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Carlos Carvajal va a todo lugar con su esposa y unas gafas azules. Aunque pareciera que se protege del sol, en realidad cree que así guerrilleros de las Farc no lo verán a los ojos. Suficiente sufrimiento tiene con las voces que retumban en su mente, las cuales remedan a sus captores que en 2000 lo secuestraron y torturaron en Bogotá. El crimen fue tal, que recibió una pensión por invalidez, tras presentar esquizofrenia y estrés postraumático. Hace poco más de un año, Sanidad de la Policía suspendió su jubilación, pues en una nueva evaluación consideró que su condición mental mejoró. Sin embargo, Carvajal demandó a la institución luego de quedar desamparado y, además, tendría pruebas de que sus síntomas siguen latentes.
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El patrullero (r) Carvajal inició una acción de nulidad contra la nación. Exige una nueva evaluación de un Tribunal Médico Laboral Militar y de Policía, pues su último dictamen sería tan fantasioso como las voces que lo atormentan. Busca que se declare parcialmente nula un acta del 4 de diciembre de 2020, en la cual quedó resuelto que su capacidad laboral tiene una disminución de un 32,56 %. En ese concepto no se referencia esquizofrenia, sino “rasgos narcisistas, paranoides, impulsividad y pobre control de la ira”. No obstante, durante alrededor de 20 años, tanto la Dirección de Sanidad, como instituciones privadas, coincidieron en que su incapacidad es del 80 % y que necesita una potente medicación.
“Los psiquiatras ven en mi comportamiento cosas extraídas de la realidad, alucinaciones, no siento afecto ni por mis hijos ni por mi esposa. Tengo desarraigo a la presentación personal. Una desubicación como individuo en sociedad. Soy apático con la gente. Reconocen los miedos, temores y la paranoia que me ocasiona cualquier tipo de situación, como un ruido que se asemeje a una explosión o a un disparo. Las alucinaciones se convierten en voces de comando que me dicen que tengo que salir a matar a la gente, a matar a la guerrilla”, le dijo Carvajal a El Espectador. Su mirada luce cansada, tiene marcado el desespero en la piel que cubre sus uñas y cualquier sonido considerable es casi un llamado a la guerra.
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Carvajal inició su carrera como policía en 1997 y pronto fue ubicado como agente de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. En marzo de 2000, en Kennedy, guerrilleros del frente 42 de las Farc lo secuestraron y torturaron. La víctima desenmascaraba a uniformados aliados de la insurgencia. Una vez fue liberado, Carvajal tuvo que ser hospitalizado por un año y tres meses. Desde entonces su esposa Lilia Prieto apostó su energía al cuidado de un hombre cuya pensión de invalidez fue aprobada en 2002. “No consideraba justo dejarlo por una situación que él no se buscó y por estar sirviéndole a la institución que en este momento le da la espalda”, agregó Prieto, madre de tres hijos.
Durante años, la familia se sostuvo con esa pensión a la que tiene derecho cualquier persona que, por una situación física o mental, no puede seguir trabajando. Todo cambió el 4 de diciembre de 2020, cuando el Tribunal Médico Laboral de la Fuerza Pública consideró que “los índices de lesión asignados por la primera instancia (en 2002) no son acordes con el estado mental actual, evidenciado durante la realización de la entrevista, la revisión de la historia clínica y el examen mental practicado”. A raíz de ello, en enero de 2021, la Policía expidió una resolución que dejó sin efectos los papeles que le otorgaron la pensión. Sin embargo, no pudo ser reintegrado, pues el mismo tribunal señaló que no es “apto para actividad policial”. Se quedó sin pensión y le prohibieron volver a la Policía.
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El recurso que interpuso Carvajal busca tumbar esa evaluación y que un nuevo tribunal califique las lesiones que afectan actualmente al policía. La defensa del padre de familia, de 48 años, aportó como prueba un certificado médico del pasado 16 de febrero, emitido por la Clínica Campo Abierto, especializada en el ámbito de psiquiatría. Entre los “datos del paciente” está que su diagnóstico principal es “esquizofrenia no especificada”. Un día siguiente, la misma clínica aseguró que cursa con “esquizofrenia secundaria a trauma (secuestro)”. Incluso, la misma Dirección de Sanidad de la Policía, cuatro meses después de dejarlo sin pensión, le expidió una orden de servicio de laboratorio tras diagnóstico de “esquizofrenia paranoide”.
La contienda judicial de Carvajal vive en el Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual el último mes solicitó pruebas como las historias clínicas en Sanidad de Policía y en la EPS Sanitas. El año pasado, por otro lado, la víctima perdió una tutela en dos instancias por razones procedimentales. Su nombre, aparte, está entre los registros de la Unidad para las Víctimas, que reconoció aquella tortura perpetrada por miembros de las Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habla de esa sección como uno de los principales grupos secuestradores en Cundinamarca para el inicio de milenio. Carvajal es una de las 21.396 víctimas registradas en la JEP por ese tipo de violencia.
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La familia de Carlos Carvajal necesita un salvavidas. Al expolicía se le dificultan las actividades que requieren concentración constante, por lo cual no ha logrado obtener trabajos formales o informales. Lilia Prieto está en un estado de desgaste, según han referenciado psiquiatras de la Clínica La Inmaculada. “Yo siento angustia, mucho estrés, insomnio. No pude tener proyecto de vida, ni trabajo, ni estudio”. Laura Carvajal, hija, se acaba de graduar de psicología y por un año sostuvo la familia con sus pasantías pagas. El expolicía, a pesar del revés laboral, guarda con orgullo sus fotos como uniformado y pide al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, que no lo abandone. “Policía un día, policía toda la vida”, concluye.