La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el 15 de agosto una solicitud del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (FASOL) para que se otorguen medidas cautelares para la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. La solicitud busca proteger “la vida, integridad, libertad, intimidad, buen nombre, acceso a la justicia, la familia y el libre ejercicio de la profesión” de la jueza.
El pasado 28 de julio, la jueza Liliana Heredia presidió la audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que fue hallado encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por esos delitos, el líder natural del Centro Democrático fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.
Desde entonces, la togada “ha sido objeto de presiones, campañas estigmatizantes y amenazas de muerte”, según el comunicado de FASOL. Asimismo, la fundación pretende informar a la sociedad sobre la violencia en contra del poder judicial en el país: “En los últimos tres años cada nueve días ha habido un ataque contra jueces, fiscales y empleados. Contexto de barbarie creado por diferentes actores violentos”.
Esto llevaría a 1.847 casos de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, amenazas y exilios “con un trasfondo que busca obstruir la acción de la justicia, lo cual quedó debidamente acreditado en el informe final de la Comisión de la Verdad”, según FASOL.
Además, en el comunicado, la fundación aseguró que se ha desarrollado una serie de desprestigios y difamaciones en contra de la jueza Sandra Heredia, tildándola de “aliada de la insurgencia armada”. Igualmente, FASOL manifestó que estos comentarios señalaría que presuntamente la decisión condenatoria contra el expresidente Uribe no “se tomó en el contexto de un largo proceso penal abundante en garantías”.
Según la decisión en primera instancia de la jueza Sandra Heredia, Álvaro Uribe fue el determinador de una red de manipulación de testigos para que hablaran a su favor y en contra del senador, Iván Cepeda.
Sin embargo, el pasado 13 de agosto, el exmandatario y su defensa, Jaime Granados, presentaron ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación que pretende tumbar el fallo condenatorio impuesto por la jueza. Además, en el documento de 904 páginas, la defensa solicitó dejar sin efecto el juicio.
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