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13 Apr 2022 - 2:00 a. m.

Periodistas de El Comercio: cuatro años de preguntas sin respuestas

Hace cuatro años se confirmó la muerte violenta de tres valientes periodistas de El Comercio. Desde entonces, la justicia logró dos condenas con preacuerdo y, por otro lado, permitió que un acusado quedara en libertad. Los familiares, quienes conocen una verdad a medias, tienen una demanda contra la Nación. Conozca detalles reveladores del caso.

Jhoan Sebastian Cote

Periodista Judicial
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra intentaron contarle a Ecuador en 2018 la crisis de criminalidad en la frontera con Colombia, en Nariño. Aunque su trabajo nunca vio la luz, son símbolos de valentía.
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra intentaron contarle a Ecuador en 2018 la crisis de criminalidad en la frontera con Colombia, en Nariño. Aunque su trabajo nunca vio la luz, son símbolos de valentía.

Hoy hace cuatro años, el 13 de abril de 2018, el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó la masacre de los periodistas del diario El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, que había secuestrado el 26 de marzo de ese mismo año. El equipo, halando la pita de la criminalidad en la frontera nariñense, se atravesó con los dominios del frente Oliver Sinisterra de las Farc. Su curiosidad y valentía los llevó a la boca del lobo, donde, en hechos que cuatro años después siguen siendo un misterio, fueron secuestrados, asesinados y abandonados en la selva colombiana. Desde entonces, la justicia ha condenado dos disidentes, pero permitió que otro quedara libre por vencimiento de términos. Todavía no hay respuesta al “por qué” y, aparte, la Nación tienen en contra un proceso de reparación directa.

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La verdad, un camino difícil de encontrar

Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, es uno de los dos condenados que ha dejado el caso. Él mismo se declaró responsable y prometió ofrecer su testimonio a las víctimas. El Espectador conoció un “acto de perdón”, que resultó en un interrogatorio apenas respondido por el disidente, quien confesó su cercanía con Walter Patricio Arízala, alias Guacho. Es un sobrenombre que jamás olvidarán las familias de víctimas, pues fue el jefe guerrillero y narcotraficante que tuvo la vida del equipo en las manos. Desde el inicio, alias Cherry dijo que respondería por sí mismo y que no iba a vender a los suyos. Aparte, que trabajó para la Oliver Sinisterra para alimentar a su pequeño hijo.

Según comentó alias Cherry, condenado a 28 años de prisión, alias Guacho lo encargó de la zona del Río Mataje, la frontera natural entre Colombia y Ecuador. Informantes, aseguró, alertaron a la disidencia de la presencia de los periodistas, quienes indagaban en distintas fuentes por los ataques a la policía de su país. “Guacho me dice: ‘Dígales que me vengan a hacer una entrevista. Que quiero mandar un comunicado al presidente Lenín’”, aseguró. Entonces, según esa versión, el equipo aceptó la entrevista, cruzaron el río y caminaron alrededor de 30 minutos. Alias Cherry dice conocer hasta ahí, pues entonces habría pedido licencia para ver a su hijo.

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Esa versión da cuenta de que los periodistas sí entrevistaron a alias Guacho, quien buscaba confrontar al presidente Lenín. “Todos los equipos se le entregaron a Guacho. Yo no sé qué los hizo. Los quemó”, agregó. Luego de ello, explicó que había una firme intención del jefe de disidencias en liberar a los secuestrados, pero no sabe en qué momento todo falló. De hecho, según su testimonio, no hubo operaciones militares durante los días del secuestro. “Pa’ que voy a ponerme a decir que teníamos presión del Ejercito, por ahí cerca. No. Los traslados se hacen por precaución. Tenemos a alguien secuestrado tenemos que moverlo”, concluyó.

Diferente es la verdad de Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, disidente condenado con preacuerdo a 28 años de prisión. En su acto de perdón, conocido por este diario, dijo haber escuchado de operaciones en la región. “La liberación sí se iba a dar. Eso estaba bien avanzado. Se estaba hablando con gente de allá del otro lado (autoridades ecuatorianas). No sé qué ocurrió la verdad. El gobierno colombiano como que se metió entre el medio de esa conversación y pues se dañó por cuestiones de operativos que metieron en el área, por daños a la familia del mismo Guacho. Yo creo que eso dificultó más la liberación de los señores, porque alias Pitufín (segundo al mando) decía que ellos lo iban a liberar”.

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Alias Reinel explicó que tuvo bajo su poder y por orden de Guacho a los periodistas durante tres días. Al parecer, en la casa de sus padres, les ofreció colchonetas, refrigerios y los cuidó, dado que entre las políticas de la disidencia no estaba una masacre de esa naturaleza. Todo cambió de repente. “Un día llegó Guacho y que tenían que matarlos y que tenían que matarlos. Y que tenían que hacer un comunicado después que los mataran. Ahí estaba presente el que quedó en libertad: Alias Barbas. Él grabó el video de supervivencia (difundido por RCN Televisión el 3 de abril de 2018). El man tiene mucha responsabilidad en esto. La verdad que uno no entiende. Dejar en libertad a alguien así es algo que uno no entiende”, agregó Reinel.

La abogada Angela Caro representa a las familias de Ortega, Rivas y Segarra. Es asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la cual vigila las actuaciones judiciales y sigue clamando por verdad y justicia para los periodistas. “Se tienen dos condenas, pero fueron producto de dos preacuerdos que se establecieron entre la Fiscalía y los acusados. La declaración de Reinel, por otro lado, nos da cuenta de que no se frenaron todos los operativos por parte del Estado en ese lugar donde están retenidos los comunicadores. Si la intención del Estado colombiano era que, en efecto, se les liberara, se debió suspender las operaciones en contra de ese grupo y de control que se mantenían en ese territorio”, explicó.

Alias Barbas, la ficha que dejó ir la Fiscalía

Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, quedó libre por orden de un juzgado de Tumaco (Nariño) en junio de 2020. La Fiscalía no aportó la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado (GAO). Justamente, en 2018 un juez de garantías había decretado medida de aseguramiento en su contra, con el objetivo de obligarlo a comparecer a las fases siguientes de la investigación. En este caso un juicio penal, que se supone está programado para el 3 de mayo de este año. Podría ser condenado por los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, así como alias Reinel y alias Cherry.

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Según la acusación contra alias Barbas, tal como lo testificó alias Reinel, el disidente “fue el encargado de realizar los videos de supervivencia al equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, mientras estuvo retenido por los miembros de la GAOr Oliver Sinisterra”. En el mismo escrito, la Fiscalía pone de presente la investigación a la cual querían llegar las víctimas. El texto en poder de El Espectador vincula a la disidencia, para 2018, con extorsiones a pobladores, acciones terroristas contra integrantes de la Fuerza Pública, secuestro de ciudadanos nacionales y extranjeros, desplazamiento forzado de pobladores y reclutamiento e instrumentalización de menores de edad.

No hay trato entre la Nación y los familiares de víctimas

En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está en curso una demanda de reparación directa contra la Nación, representada por la Presidencia, el Ejército, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección. Las partes se sentaron con la Procuraduría, en audiencia de conciliación extrajudicial, pero no llegaron a ningún acuerdo. Según respondió el Ejército, “no existen elementos materiales probatorios que endilguen responsabilidad a la convocada (la Nación), dado que no se aportaron las pruebas necesarias que acrediten la ocurrencia de los hechos, la existencia de un daño antijurídico, su cuantificación y la imputabilidad del mismo a la Entidad”.

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Incluso, el 11 de abril de 2018, el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas aseguró que el Ejército Nacional nunca puso en riesgo la vida de los periodistas. “Nuestra presencia en ese territorio de frontera territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”. El expresidente Juan Manuel Santos, el 14 de abril de ese año, en la VIII Cumbre de las Américas, dijo que las operaciones del lado colombiano “fueron reducidas”.

No obstante, según plasmó la FLIP en su demanda contra la Nación, vía tutela logró que el Ejército confesara que sí realizó tareas militares en la zona donde habrían estado recluidas las víctimas. “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación ‘HÉRCULES’, se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (…)”, le contestó el Ejército a la fundación, en cumplimiento de la acción con radicado 2018-00489.

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Un líder comunitario del corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño), quien aseguró haber visto los tres cuerpos en bolsas plásticas negras, manifestó a la Fiscalía que “los habían asesinado por orden de alias Guacho porque el Ejército, buscando unas caletas de armamento por brisas de Mataje, los hostigaron”. La FLIP, entonces, busca que la Nación sea declarada administrativamente responsable por las muertes. Añadió que los familiares del equipo de El Comercio han tenido que pagar gastos exequiales, viajes internacionales, atención psicológica y psiquiátrica y gastos de representación judicial. Aparte, aunque no es cuantificable, son víctimas de un conflicto armado que solo presenciaban por televisión y de hechos nunca antes vistos en Ecuador.

¿A dónde apuntaba el equipo de El Comercio?

En marzo de 2018, el equipo de El Comercio viajó a Esmeraldas, una provincia ecuatoriana que limita con Nariño, para averiguar sobre el panorama de violencia de la región. Según confesó alias Cherry, se vivía una “guerra” entre disidencia la Oliver Sinisterra y las fuerzas de seguridad ecuatorianas. El fallecido alias Guacho, según contextualizó la Fiscalía, controlaba ríos, veredas y corregimientos nacionales y extranjeros. Para ellos contaba con 300 militantes, encargados del negocio de la coca y de la extorción a campesinos.

El olfato del equipo los llevó a cercanías del Río Mataje, frontera natural entre ambos países. A pocos kilómetros del afluente, días previos, el cuartel policial de San Lorenzo en Esmeraldas había sido atacado con un carro-bomba que dejó alrededor de 14 heridos. Tres semanas después, diarios regionales registraron un enfrentamiento entre militares ecuatorianos y grupos armados ilegales. Y el 20 de marzo de 2018, en Esmeraldas estalló un artefacto explosivo cerca de una unidad militar. Seis días después, en medio de las averiguaciones en terreno, el equipo fue secuestrado.

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Pasaron días enteros sin conocerse información. En Ecuador se adelantaron marchas con las que la sociedad civil exigió al expresidente Moreno agilizar la liberación. El 3 de abril de 2018, siete días después del secuestro, Noticias RCN divulgó la única prueba de supervivencia. En el registro se los veía encadenados, dando pistas de un posible intercambio con guerrilleros retenidos en Ecuador por las autoridades vecinas. El 13 de abril, Moreno confirmó que toda negociación fracasó y que, pesar de las esperanzas, habían sido baleados al parecer por ordenes de Guacho, quien se llevó a la tumba el “por qué” de esta historia. Murió en operativo militar en Tumaco, en diciembre de 2018.

“Yo no estoy contento. Y ninguna de las familias lo está con el trabajo realizado en Ecuador y Colombia. Se deberían tener más miembros de la estructura de alias Guacho en prisión o sentenciados. Los dos condenados son el ejemplo para entender de que a ambos países no les interesó investigar más. Arrojaron un par de respuestas interesantes. Hablaron de políticos, policías, incursiones y que eso obligó a que el desenlace fuera el que fue. Y si tienen más información y se pueden tener mayores señalamientos respecto de quienes pudieron haber generado por acción y omisión lo que ocurrió, creo que se debería haber investigado”, le dijo a este diario Cristian Segarra, hijo del siempre amable “Segarrita”, como conocían al conductor y periodista empírico de El Comercio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Jhoan Sebastian Cote

Comunicador social con énfasis en periodismo y producción radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana. Formación como periodista judicial, con habilidades en cultura, deportes e historia. Creador de pódcast, periodismo narrativo y actualidad noticiosa.@SebasCote95jcote@elespectador.com
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