Que se investigue si el hoy director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, tiene responsabilidad en las muertes de magistrados y empleados del Palacio de Justicia, que perecieron durante la toma guerrillera del 5 y 6 de noviembre de 1985, solicitaron ONG, entre ellas el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice.
Para voceros de esa organización, como el hoy candidato a la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, el entonces capitán de la Policía tenía un grado de responsabilidad en la garantía de seguridad con la que debieron contar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado durante la época.
Para el defensor de derechos humanos es evidente el compromiso que tuvieron altos mandos de la fuerza pública, que deberían aparecer referenciados en la investigación preeliminar que abrió la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema, frente al asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán, que declaró como un delito de lesa humanidad.
"Todos los oficiales y suboficiales que participaron en esta operación deben ser debidamente investigados, incluyendo al jefe de seguridad del Palacio de Justicia que, en ese entonces era, según hemos conocido, el hoy general Óscar Naranjo", dijo Cepeda a ElEspectador.com.
Para el abogado Jorge Molano, representante de las personas que hoy permanecen reportadas como desaparecidas del holocausto, es necesario avanzar en otros crímenes que se habrían perpetrado durante el 5 y 6 de noviembre de 1985, como los asesinatos del magistrado Manuel Gaona y el comandante guerrillero, Andrés Almarales, en los que, insiste, hay evidencias que fueron ejecutados extra judicialmente.
"Tocaría empezar a establecer las indagaciones sobre quién era la persona encargada de la seguridad del Palacio de Justicia en ese momento y quién adoptó las medidas para levantar la protección a los magistrados, que permitieron que estos hechos se dieran", sostuvo el jurista.