Piden a la Corte Constitucional establecer reglas para la atención de migrantes con VIH

A principios de 2019, la cifra alcanzó las 185 muertes de migrantes a causa del virus. / Archivo El Espectador.

Foto: Pixabaya

A la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional llegó una acción de tutela por parte de una mujer venezolana radicada en Colombia y portadora del virus VIH. Esta mujer ha intentado acceder a los servicios de salud con el objetivo de continuar con su tratamiento antirretrovírica el cual le ha sido negado al no estar afiliada al Sistema de Seguridad Social. El centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia intervino en el proceso jurídico que libra la mujer y puso sobre la mesa una discusión que ha surgido con la migración hacia Colombia: los derechos de estas personas deben garantizarse en suelo colombiano.

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Actualmente, el virus del VIH ha dejado de ser una sentencia a muerte para 38 millones de personas que padecen de esta enfermedad en todo el mundo. Los avances médicos abrieron la puerta para que estas puedan seguir con sus vidas. No obstante, de acuerdo con cifras de ONUSIDA, solo 25 millones tiene acceso a la terapia antirretrovírica (TAR). En Colombia, las cosas no son muy diferentes. Para 2018, según el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, en el régimen contributivo el 53,4% de las personas portadoras de VIH ya tienen SIDA. Los valores ascienden en el régimen subsidiado donde la tasa alcanza el 61,7% y el 57,9 % en el no afiliado.

Teniendo en cuenta este panorama, Dejusticia indicó que en Colombia las barreras para acceder a este tipo de servicios de salud aumentan para la población migrante. Con el rotulo de requisitos administrativos, esta organización advierte que a las autoridades migratorias y de salud obstaculizan la atención a esta población. Según el documento, “desde Dejusticia encontramos que contra las personas migrantes en situación irregular que viven con el virus y que buscan defender su derecho a la salud se siguen presentando situaciones de discriminación graves e injustificadas”.

Uno de los detonantes de esta situación tiene que ver con la situación migratoria que para muchos extranjeros no está clara en Colombia. El caso no es nuevo para la Corte Constitucional, en 2018 se pronunció sobre el caso de un joven venezolano de 24 años sin formalizar su permanencia en el país y a quien un instituto departamental le negó el acceso a TAR al no estar afiliado al Sisben. En cuanto a la situación, el Instituto Nacional de Salud analizó la situación en plena ola migratoria y evidenció el aumento en la mortalidad de venezolanos por causa de VIH o Sida.

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La cifra ha venido en ascenso los tres últimos años. En 2018 se registraron 61 personas fallecidas en comparación con el 2017 donde murieron 14 personas. A principios de 2019, la cifra ya alcanzaba las 185 muertes a causa del virus. No obstante, en el caso del joven venezolano de 24 años, la Corte argumentó que las personas portadoras de VIH y sin seguro médico solo podían ser atendidas por urgencias y que, además, “la entrega de antirretrovirales en un estado asintomático no se encuentra dentro de ese concepto”.

En esta medida, la organización le pidió a la Corte tener en cuenta los derechos de las personas migrantes y garantizarles a todas las personas portadoras de VIH el tratamiento adecuado que mejore su calidad de vida. Además, pidió que se establezca un marco jurisprudencial que ampare los derechos fundamentales de las personas portadoras de VIH sin hacer excepciones por su nacionalidad o estatus migratorio.

De acuerdo con Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, TAR reduce la concentración del virus que puede llegar a ser indetectable. Además, el estudio reveló que esta terapia ayuda a las personas seropositivas a tener una vida más sana e incluso reduce el riesgo de transmisión del virus. Por esta razón, la organización también le pide a la Corte que ordene al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud crear lineamientos para aclare que el diagnóstico de una persona como seropositiva (es decir, que se puede transmitir la enfermedad, pero que todavía esta persona no la ha desarrollado) y sea suficiente para empezar el tratamiento.