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12 Jan 2022 - 9:49 p. m.

Policía no pagará indemnización por atacante que murió baleado en Medellín

La Nación no pagará un peso a la familia de Alberto Villanueva, quien en 2002 murió luego de negarse a ser requisado y disparar contra un par de policías. Los demandantes pidieron 100 salarios mínimos cada uno como reparación.
Policía no pagará indemnización por atacante que murió baleado en Medellín

El expediente por la muerte de Alberto Villanueva Gonzáles acaba de ser resuelto desde la vía administrativa por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Su familia, un total de 11 personas, pidieron una indemnización a la Policía Nacional, luego de que Villanueva muriera baleado tras negarse a ser requisado y disparar un arma de fuego contra dos policías en Medellín. Casi 20 años después, la demanda de reparación directa fue negada por el alto tribunal.

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Los hechos datan del 18 de mayo de 2002, cuando dos uniformados de la Policía le pidieron a Diego Taborda y Alberto Villanueva detener la marcha de a motocicleta en la que iban, dado que el segundo tenía un arma de fuego en la mano. Los agentes iniciaron una persecución en su contra, en la cual hubo cruce de disparos. Villanueva recibió dos tiros, que una semana después le causaron la muerte.

La familia de Villanueva interpuso una demanda contra el Ministerio de Defensa, buscando percibir 100 salarios mínimos cada uno por perjuicios morales. Además, Rosmery del Pilar Vásquez solicitó $27 millones por concepto de lucro cesante, es decir, el dinero que dejó de percibir tras la muerte de su familiar. Indicaron que los policías dispararon de “forma innecesaria” y que Villanueva no tenía órdenes de captura.

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En primera instancia, la justicia falló en contra de la familia. Sin embargo, en 2012 presentaron una apelación que acaba de tener respuesta. Lo primero que verificó el Consejo de Estado fue que Villanueva estaba en grado III de alicoramiento cuando se encontró a los uniformados, quienes fueron a la vía entre Copacabana y Medellín por una emergencia provocada por hinchas de un equipo de fútbol. Los tripulantes estaban en una moto Kawasaki y Villanueva portaba un revolver Llama Cassidy.

En el libro de anotaciones de la Estación de Copacabana de la Policía Nacional está la declaración de uno de los uniformados. En este documento se lee: “Una vez fueron alcanzados, se le dijo al sujeto que soltara el arma y no hizo caso. Empezó a disparar a la patrulla policial de frente por lo que tocó utilizar las armas de dotación para nuestra defensa causándole heridas al señor Alberto Villanueva González, presentado heridas en la pierna a la altura del fémur y otra en el abdomen”.

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Tiempo después, el conductor de la moto, Taborda, declaró ante la Fiscalía 40 ante los jueces de Bello (Antioquia). Confesó que Villanueva sí cargaba un arma de fuego y que alcanzó a disparar cuatro tiros contra los uniformados. Recordó que en un momento del enfrentamiento quedó agachado, mientras desde el suelo su compañero seguía atacando a los policías.

El Consejo de Estado, tras revisar esa y otras declaraciones de testigos, concluyó que los agentes emplearon sus armas de dotación como medida extrema y de última instancia. Impidieron la inminente o la actual comisión de infracciones penales y, además, lograron defenderse de un potencial acto de violencia.

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“Es clara la existencia del daño y que este se produjo con ocasión de los disparos efectuados por los agentes policiales con sus armas de dotación oficial. Sin embargo, la Sala encuentra que el daño no resulta imputable a la Administración, por cuanto este tuvo origen en el comportamiento negligente de Alberto Villanueva González en tanto su actuación fue decisiva y determinante en la producción del daño”, concluyó la Sección Tercera. Y así, desde el ámbito administrativo, el caso fue resuelto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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