El próximo 16 de abril se cumplirán 20 años de la muerte del periodista huilense, Nelson Carvajal, asesinado de siete tiros cuando salía de dar clases en la escuela Los Pinos en Pitalito (Huila). Su caso, desde entonces, ha pasado por los despachos de varios fiscales en el intento de encontrar y juzgar, sin éxito, a los responsables del crimen. En el último intento para que en Colombia se sepa quiénes fueron los silenciadores del periodista, la familia de Carvajal, en compañía de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, le pidió a la Fiscalía que declare el caso como uno de lesa humanidad.
(En contexto: Arranca juicio contra el Estado por asesinato de periodista en 1998)
La petición, que ya se encuentra en el despacho del fiscal Néstor Humberto Martínez, pretende ampliar el tiempo de la investigación para que el próximo 16 de abril no prescriba -pues cumple 20 años- y así los investigadores no tengan un plazo para seguir con las pesquisas de los autores, tanto materiales como intelectuales, del caso. La carta en la que piden que el caso sea declarado de lesa humanidad explica que el proceso penal ha estado determinado por las constantes amenazas que han recibido los familiares del periodista y los investigadores que se han atrevido a preguntar qué fue lo que pasó el 16 de abril de 1998. Aunque lograron judicializar a tres personas, como autores materiales, la justicia los absolvió en 2000.
“El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las Farc”, explicó la FLIP mediante un comunicado de prensa, en donde recordó que muchos familiares de Carvajal salieron al exilio y los fiscales del caso, amenazados, dejaron el caso en total quietud.
(Le puede interesar: El caso de Guillermo Cano que se embolató en la CIDH)
Tanto para la FLIP, como para la SIP y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados. Según la recopilación de hechos que las organizaciones le presentaron a la Fiscalía, al periodista lo asesinaron en Pitalito por sus constantes denuncias sobre corrupción, irregularidades en la administración pública y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Carvajal fue periodista radial, director del noticiero Momento Regional y de las radiorevistas Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica de la Emisora Radio Sur, en Pitalito. Su padre recordó, años después del asesinato del periodista, que antes del atentado el dueño de la constructora Bermúdez y Llanos visitó su casa para proponerle un pacto de silencio para que dejara de hablar en su contra en la emisora. El empresario el ofreció $2 millones mensuales para que callara. Nelson Carvajal los rechazó, y ante la nueva amenaza del visitante, el comunicador le dijo: “¡No, no, no, yo no tengo precio”.
(Lea también: CIDH presenta caso de asesinato del periodista Nelson Carvajal a CorteIDH)
Ante el silencio de las autoridades colombianos, el caso del periodista llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se estudió el expediente y en noviembre de 2015, lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es allí en donde el tribunal internacional estudia una demanda en contra del Estado colombiano en donde se asegura que el crimen fue cometido para silenciar a Carvajal, bajo el amparo de autoridades locales. En agosto del año pasado, el juicio inició en la Corte IDH y, a la expectativa de que haya un pronunciamiento oficial, la familia del periodista inicia otra espera: la de saber si el caso es declarado de lesa humanidad.