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El narcotraficante Pablo Escobar trajo en 1981 tres hipopótamos machos y una hembra de su hábitat natural a su hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia. Con su muerte en 1993, los animales quedaron a su suerte y se ubicaron en lagos y caños cercanos al río Magdalena. La especie, que es invasora, ha crecido desde entonces sin control efectivo, a pesar de los esfuerzos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Conare), y tiene preocupados a biólogos, ambientalistas y científicos por las implicaciones de su presencia en los ecosistemas acuáticos del Magdalena Medio, así como en especies nativas de aves, peces y mamíferos. Por eso, una acción popular busca que la justicia entre en escena para encontrar una solución acertada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una acción popular presentada por el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado, que pide la protección del medioambiente, del equilibrio ecológico y la conservación de especies animales y vegetales, entre otros, que estarían siendo vulnerados por la falta de adopción de una medida definitiva que permita controlar la población de hipopótamos, en detrimento de especies nativas como nutrias, tortugas, manatíes y bagres rayados, así como de mamíferos, aves y plantas en los ecosistemas donde hacen presencia. ¿Cuál es el problema? En palabras sencillas, como los hipopótamos no son una especie propia de ecosistemas suramericanos, ocupa hábitats naturales de otros animales, poniéndolos en riesgo.
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Un informe publicado por El Espectador en febrero pasado explica que los hipopótamos son mamíferos agresivos y territoriales, que pueden provocar la muerte de seres humanos (como sucedió con el campesino Luis Díaz, en Puerto Triunfo, este año) y que están ocupando el hábitat del manatí, el cual está en riesgo de extinción. A esto se suma que sus heces son mortales para algunos peces, al reducir los niveles de oxígeno de la fuente hídrica. Una investigación de la Universidad de California y de la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, publicada en la revista Ecology, encontró que los animales están alterando el contenido de oxígeno de los lagos y promoviendo el crecimiento de la vegetación acuática de manera excesiva.
Aunque se estima que hay entre 60 y 70 ejemplares, la población está creciendo a pesar de que Cornare ha hecho algunas esterilizaciones, en un procedimiento que es costoso. La acción popular propone que haya una mesa de trabajo con las entidades ambientales a cargo y la Procuraduría General para buscar una estrategia que proteja a las especies nativas que considera amenazadas, así como a los propios hipopótamos, para evitar que los animales sean sacrificados, maltratados o puestos en bandeja para la caza, una estrategia que implica acciones coordinadas y con recursos suficientes para lograr el confinamiento y la esterilización. El abogado Gómez dijo a este diario que es necesaria la intervención judicial, porque los esfuerzos a la fecha no han sido suficientes.
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“Solo han logrado hacer algunas esterilizaciones. Entre los ires y venires la población crece y los científicos sacan informes que dicen que la especie puede afectar el ecosistema y los cuerpos de agua. La solución no puede ser la eutanasia ni autorizar la caza de control por ser especie invasora. Mi propósito es que el Tribunal equilibre el conflicto y que la solución sea en el mayor grado posible respetuosa de la vida de los hipopótamos. La respuesta del Estado es lenta y preocupa. No hay un censo, no hay control de la población y ha habido ataques a seres humanos”, dijo Gómez.
En respuesta al abogado, previa a la presentación de la acción judicial, el Ministerio de Ambiente dijo que ha venido trabajando de la mano con Cornare en un plan de manejo que ha permitido esterilizar a cuatro machos adultos, crear bancos de forraje y fuente energética para mantenerlos en un lago en el interior de Nápoles, hacer gestiones tendientes para capturar y reubicar especímenes a su hábitat natural, entre otros. Y Cornare explicó que ha tratado de crear estrategias para la protección de especies nativas mediante un plan de trabajo que incluye hacer gestiones para ubicarlos en zoológicos nacionales o internacionales, continuar el monitoreo del estimado de la población de hipopótamos y seguir con acciones de esterilización.
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“Se aclara que las estrategias que ha llevado a cabo Cornare han buscado atender la problemática de una manera integral, con acciones pedagógicas con la comunidad, ante todo informando acerca de la peligrosidad que representa la presencia de esta especie para las personas y la biodiversidad. También se han llevado a cabo investigaciones científicas que permitan soportar las posibles alteraciones ecológicas que puedan estar o vayan a generar los hipopótamos. Le informamos que desde Cornare se continuarán las acciones de esterilización y búsqueda de sitios (legalmente constituidos y que cuenten con hábitats adaptados) interesados en la recepción de hipopótamos como acciones de manejo para controlar el crecimiento poblacional”, señaló la entidad.
La acción judicial pedía como medida cautelar de urgencia que se prohibiera el sacrificio de los animales, que fue negada por el magistrado Moisés Mazabel Pinzón al estimar que no hay prueba alguna que evidencie que las autoridades o particulares hayan iniciado labores de caza de los hipopótamos, por lo que no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. La justicia decidirá.