En las última horas, el presidente Gustavo Petro aseguró que Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, intentó frenar su extradición a Estados Unidos por medio de sobornos a funcionarios publicos. El máximo jefe de la banda criminal “La Inmaculada” es investigado por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
La denuncia fue hecha por el mandatario a través de su cuenta en X, en un mensaje dirigido al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, en el que reiteró la instrucción de avanzar en el proceso de extradición.“Tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tuluá’, señor Andrés Marín Silva. Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió Petro.
La declaración presidencial se da días después de que el Gobierno formalizara la autorización de extradición del jefe de La Inmaculada, requerida por una corte federal de Estados Unidos por tres cargos relacionados con narcotráfico internacional, entre ellos conspiración para distribuir cocaína y fabricación y envío de más de cinco kilogramos de la droga con destino a territorio estadounidense.
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En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había emitido concepto favorable a la extradición, al concluir que se cumplían los requisitos legales exigidos por la normativa colombiana y los tratados internacionales.
Alias “Pipe Tuluá” cumple en Colombia una condena de 30 años de prisión, impuesta en marzo de 2022, por su responsabilidad en al menos 39 homicidios, siete tentativas de asesinato y otros delitos asociados al concierto para delinquir. Pese a estar privado de la libertad, las autoridades han señalado que continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión, uno de los factores que pesó en la decisión de entregarlo a la justicia estadounidense.
El proceso de extradición estuvo rodeado de fuertes tensiones en materia de seguridad. El traslado de Marín Silva desde la cárcel La Picota a una estación de Policía en Bogotá, ordenado tras información de inteligencia sobre un presunto plan de fuga, desató una ola de violencia en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), con quema de taxis, ataques armados y la imposición de un toque de queda.
Asimismo, las amenazas contra directivos y funcionarios del Inpec, incluso declarados “objetivo militar” en panfletos atribuidos a la estructura criminal, obligaron a declarar alerta máxima en el sistema penitenciario. El director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, denunció públicamente las intimidaciones.
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El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que, aunque la defensa de alias “Pipe Tuluá” aún cuenta con un recurso de apelación, es poco probable que prospere. “Difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión del Gobierno”, señaló el funcionario el pasado lunes 26 de enero.
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