:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/8fCB2UrkAY0JSJ0FcMvMn77YaxU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AJGAR7JZXJGJLGS5ZFXJ5J4EHE.jpg)
A las 2:40 de la madrugada del pasado 2 de mayo, el mayor Jorge Mario Molano (suspendido por la Policía) entregó su arma de dotación. Lo hizo en las instalaciones de la Fiscalía de Ibagué, horas después de que el joven Santiago Murillo, de 19 años, cayera baleado por un disparo que le perforó el corazón en la calle 60 con carrera 5 de la capital del Tolima. La pistola en manos de Molano, con serial SP 0169540, es una de las pruebas con las que la Fiscalía va a llevar a juicio al policía, pues el registro coincide con el proyectil encontrado en el hombro de la víctima, un joven quien no participaba del paro nacional y quien en su última noche regresaba de la casa de su novia.
En contexto: Homicidio de Santiago Murillo no va a la Justicia Militar: Corte Constitucional
El Espectador conoció el escrito de acusación en contra del suspendido mayor Molano que la Fiscalía preparó para el juicio que iniciará el próximo jueves 16 de septiembre. El policía asistirá a la audiencia desde la cárcel de Facatativá (Cundinamarca), pues está preso preventivamente. En el documento, el ente investigador expuso su hipótesis sobre el homicidio de Murillo, basándose en informes periciales, documentación de investigadores de policía judicial y un total de 39 testimonios. Se trata del primer llamado a juicio por los homicidios atribuidos a miembros de la Fuerza Pública en el pasado paro nacional, los cuales podrían ser hasta a 77, según Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Entre los fundamentos de la acusación, se describe que el pasado 1 de mayo, sectores sociales convocaron a movilizaciones en Ibagué. En la calle 50 con carrera 5, a eso de las 8:20 p.m., se presentaron desórdenes y algunos manifestantes lanzaron piedras contra miembros de la Policía y las instalaciones de una tienda Panamericana. “La situación es conocida por Jorge Mario Molano, quien para el momento de los hechos, fungía como comandante del CAI Norte o estación Norte, y el teniente Andrés Parra, adscritos a la Policía Metropolitana de Ibagué. Los dos oficiales se ubican en la calle 60 con carrera 6, en donde en dicha esquina desenfundan sus armas de dotación en ese primer momento y cada uno realiza detonaciones hacia el piso y al aire”, señala la Fiscalía.
Lea también: Envían a prisión al mayor Molano por el asesinato de Santiago Murillo
A las 8:44 de la noche, llegó el momento más crítico. Molano, dice la acusación, se ubicó al frente de la Panamericana y vio a un grupo de tres personas que se dirigían a la marcha. Detrás de ellos estaba Santiago Murillo, quien esa tarde salió con su bicicleta a casa de su pareja que vivía a pocas cuadras del lugar. La Fiscalía asegura que tiene cómo probar que, sin motivo alguno para disparar, Molano accionó su arma contra el joven, que estaba a 30 o 35 metros de distancia. El ente investigador le reprocha a Molano, quien desde el principio se ha declarado inocente, que según las cámaras de seguridad la situación de orden público estaba en calma y que “no existía el más mínimo peligro ni para el oficial ni para los agentes a cargo de este”.
Murillo, con las manos en los bolsillos, recibió el disparo en el pecho y corrió para pedir ayuda. Sin embargo, a pocos segundos del impacto, se desplomó y fue auxiliado por personas que estaban en la zona. Como lo reveló este diario, el pasado 21 de junio, ninguno de los policías —incluido Molano— brindó ayuda al joven. De hecho, la Fiscalía acusa que Molano huyó del lugar y puso en su lugar a una persona de su misma contextura: el intendente Óscar Devia. Según el abogado de la familia Murillo, Miguel Ángel del Río, ese uniformado habría sido presionado para que se declarara culpable por altos mandos de la Policía, antes de que la Corte Constitucional definiera que el caso debía adelantarlo un juez ordinario y no la Justicia Penal Militar.
Exclusivo: “Disparo provino de donde estaban policías”: Fiscalía sobre asesinato de Santiago Murillo
Así concluyó la Fiscalía su hipótesis: “La muerte de Santiago se perpetra con un desconocimiento completo de los protocolos para el manejo de la protesta pública, de lo que Molano tenía conocimiento con un quebrantamiento completo del decálogo de las armas, un desconocimiento total de los derechos humanos, a la dignidad humana, a los tratados internacionales a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”. El ente investigador dará la pelea para que Molano sea condenado por el delito de homicidio agravado, pues Murillo estaba en incapacidad de reaccionar y nunca fue una amenaza para los policías que apoyaron, como se dice en jerga institucional, el paro nacional.
Sin embargo, el abogado Antonio París, defensor del suspendido mayor Molano, está a la expectativa de la acusación de la Fiscalía, para desvirtuar los señalamientos en contra de su cliente. “En este caso puntual se tiene la tranquilidad de poder demostrar la inocencia del mayor Molano Bedoya, la que ha pregonado desde un inicio y con el equipo de investigación así lo haremos ante la autoridad competente. Espero, eso sí, que la autoridad jurisdiccional que conoce del caso y las que lo hagan más adelante, lo hagan con objetividad y ceñidos a lo que arroje la prueba dentro del proceso y no cedan a presiones sociales, políticas e incluso mediáticas”, le dijo a El Espectador.
El abogado París agrega que, dadas las comunicaciones que ha tenido con Molano, no se ha contemplado la idea de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, que obligaría al policía suspendido a aceptar su responsabilidad en el caso y, así, conseguir una posible rebaja en la pena. En la otra orilla del expediente, Milena Meneses, madre de Santiago Murillo, le dijo a este diario que espera honestidad de las autoridades judiciales y aseguró que Molano tiene otras denuncias en Ibagué por presunta extralimitación de funciones. La semana pasada visitó Bogotá, pues el concejal Diego Cancino la invitó para impulsar su propuesta ante el Congreso de reforma a la Policía, la cual cuenta con más de 70.000 firmas.
“Quisimos hacer parte de esta iniciativa porque somos víctimas de la Policía. La institución sí necesita una reforma. Nosotros nunca hemos generalizado el 100% de los miembros, pero sí condenamos a la institución como tal”, explicó Meneses. En la reunión en Bogotá, además, estuvo presente Sidssy Uribe, hermana del artista Lucas Villa, baleado el pasado 5 de mayo en Pereira. Ese caso está en ceros en materia de investigación judicial, así como la mayoría de los homicidios del pasado paro nacional. Según la ONG Temblores, solo se tiene registro de una imputación al patrullero Luis Piedrahita, por la muerte de Marcelo Agredo en Cali, y la captura del mayor Carlos Arenas, por el presunto homicidio de Brayan Niño, en Madrid (Cundinamarca). La próxima acusación en contra de Molano, será la primera en medio de este contexto de violencia policial.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.