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El Ejército Nacional tendrá que pagar una indemnización por la muerte de una persona secuestrada que falleció en el desarrollo de un operativo de la Fuerza Pública registrado en zona rural del municipio de Viotá, Cundinamarca, en febrero del año 2000.
Así lo determinación fue tomada por el Consejo de Estado al condenar a la Nación al pago de 170 millones de pesos a la familia de la víctima, por concepto de indemnización por perjuicios morales y lucro cesante.
El tribunal de lo contencioso administrativo determinó que “se configuró el régimen de daño especial” ya que el secuestrado fue sometido a soportar una carga que no debía asumir, como fue el enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el grupo armado ilegal que lo tenía retenido.
“Los daños ocasionados por hechos exclusivos y determinantes de un tercero no le son imputables al Estado, a menos que este sea el que ha creado el riesgo”, reiteró el fallo.
En este sentido se indica que se presentaron elementos materiales suficientes que permitieron indicar que a los soldados se les dio la orden de montar una emboscada para capturar al jefe guerrillero conocido con el alias ‘Negro Antonio’.
Sin embargo, cuando pasó la camioneta en la que desplazaban al secuestrado, los ocupantes del vehículo omitieron la solicitud de alto y empezaron a disparar y lanzar granadas de mano, ataque al cual respondió la Fuerza Pública.
“La Fuerza Pública, al repeler el ataque en cumplimiento de un deber legal causó un daño a una persona que no estaba en la obligación de soportarlo y que efectivamente debe reparar a título de daño especial y no producto de una falla en el servicio como pretende mostrarlo el apoderado de la demandante”, precisa uno de los apartes de la sentencia.