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Por el escándalo de las ‘chuzadas’ fue citada nuevamente a interrogatorio la ex subdirectora de Operaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Martha Leal, quien cumple la diligencia este jueves en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.
Se espera que la ex funcionaria ofrezca detalles acerca de la supuesta responsabilidad que tuvo la ex directora del organismo María del Pilar Hurtado en las interceptaciones y seguimientos ilegales de las que han sido objeto magistrados de las altas cortes, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes opositores.
Aparentemente, fue la ex directora del DAS la que informó a Leal de la supuesta denuncia que tenía el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, en contra del magistrado Iván Velásquez, por los inverosímiles ofrecimientos del alto jurista al desmovilizado para que declarara en contra del ex presidente Álvaro Uribe.
Luego de reunirse con María del Pilar Hurtado, la ex subdirectora de Operaciones viajó a Medellín, Antioquia, para encontrarse con Sergio González, abogado de ‘Tasmania’ y de Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’; el penalista le habría entregado la declaración sin autenticar del primero de estos ex paramilitares, quien más adelante se retractó de sus sindicaciones iniciales en contra de Velásquez, magistrado auxiliar al que se le conoce como ‘el investigador estrella de la parapolítica’.
En su testimonio, la ex funcionaria que ofrece interrogatorio, dijo que al día siguiente, por orden de la entonces Directora del DAS, se reunió con el ex senador Mario Uribe para recibir un documento de carácter urgente que el dirigente necesitaba enviar a su primo, jefe del Gobierno colombiano por esos días; Martha Leal dijo haber recibido el material de parte de un empleado del ex congresista, pero que nunca tuvo conocimiento de su contenido.
La Fiscalía busca acopiar suficiente material probatorio tendiente a establecer si hay mérito o no a la apertura de una investigación formal en contra de Hurtado, destituida e inhabilitada para la función pública durante 18 años por decisión de la Procuraduría General de la Nación.
De ser vinculada formalmente al proceso, la ex funcionaria se convertiría en el indiciado de mayor jerarquía que sería objeto de actuaciones penales dentro de este proceso, que el mismo fiscal Octavo ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, ha calificado como una ‘empresa criminal’.
Tras ser beneficiada con el principio de oportunidad parcial, Martha Leal quedó al margen de toda actuación penal por los cargos de prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada, pero sigue vinculada a una investigación como presunta responsable de concierto para delinquir.