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Un fuerte llamado de atención a la Fiscalía le hicieron varias víctimas que fueron estafadas en el negocio que les propuso el reconocido ganadero y representante legal de la Agropecuaria Achury Viejo, Felipe Rocha, el cual en realidad era una pirámide que se derrumbó. Dicen que se están presentando dilaciones en el proceso y que no entienden por qué Rocha no ha sido llamado a imputación por estos hechos.
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El reclamo lo presentó el abogado, Jaime Lombana, en representación de algunas personas que resultaron estafadas en este negocio. “En calidad de víctima, no entendemos ¿Qué espera la Fiscalía General de la Nación para formular imputación por los graves delitos cometidos por un delincuente de cuello blanco? ¿Qué espera la Fiscalía para tomar esa decisión (...) No aceptamos más dilaciones en la radicación de imputación y en la solicitud de una medida de aseguramiento, que está permitiendo la impunidad y la burla a las víctimas”, dice el documento.
La pirámide funcionaba así: Rocha ofrecía a personas cercanas a él una inversión de dinero para el engorde de ganado por 12 meses en el que garantizaba una utilidad del 30 % a favor de los inversionistas. Este brindaba toda la confianza, porque, además del retorno prometido, ofrecía la experiencia y los terrenos de la empresa de la cual es representante legal, y porque Rocha les enviaba soportes cuando los inversionistas le consignaban el dinero para realizar la compra. Sin embargo, todo era una fachada.
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Las investigaciones iniciaron y la Superintendencia de Sociedades tomó cartas en el asunto. El pasado 23 de agosto decretó la intervención bajo la medida de posesión de sus bienes y de la sociedad Agropecuaria Achury Viejo y CIA S. en C., para devolver las sumas de dinero a los afectados y ordenó su ocupación. Por eso en días pasados incautó varios bienes en Sesquilé y Anapoima, Cundinamarca.
Además, la Superintendencia reveló el nombre de las 67 personas que resultaron afectadas en esta pirámide. Esto luego de agotar la etapa de reclamaciones y reconocer 65 solicitudes en tiempo y dos extemporáneas. Las solicitudes en tiempo ascienden a un valor superior a los 20 mil millones de pesos y las reclamaciones extemporánea a cerca de 4.000 millones. Entre los afectados se encuentran Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el columnista Yohir Akerman, el excongresista Alberto Montoya Puyana; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot y los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez.
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Desde lo penal se han presentado varias denuncias, pero no han tenido mayor avance. Fueron presentadas por el abogado Jaime Lombana por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa. En este mismo sentido lo hicieron el abogado Fabio Humar y la firma CMS Rodríguez-Azuero en representación de 17 apoderados ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la Fiscalía.
El pasado mes de agosto El Espectador reveló otras dos denuncias por el delito de estafa agravada contra Rocha, por parte de siete víctimas, que presentó el abogado Juan Felipe Criollo, quien desde ese momento se mostró preocupado por el poco avance que el ente investigador ha tenido con este caso. “En cuanto a la actividad de la Fiscalía, se solicita más celeridad frente a la investigación, que se hagan las pesquisas necesarias, pero en unos tiempos perentorios que permitan que la administración de justicia, que, en mi criterio jurídico, daría lugar a una imputación y una eventual medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Felipe Rocha”, señaló el abogado.
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