Por primera vez en la historia del país, la antigua guerrilla de las Farc aceptó y pidió perdón por el reclutamiento forzado de más de 18.000 niñas, niños y adolescentes en medio del conflicto armado. Siete exintegrantes del último Secretariado de ese grupo al margen de la ley le enviaron una carta y un video a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a sus víctimas en la que reconocieron su responsabilidad en graves crímenes cometidos contra menores de edad, como parte de una práctica criminal durante la guerra.
La carta de cinco páginas, conocida por El Espectador, está firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez. Estos siete exjefes guerrilleros fueron imputados por la JEP en noviembre de 2024 como máximos responsables dentro del caso 07 de esa instancia, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
La carta conocida por este diario se firmó el pasado 27 de enero de 2026 y es la primeras manifestación de perdón que hacen los exjefes guerrilleros por los graves crímenes cometidos en el marco del reclutamiento forzado de menores. “Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen, contenidas en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del denominado caso 07″, dice la carta.
la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras una investigación liderada por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, definió cinco patrones criminales relacionados con el caso: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
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De igual forma, la documentación recopilada por la justicia transicional para la imputación señala que la antigua guerrilla de las Farc es responsable del reclutamiento forzado de al menos 18.677 menores de edad, especialmente entre los años 1996 y 2016. De la cifra total, al menos el 30% de las niñas, niños y adolescentes reclutados forzosamente y violentados eran menores de 15 años. El 24% de las víctimas señalaron haber sido víctimas de violencia de género y el 35% de las mujeres señalaron que fueron abusadas sexualmente.
Tras la imputación, en julio de 2025, los siete exintegrantes del último secretariado de la Farc respondieron por escrito a la JEP con un copioso documento en el que aceptaron su responsabilidad en los miles de reclutamientos forzados de menores y los vejámenes cometidos en su contra. Sin embargo, en el mismo documento expusieron sus reparos relacionados con uno de los puntos más sensibles de la investigación de la JEP y para las víctimas: los patrones criminales de violencias de género y reproductivas.
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Agrega que ese reconocimiento como “partícipes determinantes” está en la línea de esclarecer la verdad y asumir las responsabilidades, que fue parte de su compromiso al firmar el Acuerdo de Paz y someterse a la JEP. Además, la carta deja sin efecto sus reparos en el documento que ya habían enviado sobre el caso: “Este reconocimiento de responsabilidades pleno lo afirmamos expresamente y deja sin efecto cualquier afirmación contenida en escritos previos que pudiera interpretarse en un sentido contrario, incluidos los contenidos del escrito de observaciones radicados por nuestra parte el día 7 de julio de 2025 o en fechas posteriores”.
Según se lee en la carta, los exjefes guerrilleros reconocen “sin ambigüedades” los patrones criminales que encontró la JEP, en la investigación que lideró la magistrada Rueda Guzmán, sobre esta práctica criminal. Pero, en forma contradictoria, de nuevo plantean sus reparos en cuanto a lo relacionado con violencia sexual y violencia de género contra personas diversas. “Lo anterior en absoluto significa no reconocimiento de los hechos o conductas que se nos atribuyen y a los que se refieren esos dos citados patrones”, dice la carta.
Agrega que, sobre esos dos patrones criminales, para ellos es importante que se defina cuál es el alcance en términos jurídicos. “Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, se lee en el documento.
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En su pronunciamiento, el último secretariado de las antiguas Farc también apunta que están dispuestos a resolver todas las preguntas e inquietudes que las víctimas y las organizaciones que las representan han puesto sobre la mesa durante el proceso. “Estamos a disposición de la Sala para fortalecer espacios de intercambio que posibiliten brindar las aclaraciones necesarias si así se entendiera, precisar aspectos relevantes, siempre partiendo de un claro reconocimiento”, señala la manifestación conocida por este medio.
“Asumimos de manera consciente nuestra responsabilidad como máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera, respecto a los hechos y conductas que se procesan en este expediente del Caso 07. (...) Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluye la carta que ya está en manos de la JEP.
Pese a los reparos de los exjefes guerrilleros sobre los dos últimos patrones definidos por la JEP, la manifestación es histórica por ser la primera vez que las antiguas Farc reconocen que, como lo ha documentado la justicia transicional, su política criminal afectó a más de 18.000 niños, de los cuales el 28 % están desaparecidos.
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