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La declaración de inexequibilidad de la reforma al fuero penal militar por parte de la Corte Constitucional dejó sin piso el camino que había recorrido el Gobierno en busca de ampliar y fortalecer la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública. Ahora, a las carreras, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, está tratando de tramitar leyes que permitan blindar a los uniformados en las investigaciones que se les adelanten por hechos relacionados con actos de servicio.
La primera de estas medidas, radicada ayer, fue la creación del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), que busca garantizar el presupuesto para la defensa de los militares y que tendría aplicación incluso ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, donde se adelantan procesos tan importantes como la investigación por la desaparición de ciudadanos en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
En estrados internacionales también está la investigación contra militares colombianos por la Operación Fénix, en la que fue bombardeado en territorio ecuatoriano Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc. Así lo plantean los artículos 2 y 6 de la norma, que señala como ámbito de aplicación “la jurisdicción penal ordinaria o penal militar y en subsidio la jurisdicción internacional vinculante por tratados internacionales debidamente ratificados por Colombia”.
Pero hay otro beneficio. Todos los militares serían cobijados por la ley sin importar la fecha en la que hayan sido cometidos los actos. “En aquellas actuaciones que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de la presente ley, se garantizará el derecho de defensa a los miembros de la Fuerza Pública que lo soliciten”, señala el articulado.
En la práctica, lo que la creación del Fondo de Defensa Técnica plantea es que, tras la caída del proyecto que ampliaba el fuero militar, haya dinero suficiente para garantizar una defensa efectiva. Así lo explicó el ministro Pinzón: “El proyecto de ley permite crear un sistema de defensoría técnica y un fondo de defensa que será financiado con recursos del presupuesto nacional, del fondo de defensa nacional y de donaciones”.
Sobre la posibilidad de que ese presupuesto sea empleado para defender a militares implicados en casos polémicos, como la desaparición y el asesinato de jóvenes que eran presentados como bajas en combate, práctica conocida como falsos positivos, el ministro Pinzón advirtió que “este fondo no podrá financiar actividades asociadas a hechos privados, actos de corrupción o que no tengan que ver con actividades operacionales de la Fuerza Pública”.
Esta es la primera de varias medidas que va a presentar el Gobierno para tratar de manejar la denominada “inestabilidad jurídica” que enfrentan los miembros de la Fuerza Pública por investigaciones que se abren contra militares en actos de servicio, muchas de las cuales, por solicitud de la Fiscalía, llegan a la justicia ordinaria en donde los militares, aseguran, no cuentan con garantías procesales.
Por su parte, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, aseguró: “Se equivocan quienes piensan que vamos a dejar solas a las Fuerzas Militares y de Policía. Si nos toca presentar cien proyectos para su defensa, lo vamos a hacer. La primera es el Fondo para la Defensa Técnica y estamos mirando qué más vamos a traer al Congreso”.
El ministro explicó que la reforma constitucional del fuero penal militar, que fue tumbada por la Corte Constitucional por problemas de trámite, sólo podrá ser presentada integralmente hasta marzo del próximo año. Con esta decisión también quedó sin validez la reglamentación de la reforma que está siendo objeto de revisión en la Corte y se congeló el trámite del proyecto con el que se creaba el sistema penal militar, el cual perdió toda posibilidad de vigencia mientras no se corrijan los errores de trámite del fuero.