palacio de Justicia de Tuluá.

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“La Corporación rechaza enérgicamente el ataque ocurrido la noche del 29 de mayo al Palacio de Justicia de Facatativá y al intento de destrucción de sus instalaciones. Esta sede había sido objeto de actos vandálicos el pasado 28 y 29 de abril, cuando destruyeron la fachada, incineraron expedientes y se hurtaron los equipos tecnológicos y el mobiliario. La finalidad de esta nueva edificación es atender en condiciones dignas a los usuarios de justicia de la población”, explicó la Judicatura.

De acuerdo con la magistrada Gloria López, presidenta de la corporación, durante los primeros días de ataques a la sede judicial de Facatativá se robaron 40 computadores, 23 impresoras y algunos escáneres. El Consejo Superior de la Judicatura denunció que los edificios se han tornado en “blanco de la delincuencia” y, además, solicitó a los manifestantes pacíficos que rechacen y denuncien los actos de violencia. López agregó que la sede ya había sufrido daños a principio de mes, por más de $650 millones.

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Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, agregó que también fue vandalizada la sede de Desarrollo Social en Facatativá, donde entre otras cosas, se almacenan las vacunas contra el COVID-19 del municipio. “Los diálogos y las conclusiones deben continuar y volverse políticas públicas y ejecutarse. El diálogo es el mejor camino para construir un mejor departamento y un mejor país. Sin embargo, situaciones como la de Facatativá no tienen justificación y requieren la intervención de la Fuerza Pública”, señaló.

El ataque al Palacio de Justicia de Facatativá se dio cuatro días después de que personas incendiaran y destruyeran casi en su totalidad el Palacio de Justicia de Tuluá (Valle del Cauca), el pasado 25 de mayo. Aún no se tiene certeza de quien o qué posible organización estaría tras los hechos y, por ahora, todo apunta a que miles de documentos valiosos se perdieron entre las llamas, por lo que juzgados, tribunales y organismos de poder judicial pidieron que cesen los ataques contra las sedes.

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Uno de los primeros en expresar su rechazo fue el fiscal general Francisco Barbosa, quien se pronunció la noche del 25 de mayo, mientras los bomberos de Tuluá apagaban las llamas que consumían el edificio. Primero reprochó lo sucedido, calificándolo de “terrorismo” y anunció que priorizaron la investigación. “Queremos decirle a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia. Que nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores, todas las personas que hacen parte de la rama judicial le cumplen un servicio al país y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de sus funciones”.

Por otro lado, aunque no se trata una sede judicial como tal, pero si guarda expedientes de esa naturaleza en su interior, el pasado 14 de mayo manifestantes intentaron incinerar la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Popayán. El ataque se presentó un día después de que se conociera que allí, al parecer, habría sido violentada sexualmente una joven de 17 años, quien la mañana del 13 de mayo se suicidó tras denunciar públicamente a cuatro miembros del ESMAD.

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“Violadores. Asesinos. Tomo violo. Ni una menos”, fueron los graffitis que dejaron marcados los manifestantes, antes de intentar incinerar la URI de la Fiscalía de Popayán. De acuerdo con la menor de edad, cuyo caso es investigado por la Fiscalía, ella no hacía parte de las manifestaciones cuando entre cuatro policías la llevaron hasta el lugar. “Solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, explicó en su cuenta de Facebook.

La Policía Nacional ha rechazado contundentemente las acusaciones en su contra por el caso de la joven de 17 años, quien era hija de un uniformado en actividad. Asimismo, a través del Ministerio de Defensa, la institución aportó esta mañana del 31 de mayo sus cifras sobre ataques a infraestructura en el Paro Nacional: 113 CAI´s vandalizados, tres distritos de Policía, 12 estaciones de Policía, 507 vehículos institucionales, una escuela de formación, un puesto de Policía, un dispensario de sanidad, un colegio para hijos de policías y hasta el reporte por dos pistolas hurtadas.