Reparos a la libertad de uno de los detenidos por muerte de periodistas de El Comercio

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del diario El Comercio de Ecuador fueron secuestrados y asesinados en Colombia en 2018. /Archivo

“Hay riesgo de impunidad”. De esta manera, la Fundación para la Libertad de Prensa y la organización Fundamedios de Ecuador protestaron por la decisión que tomó el pasado 7 de junio un juzgado de Tumaco de dejar en libertad a uno de los procesados por el secuestro y asesinato en 2018 de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del diario El Comercio del vecino país.

Se trata de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien fue dejado en libertad por vencimiento de términos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco. La decisión judicial asegura que la Fiscalía no aportó la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado (GAO).

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Ese es un requisito necesario para poder dar aplicación a la ley 1809 de 2018, creada para combatir a los grupos organizados, que aumenta la duración de las medidas de aseguramiento y el plazo que tiene el Estado para llevar a juicio a una persona sin que quede libre por vencimiento de términos. El juzgado dijo que, para poder aplicarla, es necesario que tener dicha certificación y que es deber de la Fiscalía presentarla.

“La estructura delincuencial a la que presuntamente pertenece el acusado, de acuerdo a los elementos materiales probatorios presentados, es el “Frente Oliver Sinisterra- disidencias de las Farc” que opera en el municipio de Tumaco (Nariño), y que el mismo, en estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente, no se logró demostrar que fue calificado como GAO por el Consejo de Seguridad Nacional, pues dicha constancia o acta, ni siquiera fue aducida o indicada por el representante del ente acusador”, señaló el juzgado.

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El despacho judicial dijo que un solo comunicado del Ministerio de Defensa al respecto no es suficiente y aseguró que la fiscal del caso tuvo más de un año para conseguir esa certificación. “Dicha exigencia no es capricho (…)el ente acusador debe desarrollar cada una de sus herramientas y entre esas está la obtención de elementos claves como lo es la certificación, más aun en este caso, que como se refirió, cuenta con ayuda y seguimiento del comité de verificación por la importancia de las víctimas y la cooperación de la justicia ecuatoriana”.

Para la FLIP y Fundamedios, la libertad de alias Barbas bajo estas condiciones “deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad en el juicio”.

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En ese sentido, la Flip le solicitó al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para que programe la fecha de continuación de juicio en contra de Gustavo Alonso Ospina, sin que a la fecha se haya dado respuesta. Este caso, cabe recordar, cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual, para las organizaciones, “acentúa la responsabilidad del Estado frente a la investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos hechos”.