La excongresista Aída Merlano pasó de ser una poderosa baronesa electoral del Atlántico, la que logró unir a las casas políticas de los Gerlein y los Char, a la protagonista de una empresa criminal que ahora deberá pagar 15 años de cárcel por corrupción electoral. Así lo definió la Corte Suprema de Justicia en el fallo en la que encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir y compra de votos.
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La Fiscalía la acusó de haberse gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. Dentro de la investigación, las autoridades encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. También hallaron armas de fuego. En este caso, el testigo Francisco Valencia fue clave en las tareas de recolectar pruebas y avanzar en el proceso.
Valencia fue uno de los primeros en contarle a las autoridades que el grupo de Merlano lo conformaban 2.000 personas aproximadamente, entre coordinadores de grupo y líderes encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. Valencia dijo que en ese trabajo también participaron funcionarios de la Registraduría contactados con anterioridad para obtener la mayor información posible sobre los votantes que participaban en la jornada electoral.
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En su momento, cuando se supo de las andanzas de Merlano a finales de marzo del año pasado, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez explicó cómo funcionaba la organización "Casa Blanca". Según dijo, esta servía a candidaturas que eran apoyados por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores en los barrios.
De acuerdo con Martínez, era una red que contaba con administradores para el manejo de los recursos; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; "pagadores" que debían entregar contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; y unos "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.
En septiembre de 2018, la política atlanticense perdió su investidura como congresista luego de que el Consejo de Estado así lo decidiera de primera instancia. Según la decisión del alto tribunal, la exsenadora conservadora, vulneró los topes máximos de financiación electoral. El magistrado ponente del caso, Carlos Zambrano, señaló que Merlano gastó más de $1.730 millones, suma que supera el monto máximo permitido que es de $884 millones. La alta corte llegó a esta conclusión, luego de revisar la investigación de la Fiscalía, cuando encontró en la sede de campaña de la hoy exsenadora la base de una enorme red de compra de votos.