22 Dec 2019 - 8:36 p. m.

Por compromiso ante la CIDH, el Estado pedirá perdón por la muerte de dos personas

Se trata de la muerte en enero de 1996 de un recluso, al parecer por una golpiza de los agentes del Inpec que lo custodiaban; y el secuestro y asesinato de un contratista en Antioquia en 1989. Con la solución amistosa entre las víctimas y el Estado se evita que el caso escale ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Redacción Judicial

Los familiares de las víctimas acudieron en 2008 a la CIDH para buscar justicia y la posible declaratoria de responsabilidad estatal por los hechos. / Archivo
Los familiares de las víctimas acudieron en 2008 a la CIDH para buscar justicia y la posible declaratoria de responsabilidad estatal por los hechos. / Archivo

El 17 de enero de 1996, los reclusos de la cárcel “El Barne” de Cómbita (Boyacá), pidieron a gritos ayuda los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que atendieran a Luis Horacio Patiño, quien, desde su celda de aislamiento, se retorcía de dolor y pedía ser auxiliado. Nada pasó. Al día siguiente fue encontrado muerto con signos internos de violencia, bajo la sospecha de sus familiares que fueron ocasionados por los guardias de la celda de castigo a la que había llegado por un altercado con personal del Inpec.

El 6 de diciembre de 1989, Geminiano Gil Martínez (antiguo miembro del Ejército Nacional) fue secuestrado cuando se desplazaba desde Granada (Antioquia) a un campamento ubicado en el corregimiento de Santa Ana, por motivos de su trabajo como contratista de obras públicas. Al parecer fue el ELN, según una publicación que hizo este diario en la época. Había alertado días antes a su familia que quería renunciar porque la situación de seguridad era complicada, porque había presencia de actores armados y poca de las autoridades. Su cuerpo fue encontrado el 8 de diciembre en Guatapé.

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Los familiares de ambas víctimas acudieron en 2007, en actuaciones separadas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando justicia. Alegaron, que poco o nada pasó en las respectivas pesquisas judiciales. En el caso de Patiño, la Fiscalía archivó dos veces las investigaciones alegando que no fue posible determinar quiénes fueron sus custodios o si el recluso se lesionó a sí mismo. En el caso de Gil Martínez, la investigación se archivó en 1992 ante la imposibilidad de detectar a los autores de la muerte y se desarchivó en diciembre de 2012 sin que, a la fecha, haya un resultado.

El Estado colombiano decidió pactar con las familias un acuerdo de solución amistosa que evita que ambos casos escalen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual incluso podría terminar en una declaratoria de responsabilidad internacional para Colombia.  El caso de Patiño fue admitido en septiembre de 2017 por posible violación al derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales, a la protección Judicial y a la obligación de prevenir, sancionar y actuar de oficio ante casos de tortura.

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El Estado se comprometió el pasado 3 de diciembre a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas en la cárcel Cómbita, Boyacá, con la participación activa de los familiares y con la presencia del Inpec. Igualmente, se pactó la elaboración de pendones con la fotografía y biografía de Horacio Patiño Agudelo, que serán instalados en cinco cárceles del país para preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos.

“El acuerdo de solución amistosa también compromete al Estado a realizar cursos de capacitación en derechos humanos, incluyendo en el temario de dichas capacitaciones, los hechos ocurridos en este caso en un ejercicio de lección aprendida, para mejorar los servicios penitenciarios. Por último, el acuerdo incluye medidas de reparación pecuniaria con el fin de reparar los daños materiales e inmateriales que llegaran a probarse a favor de las presuntas víctimas que no han sido indemnizados a través de la jurisdicción contencioso-administrativa”, señaló la CIDH.

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De otro lado, el caso de Geminiano Gil fue admitido por la CIDH en octubre de 2017 por presuntas violaciones de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.  El pasado 4 de diciembre, el Estado acordó realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas en la Catedral Castrense Jesucristo Redentor de Bogotá, con la presencia de funcionarios de alto nivel del Estado y con la participación de sus familiares.

Además, el Estado se comprometió a elaborar y entregar, en el marco del acto de reconocimiento de responsabilidad, recordatorios e invitaciones concertadas previamente con los familiares y sus representantes. Y a pagar una “reparación pecuniaria por daños materiales e inmateriales ocasionados a los familiares de la presunta víctima, bajo la aplicación de la Ley 288 de 1996, para indemnizar aquellos daños que no han sido reparados en la jurisdicción interna”.

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